El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado este martes la propuesta del Grupo Municipal Socialista para ampliar la red de oficinas de atención a población migrante ante el nuevo proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de España. La iniciativa ha decaído con los votos en contra de PP y Vox.

La proposición, defendida por la portavoz socialista, Reyes Maroto, planteaba aumentar hasta un mínimo de cinco las oficinas municipales de información, orientación y acompañamiento, que se sumen a las dos actualmente existentes en Tetuán y Carabanchel, buscando reforzar de forma temporal los recursos en oficinas de atención a la ciudadanía y centros de servicios sociales en los 21 distritos.

El PSOE pide refuerzos ante la regularización de más de 120.000 personas

Según Maroto, el nuevo proceso extraordinario podría beneficiar a más de 120.000 residentes en la capital, por lo que instó al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a garantizar una atención “ágil, cercana y territorialmente equilibrada”. Para los socialistas, la regularización representa un modelo de “dignidad migratoria” frente a otro basado en el “miedo y la exclusión”.

La portavoz del PSOE acusó al alcalde de situarse “del lado del odio” por oponerse a la regularización y enmarcó el voto negativo del PP en una estrategia política más amplia. En su intervención, vinculó la posición de los populares con decisiones anteriores de la Comunidad de Madrid y criticó lo que considera una línea de confrontación en materia migratoria.

El Gobierno municipal: “No somos estructura auxiliar del Ejecutivo”

Desde el Ejecutivo local, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez, replicó que la regularización extraordinaria es competencia exclusiva del Gobierno central y reprochó al Ejecutivo de Pedro Sánchez haber actuado de forma “unilateral”, sin contar con los ayuntamientos.

Fernández advirtió del impacto administrativo, económico y social que, a su juicio, puede acarrear la medida y cuestionó si el Gobierno asumirá el coste de nuevas oficinas y del refuerzo de servicios públicos como sanidad, educación o transporte. “Madrid no puede actuar como estructura auxiliar de un Gobierno que improvisa”, afirmó, defendiendo un modelo de inmigración “ordenada, con legalidad y capacidad real de integración”.

En el turno de cierre, el delegado acusó a la izquierda de “construir muros” en torno al debate migratorio y reivindicó la política del PP como una posición de “sentido común”.

Vox denuncia “efecto llamada” y presión sobre los servicios públicos

El portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, que ya había anticipado el voto en contra de su grupo, aunque los concejales Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal votaron de forma individual, cargó contra las regularizaciones masivas. A su juicio, incrementan la presión sobre la vivienda y los servicios públicos y generan un “efecto llamada”. Ortega Smith fue más allá al afirmar que detrás de estas iniciativas existe un intento de “modificar el censo electoral” ante la pérdida de apoyo entre votantes españoles.

Más Madrid respalda ampliar la red municipal

Por su parte, la concejala de Más Madrid, Carolina Elías, apoyó la propuesta socialista al considerar que Madrid es una ciudad “multicultural” y que facilitar la regularización implica apostar por empleos con derechos y mayor estabilidad. Elías subrayó que el éxito del proceso no depende solo de la norma estatal, sino de la capacidad de las administraciones para acompañar a las personas en los trámites. También recordó que vivir en situación administrativa irregular supone hacerlo “con miedo”, en condiciones de vulnerabilidad.

Maroto cerró el debate acusando a PP y Vox de “criminalizar y estigmatizar” a las personas migrantes y defendió que anteriores regularizaciones, como la de 2005, demostraron ser eficaces sin provocar el “efecto llamada”. “Ustedes han elegido el miedo, nosotros hemos elegido la responsabilidad”, concluyó.

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