El 30 de marzo de 2026, la Comunidad de Madrid formalizó un nuevo contrato: 36.300 euros a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para que un catedrático de Derecho Penal “revise” la causa judicial abierta hace ocho años contra exdirectivos del Canal de Isabel II. Era la última pieza de un puzle que supera los dos millones de euros en gastos jurídicos y periciales, todos adjudicados sin concurso público.
El asunto tiene nombre propio: Triple A de Barranquilla, la empresa de aguas colombiana que fue la “joya de la corona” de la expansión latinoamericana del Canal durante los años del PP en Madrid. Una expansión que derivó en el caso Lezo, la detención del expresidente regional Ignacio González, investigaciones de seis instituciones colombianas y, finalmente, una demanda arbitral del Canal contra el Estado colombiano, presentada en enero de 2023, ante el CIADI (institución del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales).
Lo que une a todos estos contratos es la forma en que se han adjudicado: ninguno pasó por un concurso público. Todos se tramitaron mediante el “procedimiento negociado sin publicidad”, un mecanismo excepcional que la Ley de Contratos del Sector Público reserva para situaciones muy concretas y que requiere justificación expresa y rigurosa. Los pliegos no la ofrecen de forma convincente para servicios de Derecho Penal español, una materia en la que existe en España un mercado amplio y competitivo de expertos.
El periodista David Fernández, que ha seguido este asunto desde sus orígenes con gran rigurosidad, reconstruyó en Infobae el pasado 1 de abril la cadena de encargos. Según su información, el Canal contrató primero al despacho Cremades & Calvo Sotelo por 368.000 euros —noticia publicada en El País por Juan José Mateo en abril de 2023—, después a Uría Menéndez por algo más de 1,7 millones, al que se sumó su socio colombiano Philippi Prietocarrizosa Ferrero por otros 194.000, y ahora a un penalista de la Universidad Autónoma a través de su fundación por 36.300 euros. La cifra conocida supera los dos millones, sin contar los informes que Grant Thornton elaboró en 2018 ni otros posibles encargos no publicados.
Si tras ocho años de proceso penal y más de dos millones de euros en abogados y asesores el Canal necesita que un catedrático le explique “en qué fase del procedimiento se encuentra la causa penal”, la pregunta que surge sola es qué han estado haciendo esos equipos jurídicos de élite con el dinero de los madrileños.
La ley prohíbe expresamente fraccionar contratos para eludir los umbrales de publicidad obligatoria. Sumados, los encargos identificados habrían exigido una licitación abierta e internacional; adjudicados por separado, cada uno queda por debajo de esos umbrales. Además, el haber gestionado casos anteriores no constituye por sí solo la “exclusividad técnica” que justifica el procedimiento negociado: el Derecho Penal español es una de las materias en que más catedráticos y bufetes especializados existen en España.
El propio pliego del contrato de extinción de dominio de 2023 admite que el adjudicatario debe llevar “una defensa coherente y coordinada respecto de las actuaciones precedentes llevadas a cabo por la defensa jurídica de Canal Extensia y CEXA”: reconoce, en otras palabras, que es un eslabón de una cadena preexistente. La sucesión de contratos sobre el mismo asunto, tramitados sistemáticamente sin publicidad por dos entidades del mismo grupo público, dibuja un patrón difícilmente compatible con los principios de transparencia y concurrencia que rigen la contratación pública.
Pero ningún pliego resuelve la contradicción de fondo. En España, la Audiencia Nacional investiga a exdirectivos del Canal por el presunto pago de comisiones, la compra sobrevalorada de empresas latinoamericanas y el desvío de fondos públicos. En Colombia, la Fiscalía identificó a Canal Extensia, la filial, como beneficiaria de los fondos presuntamente desviados de Triple A. Y ante el CIADI, esa misma Canal Extensia se presenta como víctima de una expropiación arbitraria del Estado colombiano. El informe encargado al penalista debe determinar si la justicia española investiga si las propias inversiones del Canal en Colombia fueron corruptas. Ocho años y dos millones de euros después, el Canal no sabe la respuesta.
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una batería de preguntas: la lista completa de contratos, la justificación del procedimiento sin publicidad, si existe un plan jurídico global aprobado por algún órgano de gobierno, si el Consejo de Administración informó a la Comunidad de Madrid y si la Cámara de Cuentas ha fiscalizado estos gastos.
Y muy relevante dado que la Fiscalía colombiana identificó a Canal Extensia como posible beneficiaria de los fondos desviados, ¿se ha evaluado si financiar con dinero público la demanda contra Colombia es contrario al interés general de los madrileños, que pagan la factura del agua y son, en última instancia, los dueños de la empresa?
El Canal y la Comunidad de Madrid no han respondido aún a estas preguntas. El arbitraje ante el CIADI sigue su curso. El caso Lezo también. Y los contratos, por el momento, siguen adjudicándose sin concurso. Todo un embrollo que, aunque sea sólo por respeto al 175 aniversario de la creación del Canal de Isabel II y sobre todo a las madrileñas y los madrileños, es urgente aclarar.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.