Qué son las ECU señaladas por el derrumbe del edificio de Madrid

El derrumbe de un edificio en Madrid, que dejó cuatro fallecidos y varios heridos, ha dejado muchas incógnitas en torno a qué pudo suceder. Las dudas sobre la supervisión y autorización de la obra empiezan a ganar peso y desde sectores sociales apuntan al Ayuntamiento por su dejadez de funciones en materia de urbanismo, delegadas a empresas privadas gracias a una ordenanza pionera en España. “Madrid se está derrumbando bajo el peso de un urbanismo privatizado que ya ha empezado a matar”, denuncia el Sindicato de Inquilinas, que señala las Entidades Colaboradas Urbanísticas (ECU) como principales culpables.

El desastre ha reaviviado el debate de las ECU, cuyo reglamento fue alumbrado por el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida en 2022, a la luz de la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas. Las ECU son empresas privadas que se encargan de realizar actuaciones de verificación, inspección y control urbanístico que, de otra manera, correrían a cargo de la Administración. Una especie de colaboración público-privada, demandada por la patronal inmobiliaria desde hace años, que en la práctica funciona como una manera de agilizar trámites, con los riesgos que conlleva retirar la lupa de la supervisión pública.

Privatizar mata. Y en Madrid ya lo está haciendo

Es decir, entidades privadas “debidamente habilitadas” por el Ayuntamiento que cobran de las promotoras (conglomerados inmobiliarios, fondos de inversión y buitres, socimis, bancos, grandes propietarios, etc.) por emitir declaraciones responsables, otorgar licencias urbanísticas y realizar las inspecciones y comprobaciones en las obras de construcción y rehabilitación. “En vez de técnicos municipales y su control público, el urbanismo madrileño usa ECUs”, que están “contratadas por las propias promotoras para validar sus proyectos”, exponen desde el Sindicato de Inquilinas a las que consideran como “las concertadas del urbanismo”.

“No garantizan seguridad ni transparencia, sino impunidad”, ahondan, “porque cuando todo se derrumba”, como ha sucedido en Hileras, 4, “nadie responde”. “El Ayuntamiento no controla las obras sino una entidad pagada por la propiedad”, dejan claro desde la organización como funciona el sistema “hecho a medida de los fondos y promotoras que privatiza el control urbanístico y lo convierte en un negocio más”. Todo podría resumirse en menos de diez palabras, pero sus consecuencias acechan a la clase trabajadora: “La seguridad y la vida, en manos del dinero”.

¿Qué pasó en Hileras 4?

Estas entidades privadas pueden, gracias a la ordenanza de 2022, emitir declaraciones responsables y licencias de obras para las promotoras que las contratan. Empresas a un lado y otro de la cadena, que hacen negocio entre ellas y “ponen en riesgo tanto a las familias residentes como a los trabajadores que operan dentro de los inmuebles”, espetan desde el Sindicato de Inquilinas. “El derrumbe del edificio de la calle Hileras ha evidenciado las consecuencias de esta política”, certifican, advirtiendo de que existen otros dos bloques en Madrid que viven una situación de riesgo. “Si nada cambia, el próximo derrumbe podría ocurrir en cualquiera de los edificios que hoy siguen en obras bajo este mismo sistema”.

 La principal característica de que una obra esté gestionada por una ECU es que el Consistorio “no tiene la obligación de poner ni un pie en la obra para hacer los pertinentes trabajos de inspección y fiscalización”, relata José Ferreira Matos, militante del Sindicato de Inquilinas, a ElPlural.com. En consecuencia, la entidad se hace cargo de una tarea municipal tan básica como ver si la obra se está realizando de acuerdo con la licencia o la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento.  “El Ayuntamiento de Madrid fue advertido en múltiples ocasiones del peligro de las obras iniciadas bajo declaración responsable en edificios habitados, un modelo que ha dejado sin control público la seguridad estructural de la ciudad”, añade.

Un problema sistémico

Este derrumbe, como muchos otros que muestran una historia similar, y el engrosamiento del beneficio de capitales privados como las ECU, que se han expandido a otras ciudades como Sevilla, responde a una transformación del urbanismo mucho mayor. La entrega de la de los barrios, de las calles de las ciudades, a las grandes empresas que observan el plano como una factura tiene consecuencias. “El bloque de Hileras iba a transformarse en un futuro hotel o alojamiento turístico, otra pieza del mismo engranaje: reconversión de oficinas y viviendas, obras aceleradas y sin control público y consecuencias mortales”, expone el sindicato.

En edificios todavía habitados, como San Ildefonso 20 o Tribulete 7, en los que fondos han comprado una parte y desarrollan obras similares mientras hostigan a los vecinos a irse, las consecuencias se ven progresivamente en las viviendas. “Muros que se agrietan, vibraciones constantes, filtraciones, ruido y peligro estructural” son algunas de las consecuencias que se están viviendo en estos bloque y que anticipan que “puede pasar algo como lo de Hileras 4”. “No se trata solo de un edificio caído”.

Lo sucedido este martes es, para el Sindicato de Inquilinos, una muestra más del “colapso de un modelo de obras sin inspección pública, control en manos privadas, precariedad laboral y vecinas expulsadas”. “El Ayuntamiento de Madrid ha convertido la ciudad en un laboratorio de especulación”, concluyen su denuncian contra la privatización urbanística y la desprotección, contra la que piden tres respuestas iniciales y rápidas:

• Suspensión inmediata de las obras en viviendas habitadas bajo control de ECUs.
• Auditoría pública del sistema de Entidades Colaboradoras Urbanísticas.
• Recuperar el control urbanístico para lo público y lo común.