El ámbito inmobiliario viene siendo gran protagonista en Madrid en los últimos años, aunque esta semana está recabando todavía más atención. Si bien los titulares que ha copado esta vez no han tenido que ver con las enormes dificultades que afrontan los particulares para pagar el alquiler, aún compartiendo piso, o por la nueva entrada en la ciudad de un fondo de inversión. En esta ocasión, la polémica surge por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que está recibiendo enormes críticas tras haber adquirido un ático de valor millonario en el barrio de Chamberí, a través de la empresa pública Planifica Madrid, para ubicar allí la oficina de Isabel Díaz Ayuso mientras se reforma la sede del Gobierno autonómico.
El cuestionamiento de esta compra está siendo especialmente notable, ya no solo por haberse optado por la compra de la vivienda en lugar de usar cualquier otro de los inmuebles con los que cuenta en su haber el Ejecutivo de esta región o haber alquilado unas oficinas, sino por ser, como se mencionaba, un ático de excelsas característica y muy elevado precio. La superficie de este piso se aproxima a los 500 metros cuadrados, contando con 200 de terraza, con cinco habitaciones y cinco baños, ocupando una novena planta. Una vivienda singular que, según se estima, dispone de un valor de mercado de entre dos y siete millones de euros. Por el momento, se desconoce cuánto ha debido de pagar la Comunidad de Madrid por este lujoso ático, ya que no se ha publicado en el portal de transparencia.
El elevado precio del ático, sus características, la posibilidad de que no pueda ser usado como oficina, la cercanía con la vivienda de los padres de la líder del Ejecutivo de esta región o que el piso fuera comprado a Astrid Gil-Casares son algunos de los elementos que están provocando las fuertes críticas que están surgiendo en torno al Gobierno autonómico. Una compra muy controvertida realizada con fondos del Ejecutivo de esta comunidad a través de Planifica Madrid, una de sus empresas públicas.
¿Qué es Planifica Madrid?
Planifica Madrid Proyectos y Obras es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, cuya principal misión es ejecutar proyectos estratégicos para el Gobierno regional. Actúa como medio propio de la Administración autonómica, cuenta con un presupuesto de 127 millones de euros y se encarga de gestionar obras de infraestructuras y edificación, promover y financiar equipamientos públicos, desarrollar suelo para usos industriales, logísticos, comerciales o residenciales y administrar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid. Además, coordina la construcción y rehabilitación de edificios públicos, así como la conservación y el mantenimiento de inmuebles de titularidad autonómica.
En el ámbito patrimonial, la sociedad es propietaria de más de distintos de inmuebles, muchos de ellos edificios históricos con distintos niveles de protección, que en su mayoría están arrendados a organismos y entidades de la propia Comunidad de Madrid. Entre sus funciones figuran la adquisición, rehabilitación, conservación, explotación y eventual enajenación de estos activos, además de la gestión de alquileres y del mantenimiento de los edificios para garantizar su uso en condiciones de accesibilidad y sostenibilidad.
El gasto sorprende porque no estaba previsto en el presupuesto para 2026 de Planifica Madrid, que sí detalla minuciosamente otras operaciones de venta de inmuebles o de inversión en obra nueva. El Consejo de Gobierno tampoco ha concedido una extensión de crédito para la compra de esta vivienda hace tres meses (algo necesario para incurrir en este tipo de gasto) y Planifica Madrid no ha informado de la adquisición en su página de transparencia, actualizada por última vez el pasado lunes 20 de julio, y donde se enumeran las actuaciones abiertas más relevantes.
Surgió tras la judicialización de Arpegio, la empresa pública acusada de, presuntamente, formar parte del 'Caso Púnica'
Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, S.A., fue una empresa pública de la Comunidad de Madrid creada para gestionar suelo, desarrollar proyectos urbanísticos y ejecutar grandes infraestructuras, además de asumir la construcción de equipamientos y actuaciones vinculadas al desarrollo territorial de la región. Dependiente del Ejecutivo autonómico, durante años desempeñó un papel relevante en la ampliación de la red de Metro y en la gestión del Programa Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA), convirtiéndose en uno de los principales instrumentos del Gobierno madrileño para la promoción de obra pública.
Su trayectoria quedó, sin embargo, marcada por el denominado 'Caso Púnica'. La Audiencia Nacional situó a Arpegio en el centro de una de las líneas de investigación de la trama al sospechar que, durante la etapa en la que Francisco Granados ocupó responsabilidades en el Ejecutivo regional, investigándose si desde la empresa pública se habrían favorecido adjudicaciones presuntamente irregulares y desviado fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción llegó a señalar a Arpegio como uno de los posibles focos del supuesto enriquecimiento ilícito atribuido al exdirigente popular, mientras que la investigación judicial también reveló la desaparición de documentación considerada relevante para esclarecer algunos contratos bajo sospecha.
En 2016, el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes acordó la extinción de Nuevo Arpegio —sociedad sucesora de la empresa original— dentro de un proceso de reorganización del sector público madrileño. Sus competencias y patrimonio fueron absorbidos por Obras de Madrid, entidad que, tras sucesivas transformaciones societarias, acabaría convirtiéndose en la actual Planifica Madrid.
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