La gestión en las residencias de mayores públicas de la Comunidad de Madrid es una cuestión que más discusión ha perpetrado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la oposición de izquierdas durante los últimos años. Ahora, con el nuevo Plan Residencial 40-40, al acudir a la letra pequeña de esta programática, tanto PSOE y Más Madrid, como asociaciones que velan por la dignidad de los mayores, han situado en el centro de la mesa de debate las deficiencias que perciben.
El Ejecutivo de la Puerta del Sol, bajo el marco de este programa, plantea construir 40 nuevas residencias y otros 40 centros de día en toda la Comunidad, los cuales contarán con 8.000 nuevas plazas, 300 viviendas integradas y más capacidades tecnológicas. Uno de los giros en esta materia viene dado porque estas futuras residencias contarán con viviendas para personas con grado de dependencia leve o moderada, incluso una fórmula intergeneracional incluyendo escuelas infantiles.
Lo que se conoce hasta la fecha es que la primera residencia se ubicará en Las Rosas (San Blas), mientras que la segunda se situará en El Cañaveral (Vicálvaro). Seguidas de estas, vendrán los proyectos de Hortaleza, Fuencarral, Carabanchel, Moncloa-Aravaca, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Moratalaz, Barajas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. Más allá de Madrid capital, se ubicarán en los municipios de Leganés, Móstoles, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid, Alcorcón, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Arroyomolinos, Colmenar Viejo, Aranjuez, Boadilla del Monte, Humanes, Brunete, Valdemoro, Morazarzal y Arganda del Rey y que vertebrarán un plan calificado de “histórico”.
“Se basa en un modelo de colaboración público-privada para que las empresas puedan construir y gestionar nuevos centros a más velocidad. Es decir, que ampliamos la oferta asistencial sin cargar todo el peso sobre el contribuyente”, reivindicó la propia Ayuso en su visita este lunes a la Residencia y Centro de Día de Amavir Valdebernardo.
Discrepancias en la oposición madrileña
Frente a este nuevo modelo, lo cierto es que los principales focos de oposición política al Gobierno de Ayuso han presentado sus discrepancias, considerando que estos servicios se encuentran en un punto de “desmantelamiento” difícil de revertir en el horizonte más inmediato y que se encuadra, a su vez, en una promesa de corte electoralista de cara al próximo año. Por un lado, desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, lo ha calificado como “si una tabacalera se estuviera encargando de erradicar el cáncer de pulmón”, reprochó tras la Junta de Portavoces.
Algo más extensa fue la portavoz socialista Mar Espinar, quien entró en el foco del “desmantelamiento” de estos centros y servicios públicos, al tiempo que reiteró que la Comunidad de Madrid tiene “una deuda” con las personas mayores desde hace años, especialmente desde la pandemia de coronavirus. “Se puso en evidencia que no se hizo bien, no estaban bien cuidados, tenemos las residencias sin medicalizar, tenemos problemas con los menús, con los trabajadores que siguen viviendo con retrasos en sus nóminas”, enumeró la dirigente del PSOE-M.
Incluso desde Vox, las críticas estuvieron servidas, puesto que vieron con ojos electoralistas la presentación de este nuevo plan desde el equipo de Gobierno de Ayuso: “Queda un año para la campaña electoral. (…) Poco análisis político podemos hacer porque hemos visto una vez más la opacidad que le caracteriza”, condenó la portavoz Isabel Pérez Moñino, refiriéndose a su vez a la construcción de nuevas viviendas que no han terminado de llegar.
Frente a estas críticas, desde el PP de Ayuso, en voz de Carlos Díaz-Pache, viene defendiendo que éste es “el proyecto más grande” jamás hecho en materia de residencias en la región: “Un plan extraordinariamente ambicioso y que será un ejemplo de nuevo éxito de la colaboración público-privada”, celebró.
Pladigmare aboga por un cambio de modelo de colaboraciones y las plazas
Entrando en análisis de la letra pequeña del Plan de Residencias 40-40 del Gobierno madrileño, desde la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) se preguntan si esta teoría y camino a seguir “se puede quedar en una licencia para seguir haciendo negocio a coste de los derechos de los dependientes”. En este sentido, en declaraciones a ElPlural.com, la plataforma vino reiterando que las colaboraciones público-privadas “no garantizan más que negocios ‘de ocasión’ para los que tengan la fortuna de participar en ellos, mientras que los contribuyentes y sus familias ven sus ahorros abocados a pagar la residencia del abuelo en el mejor de los casos o cargar con los cuidados en muchos otros”.
Por este motivo, y siendo conocedores cercanos de esta realidad, apuestan por una colaboración de carácter “público-social” en la que tengan un papel relevante tanto las instituciones como la propia ciudadanía, es decir, residentes y familiares, contando con “comités capaces de detectar y mejorar los aspectos más oscuros de esta ayuda tan necesaria”.
Entre otro de los puntos clave que vertebran esta nueva programática, refiriéndose al aumento de las plazas, desde Pladigmare añaden que “sería un logro” que los hogares cuenten con las facilidades para que, precisamente, sus inquilinos puedan permanecer por más tiempo en ellos: “Si el ánimo es mejorar este sector, ¿por qué no se invierte en reducir las listas de espera y en mejorar la precariedad del servicio cuando sabemos que no se ha gastado más del 40% del dinero que había presupuestado en los últimos años? Trabajadores mal pagados y con exceso de tareas y horas de trabajo y residentes mal alimentados, mal atendidos y sin actividades en la mayoría de los centros, lo que convierte su vida en una espera terrible”, refieren en conversaciones con este periódico.