Marcelo tiene 68 años y desde uno y medio vive en la residencia de Colmenar Viejo. En el momento de redacción de estas líneas, acumula dos semanas en huelga de hambre para denunciar el estado de la comida que él y sus compañeros reciben.
Ha decidido dar este paso ante la inacción de las autoridades competentes, y es que, según reflejan El Salto y la Cadena Ser, el protagonista del presenta artículo ha elevado hasta cinco quejas formales a los centros y a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), pero nunca ha obtenido respuesta.
Marcelo narra que los alimentos están excesivamente duros, congelados o, en el mejor de los casos, ultraprocesados y que no se trata de una situación nueva, sino que el escenario lleva al menos meses siendo el mismo, desde que él entrara en este centro después de haber estado en otros dos de la región.
Fundador de la comisión de menús, se ha organizado por su cuenta para que las quejas llegaran de manera formal a la dirección y lo único que ha obtenido ha sido el intento de veto, como prueba que no les dejen acceder a la cocina.
Conocedor de que es complicado que se rescinda el contrato, desea que su acción sirva al menos para que los cocineros hagan bien su trabajo -de hecho, afirma que solo dejará la huelga cuando le afiancen por escrito que esto será así- porque “cocinan para personas mayores” que, además, en muchos casos, no tienen la voz que, a él, al menos por ahora, le permite su buen estado de salud. En definitiva, seguirá alimentándose con agua y café hasta que atiendan sus peticiones.
Multas millonarias
La empresa que se hace cargo de la comida en esta residencia es Frutícolas Ateca S.L, una de las que multó la Comisión Nacional de Mercados de Comercio (CNMC) por establecer cárteles que se repartían el suministro de alimentos a estos centros, hospitales, cárceles e instalaciones del Ejército.
A pesar de ello, la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, sigue contando con sus servicios en la actualidad, lo mismo que sucede con la Plataforma Femar, compañía que recibía la mayor multa por parte de la CNMC, pero con la que la administración de la Puerta del Sol prorrogó contrato al menos hasta abril de 2026. Esta última fue apercibida con 2,4 millones de euros, mientras que Frutícolas Ateca tuvo que abonar 60.000 euros y Hermanos Vidal, por el mismo motivo, 65.000.
Las cuatro comidas del día por 7 euros
La Consejería de Asuntos Sociales mantiene que la comida en la residencia de Colmenar es adecuada y que no se han registrado incidencia. Asimismo, indica que los responsables de cocina de los centros de mayores comprueban que los alimentos se encuentran en buen estado cuando la reciben y también sus temperatura y la trazabilidad, desechando la comida que no cumple con los criterios de higiene y conservación permanentes.
Las mismas fuentes explican que todos los menús y dietas son equilibradas y las elaboran médicos, nutricionistas y jefes de cocina. Sin embargo, el menú que reciben los internos se acerca, en el mejor de los casos a los 7 euros incluyendo menú completo; es decir desayuno, comida, merienda y cena.
Las cláusulas están incluidas en un macro contrato de suministro de alimentos que incluye a 58 centros de la Autonomía y abastece, no solo a personas de la tercera edad, sino también espacios ocupacionales, comedores sociales o una residencia maternal. Está dividido en nueve lotes, todos ellos con precios similares.
La imagen de Marcelo ha despertado las crítica de la oposición, quienes lamentan que Ayuso “siga contratando a empresas que sirvieron comida podrida en las residencias”. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, tacha de “inhumano” el trato que continúan recibiendo las personas mayores después de la pandemia. “7 euros para cuatro comidas, es inhumano. Vamos a exigir a Ayuso que trate a los mayores con la dignidad que se merecen”.
Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M) ya alertaba en el momento de la prórroga de las adjudicaciones en declaraciones a ElPlural.com del “maltrato” que perpetraba el Gobierno con mayoría absoluta del PP a “mayores y niños enviándoles comida podrida” y se preguntaba qué llevaba a la Consejería a mantener relación con estas firmas.