La reciente decisión de la jueza María Inmaculada Iglesias de solicitar su jubilación anticipada ha generado inquietud en el ámbito judicial y político. Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, es la encargada de la investigación que afecta directamente a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La decisión de la jueza ha abierto un debate sobre posibles maniobras para influir en el curso de la investigación.
La investigación liderada por Iglesias comenzó en marzo de 2024, cuando se abrieron diligencias contra González Amador por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La Fiscalía denunció que el empresario había defraudado más de 350.000 euros a través de un entramado de facturas falsas. Posteriormente, la jueza amplió la investigación a otros posibles delitos, como corrupción en los negocios y administración desleal, tras estimar parcialmente los recursos presentados por el PSOE y Más Madrid.
Sin embargo, la investigación ha estado marcada por múltiples suspensiones. González Amador ha solicitado posponer su declaración en varias ocasiones, alegando viajes programados y la necesidad de esperar la resolución de recursos pendientes. Estas dilaciones han sido fuertemente críticadas por parte de las acusaciones populares, que acusan al investigado de emplear tácticas dilatorias para retrasar el proceso.
Las implicaciones de la jubilación de la jueza
El 11 de febrero, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aprobó la solicitud de jubilación anticipada de la jueza Iglesias, quien cumplirá 65 años en agosto. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó la decisión el 18 de marzo, estableciendo que los efectos serían a partir del 10 de agosto. No obstante, fuentes judiciales indican que es posible que la jueza deje el cargo antes de esa fecha, debido a la posibilidad de disfrutar de vacaciones o días de asuntos propios.
Esta situación ha generado preocupación entre las acusaciones populares y sectores de la judicatura. La incertidumbre sobre quién asumirá la instrucción del caso una vez que Iglesias deje el juzgado ha alimentado temores de posibles influencias externas que puedan alterar el curso de la investigación.
La sustitución provisional
En el sistema judicial español, cuando un juez se jubila, el CGPJ tiene la facultad de convocar un concurso para cubrir la vacante. Sin embargo, este proceso puede llevar varios meses. Mientras tanto, la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, tiene la potestad de proponer un sustituto provisional para asumir las funciones del juzgado afectado. Esta designación debe ser ratificada posteriormente por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La jueza Del Barco pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, una organización de tendencia conservadora que ha sido criticada por su influencia en el ámbito judicial. La APM es la mayoritaria en la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid, con seis de los diez miembros afiliados a esta asociación. Este predominio ha generado inquietud entre quienes temen que la sustitución de Iglesias pueda estar influenciada por intereses políticos.