La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado recientemente un "plan" para paliar la falta de profesores de Matemáticas: permitir que jubilados “cualificados” y estudiantes universitarios de tercer curso ocupen las aulas de Secundaria e incluso de Primaria. No es una broma. Es una política educativa.
Más allá del titular, la propuesta es una peligrosa mezcla de ilegalidad, improvisación y propaganda, que retrata perfectamente un modelo de gestión: culpar a factores externos, ofrecer una solución vistosa e ineficaz, y obviar la raíz del problema, que no es otro que la degradación premeditada del sistema educativo público madrileño durante más de una década.
Un plan fuera de la ley
La propuesta no es solo pedagógicamente insostenible, sino que vulnera abiertamente la normativa vigente. Según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, para impartir clase en Secundaria o Bachillerato es obligatorio tener una titulación específica y haber cursado el Máster en Formación del Profesorado, que acredita la capacitación pedagógica y didáctica.
Este requisito está además desarrollado en el Real Decreto 1834/2008, que regula las especialidades del profesorado, y en la Orden EDU/3498/2011, que concreta los títulos habilitantes. A esto hay que añadir el Real Decreto 132/2010, que establece los requisitos mínimos de los centros docentes y, en su artículo 13.1, exige que el profesorado cuente con la cualificación adecuada y con la formación pedagógica y didáctica requerida. Esta norma es de carácter básico, por lo que su cumplimiento es obligatorio en todo el Estado, incluida Madrid. Aunque la presidenta, tan propensa a invocar el nacionalismo español, parece ignorar —o preferir saltarse— la legislación española cuando no le conviene.
¿Faltan realmente profesores de Matemáticas?
La respuesta es clara: no faltan profesores formados; lo que faltan son condiciones dignas para que esos profesionales quieran ejercer en Madrid.
En realidad, el problema no está en la falta de titulados, sino en la disponibilidad para aceptar ciertas condiciones: no se cubren algunas sustituciones, pero sí están cubiertas las vacantes estructurales. En la Comunidad de Madrid, existe un sistema llamado PADI (Procedimiento de Asignación de Interinos), que regula la adjudicación de plazas docentes. En la especialidad de Matemáticas, 2.862 personas están inscritas en estas listas. La mayoría son tituladas en la materia y han accedido a las listas por haber superado total o parcialmente las oposiciones, sin haber obtenido plaza, o por cumplir los requisitos académicos establecidos. Se han adjudicado ya más de 1.100 vacantes y sobran interinos. Lo que ocurre es que un graduado en Matemáticas puede no querer estar en la lista para cubrir, dentro de dos meses, una sustitución de 15 días en San Martín de Valdeiglesias, por ejemplo, mal pagada y sin garantías de continuidad.
A esto se suma una barrera adicional: la escasa oferta de plazas en el máster habilitante en las universidades públicas, que obliga a muchos aspirantes a matricularse en centros privados con precios que superan los 6.000 euros. Esta situación, provocada por la infrafinanciación universitaria sostenida por el propio Gobierno autonómico, no solo disuade vocaciones, sino que perpetúa la desigualdad en el acceso a la docencia. Una paradoja más: se dice que faltan profesores, pero se obstaculiza activamente su formación.
Ayuso crea el problema y luego vende la "solución"
Como en tantas otras ocasiones, el Gobierno de Ayuso inventa una “emergencia” para justificar un parche que degrada aún más lo público. No se trata de una política educativa, sino de una operación de marketing político. La propia presidenta admite que hay fuga de profesionales hacia la empresa privada, pero en lugar de plantear mejoras en las condiciones laborales, prefiere abrir la puerta a figuras sin formación pedagógica.
Y por si fuera poco, aprovecha para atacar los “enfoques ideológicos” que, según ella, debilitan la enseñanza: “matemáticas con perspectiva de género”, “emocionales” o “diluidas con otras ciencias”. Es decir, repite el guion de siempre: polarizar el debate, desviar la atención y construir un enemigo ficticio.
Pero lo cierto es que no se puede ocultar el deterioro estructural de la educación pública en Madrid con eslóganes y culpables inventados. No se puede convertir al alumnado en campo de pruebas ni a los jubilados en solución milagrosa. Ni los centros educativos son reservas voluntarias del ejército ni las clases pueden improvisarse con voluntarismo.
Las verdaderas soluciones existen… y están sobre la mesa
Si realmente el objetivo es garantizar que haya profesores de Matemáticas suficientes —y no salir en titulares—, las soluciones son tan sencillas como eficaces:
- Incentivar la especialidad docente: con mejoras salariales, bonificaciones para plazas de difícil cobertura y estabilidad laboral.
- Aumentar la oferta de plazas del máster habilitante en las universidades públicas, con financiación suficiente para garantizar el acceso sin barreras económicas.
- Ampliar las plazas de acceso a la carrera docente, con convocatorias anuales de oposiciones y procesos transparentes.
- Fomentar las vocaciones STEM, especialmente entre las niñas, desde etapas tempranas, y vincular esas vocaciones con la docencia como salida profesional.
- Mejorar las condiciones de trabajo: reducción de ratios, menos carga burocrática, plantillas estables, condiciones dignas y retribuciones adecuadas al mayor coste de la vida en la Comunidad de Madrid, un 20% superior a la media estatal según el Banco de España.
Todo esto requiere una política educativa seria, dialogada y estructural. Requiere respetar al profesorado, no señalarlo. Requiere planificación, no ocurrencias.
El sistema educativo no se improvisa
En definitiva, la propuesta de Ayuso no es un plan de rescate, sino otro episodio del deterioro deliberado de lo público para justificar después su privatización o externalización. No falta profesorado, falta voluntad política de cuidar y dignificar su trabajo.
Decía Abraham Lincoln que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pero eso no impide que algunos lo sigan intentando. En Madrid, cada septiembre comienza el curso con nuevos experimentos de laboratorio. El problema es que los conejillos de indias —como denuncia el propio profesorado— son los estudiantes. Y eso, señora Ayuso, ni es legal, ni es justo, ni es ético.
Esteban Álvarez León. Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid.