La Comunidad de Madrid podrá utilizar los tribunales para perseguir manifestaciones incómodas, como las que tuvieron lugar en la capital durante la última edición de La Vuelta ciclista a España en contra del genocidio de Israel en Palestina. Así lo permite la reforma que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sacado adelante este jueves en la Asamblea de Madrid, que habilita a la autonomía a ejercer la acción popular en estos supuestos. Los diputados del Partido Popular y Vox han votado a favor del Proyecto de Ley del Ejecutivo regional, que la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid calificó como "inconstitucional".
El texto se ha debatido en la Cámara de Vallecas bajo el procedimiento de lectura única, como también han aprobado las derechas al principio de la sesión, evitando así un debate más extenso de la norma. El Proyecto de Ley reforma normas ya existentes para ampliar las competencias de la Comunidad de Madrid en asuntos "de interés general", según el propio Gobierno regional. Estas son las leyes autonómicas Forestal y de Protección de la Naturaleza (16/1995, de 4 de mayo), de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (17/1997, de 4 de julio) y de Patrimonio Cultural (8/2023, de 30 de marzo).
De esta manera, y aprobada la ley, la Comunidad de Madrid puede personarse como acusación popular en "los casos en que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos", supuestos que se añaden a los casos de violencia contra la mujer y de terrorismo. Esto significa que podrán perseguir, por ejemplo, los incendios forestales provocados, pero también las manifestaciones que ellos consideren que van en contra de "el interés general".
El texto no impide que la Administración regional pueda personarse como acusación particular en causas penales en las que resulte perjudicada, o reclamar los daños económicos que causen las protestas por la vía civil. Ocurre que esta reforma choca con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya ha tumbado textos similares en otras regiones por ser "inconstitucionales" e incompatibles con las competencias del Estado sobre la acción popular. Y además, las Cortes Generales tienen pendiente votar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) del Gobierno, que de salir adelante dejaría sin efecto la norma que hoy ha aprobado la Asamblea de Madrid.
El PP no esconde que usará los tribunales contra "el sanchismo"
Pero explicada la forma, la cuestión está en el fondo, en el que el PP de Ayuso no esconde que todo esto forma parte de su oposición al Ejecutivo central: "Todos sabemos que al Gobierno de Pedro Sánchez no le gustan los contrapesos", ha comenzado su defensa del Proyecto el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García. El portavoz de Sol ha dicho alto y claro que con esta ley buscan "limitar los sueños de autócrata del peor presidente de la democracia", y ha alegado que la Comunidad de Madrid está indefensa ante la actuación de la Fiscalía en los casos que contempla la ley.
Tal y como hicieron cuando propusieron la reforma, el PP asegura que Sánchez y Francisco Martín "han promovido constantes boicots a eventos de gran impacto internacional que se celebran en Madrid", y señala directamente a las manifestaciones propalestinas que obligaron a interrumpir la última etapa de La Vuelta este verano. Acusan al Gobierno de alentarlas, y en concreto al delegado del Ejecutivo en la región, que según García "se comportó como un auténtico hooligan del sanchismo".
El consejero mete en el mismo saco de estas manifestaciones contra el genocidio en Gaza que Martín pidió al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida que no permita la celebración de un concierto de Shakira en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, alegando que no está garantizada la "seguridad" de los asistentes. García considera esto una "agresión" del Gobierno, y argumenta que "lo que realmente busca Sánchez" es "que nada bueno pueda suceder" en la región. "Nos quiere tristes, nos quiere a oscuras, porque así puede desviar la atención de sus problemas de corrupción", de su "caótica y desastrosa gestión", y de su "debilidad parlamentaria que le hace estar sometido a los independentistas catalanes y a los filoetarras de Bildu", asegura.
La ley que "rompe en pedazos" la libertad de Ayuso
García no ha eludido que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional choca con la tramitación de esta reforma, explicando que "se requiere la aprobación de una ley específica" para ampliar la acción popular a esas situaciones. Sobre la reforma de la LECrim que, de aprobarse en las Cortes, excluirá a las comunidades autónomas de ejercer la acción popular, dejando sin efecto lo que se ha aprobado hoy, el portavoz ha acusado al Gobierno de querer "limitar este derecho constitucional". En su lugar, García ha propuesto resumir esa reforma así: "Queda terminantemente prohibido ejercer la acción popular contra el presidente del Gobierno, sus familiares, el PSOE o cualquier socialista afín a los postulados sanchistas".
El portavoz de Ayuso ha explicado también que la ley les permitirá "aumentar la defensa del patrimonio histórico y cultural", en lo que ha hablado de otras protestas contra cuadros como las Majas de Francisco Goya en el Museo del Prado, que atribuye a "ataques de activistas de la izquierda". García se ha dirigido también a Vox, que había propuesto enmiendas a la ley para que garantice la protección de bienes religiosos. Una propuesta que, según el popular "carece totalmente de sentido" ya que el texto ya contempla ejercer la acción popular en ese supuesto.
La diputada de la ultraderecha que ha intervenido en el debate, Ana María Velasco, ha metido en la cuestión la cruz del Valle de los Caídos, asegurando que de las palabras de García se deduce que la van a proteger de una supuesta amenaza: "Espero que cumplan su palabra", le ha advertido, aunque Vox ha votado a favor de la reforma sin recibir una garantía firme por parte del PP.
La oposición ha criticado duramente la reforma, que el PP tenía garantizada gracias a su mayoría absoluta en la Asamblea. La diputada socialista Tatiana Jiménez ha lamentado que la supuesta "libertad" que Ayuso lleva por bandera "se rompe en pedazos" ante "la mayor contradicción que este Gobierno ha traído" a la Cámara de Vallecas. Jiménez ha recordado que las personas que denunciaron la presencia de un equipo israelí en La Vuelta, ejercían el derecho a la manifestación que recoge la Constitución. La socialista ha recordado también el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que "reconoce expresamente que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional normas autonómicas análogas a esta por invadir la competencia exclusiva del Estado en materia procesal". Antes, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, había lamentado una reforma con la que el Gobierno de Ayuso busca "controlar cada vez más la justicia" y "censurar al pueblo madrileño".
