La relación entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador podría estar entrando en una nueva fase también en el terreno político. Según publica El Constitucional, fuentes del PP de Madrid sostienen que la formación estaría estudiando hacer visible el distanciamiento entre la presidenta madrileña y su pareja ante el avance de los procedimientos judiciales que afectan al empresario.
De acuerdo con estas fuentes, el objetivo sería que Ayuso apareciese cada vez más desvinculada de González Amador, tanto en el plano personal como en el judicial, ante la posibilidad de que alguna de las causas que le afectan avance hasta la celebración de un juicio oral. La estrategia respondería a la preocupación por el posible impacto político de un procedimiento en el que pudieran aparecer elementos susceptibles de relacionar a la presidenta con las actividades investigadas.
La información publicada por El Constitucional, tras haber consultado fuentes de la formación política, apunta a que a Ayuso se le habría recomendado precisamente marcar distancias con su pareja para evitar que pudiera verse salpicada por las eventuales responsabilidades que se deriven de las actuaciones atribuidas al empresario. La cuestión, según esta interpretación, pasaría por evitar que durante el proceso judicial pueda plantearse algún vínculo entre la presidenta y González Amador que trascienda su relación personal.
Esta posible estrategia cobra relevancia después de que trascendiera que Ayuso habría abandonado la vivienda de Chamberí que compartía con su pareja para trasladarse a una urbanización situada en Puerta de Hierro, según publicó ElPlural.com y corroboró El País. El nuevo inmueble tendría entre 130 y 150 metros cuadrados, con tres dormitorios y dos baños, además de piscina y garaje.
Dos causas judiciales abiertas
El contexto judicial explica la preocupación del PP. González Amador se encuentra procesado por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental, relacionados con los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó su procesamiento y la Fiscalía solicita para él tres años y nueve meses de prisión. En el recuerdo todavía está que la pareja de Isabel Díaz Ayuso llegó a reconocer los delitos en aquellos famosos correos electrónicos que derivaron en la causa judicial que se abrió contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
La investigación sostiene que habría utilizado facturas presuntamente falsas y sociedades para ocultar ingresos y defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. Esta causa se encuentra, por tanto, pendiente de la evolución del procedimiento y de un eventual juicio oral.
A esta investigación se suma otra causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por presunta corrupción en los negocios y administración desleal, vinculada a operaciones con el Grupo Quirón. Entre ellas figura la adquisición por unos 500.000 euros de Masterman & Whitaker, propiedad de la esposa de un directivo de Quirón. El juez considera de forma “indiciaria y provisional” que esta operación podría haber buscado “satisfacer una comisión” a González Amador. Además, sus sociedades facturaron 4,4 millones de euros a Quirón entre 2021 y 2023, según los datos incorporados a la investigación.
Por el momento, las causas judiciales afectan a González Amador y no a Ayuso. Sin embargo, según las fuentes citadas por El Constitucional, el avance de los procedimientos y la posibilidad de que alguno llegue a juicio estarían llevando al PP a valorar una estrategia destinada a reducir el coste político para la presidenta madrileña y evitar que las investigaciones terminen afectando a su imagen pública.
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