El pasado 21 de mayo el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid ordenaba la paralización de las obras del cantón de Montecarmelo con “carácter inmediato” hasta que se dictara una sentencia firme. Sin embargo, poco más de un mes después de aquel auto, este lunes se ha sabido que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha recurrido a la decisión judicial, ante lo que los vecinos afectados por estas obras han anunciado que presentarán un escrito de oposición al recurso del consistorio ante el juzgado correspondiente.
Tal y como reprochan los vecinos de Montecarmelo, con este recurso del Ayuntamiento con el que se pretende poner fin a la paralización de las obras ordenada por la Justicia, se demuestra “que el trío Almeida/Carabante/Páramo no desiste de su disparatada decisión y voluntad de instalar en nuestro barrio esta macroinstalación industrial de un parque de maquinaria para los servicios de limpieza viaria de 8 barrios del distrito, en una zona escolar, ocupando para ello una parcela de 10.000 metros cuadrados”.
En este orden de cosas, los vecinos ponen de relieve que en este recurso el letrado municipal descalifica los anuncios llevados a cabo por el Ayuntamiento cuando dijeron que su intención era eliminar todo lo industrial y limitar la instalación solo a vestuarios y almacén para carros de limpieza. “A fecha de hoy, no existe disposición alguna que modifique o altere la actuación administrativa objeto del presente recurso”, agrega el letrado en el recurso, poniendo especial énfasis en que los anuncios del consistorio son meras declaraciones política.
Con todo ello, desde la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo avanzan que interpondrán en el juzgado correspondiente un escrito de oposición al recurso presentado por el Ayuntamiento este lunes, insistiendo en la decisión del juez de paralizar las obras hasta que se resuelva definitivamente la demanda de impugnación de los vecinos. “Reiteraremos una vez más los graves perjuicios y riesgos que para los vecinos supone este proyecto con reconocidos usos industriales que, por lo tanto, debe ubicarse en una zona industrial. De hecho, así lo ha considerado el Ayuntamiento en un proyecto gemelo, ya construido en Vicálvaro en medio de un polígono industrial y a 1,5 kilómetros de los colegios y viviendas más cercanos (en la calle Santeras, nº 51), y no en zona residencial y a escasos 60 metros, como pretende en Montecarmelo”, ejemplifican en un escrito los vecinos afectados por el proyecto del consistorio.
A razón de todo ello, los vecinos subrayan que este recurso municipal tardará como mínimo varios meses en resolverse y que, mientras tanto, las obras continuarán paralizadas, tal y como ordenó el juez el pasado mes de mayo. No obstante, advierten de que “el riesgo continúa”, por lo que avanzan que en septiembre convocarán una asamblea de la Plataforma para poner fecha a nuevas acciones de protesta y movilizaciones ante “esta amenazante situación”.
La Justicia da la razón a los vecinos
Este recurso del Ayuntamiento llega después de que el pasado 21 de mayo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid ordenara la suspensión cautelar inmediata de las obras del cantón de limpieza proyectado en el barrio madrileño de Montecarmelo al apreciar posibles vicios de nulidad en la tramitación administrativa y considerar que continuar con la ejecución podría provocar perjuicios "de difícil reparación".
En el auto, el magistrado estimó la solicitud de medidas cautelares presentada por la Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur en Montecarmelo contra el decreto municipal de 3 de junio de 2025 que aprobó el proyecto técnico para la construcción del cantón en la Avenida de Montecarmelo.
De esta forma, la resolución acordó "la suspensión de la ejecución de la obra con carácter inmediato" y estableció que la medida se mantendrá hasta que exista sentencia firme o hasta la finalización del procedimiento judicial.
En este auto, el juez sostiene que la parte recurrente ha planteado ya "aspectos relativos a la tramitación del procedimiento administrativo" que podrían determinar la nulidad del decreto impugnado, al vincularlo con anteriores resoluciones municipales ya anuladas judicialmente sobre la modificación del contrato de limpieza de Madrid.
Asimismo, el auto consideró que concurren elementos suficientes de "apariencia de buen derecho" para adoptar la medida cautelar sin entrar todavía en el fondo del asunto. En este sentido, apunta a la existencia de "datos objetivos muy relevantes" que podrían evidenciar una "abierta ilegalidad" del acto recurrido.
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