Más impuestos para los ricos y especuladores inmobiliarios en Madrid. Con esta premisa nace la iniciativa Tax the rich, con la que Más Madrid busca que, quien acumule mayor riqueza inmobiliaria, “pague más y contribuya al bienestar” de toda la ciudadanía. Una proposición de ley elaborada por la comisión de Hacienda y Economía del grupo municipal liderado por Rita Maestre y que busca acabar con los privilegios de élites en la capital.
“Madrid es cada vez una ciudad más difícil y más cara. Es el modelo del Partido Popular, que mira a Miami, que es lo que hacen Ayuso y Almeida. Nosotros, miramos a Nueva York y las ciudades cuyo objetivo es hacerles la vida más fácil a las familias trabajadoras y un poco más difícil a los que tienen más”, ha ahondado Maestre en declaraciones a los medios de comunicación este martes.
Con ello, desde Más Madrid buscan “pinchar la burbuja de la especulación” y que la vivienda vuelva a estar “en el centro, un derecho universal” para cada familia de Madrid. Pero no se quedarán únicamente en la capital, sino que la formación progresista llevará esta cuestión a través de una Proposición de Ley al Congreso de los Diputados, que precisará de mayoría simple.
¿Cómo llevarla a cabo? A través de una reforma de la Ley de Haciendas Locales, por la que los ayuntamientos puedan cobrar más a quien más inmuebles de valor tengan. Será el próximo 29 de abril cuando llevarán a discusión esta temática al Pleno de Cibeles.
“Queremos que los ultrarricos paguen lo que les corresponde y se lo decimos así de claro al alcalde Almeida, sin rodeos, porque los datos no mienten: en diez años, el precio de la vivienda en Madrid ha subido un 110%. El 56% de las viviendas usadas que se compran son para inversión. Y el 1% con más de 15 pisos controla el 24% del alquiler. Y mientras, las familias y la gente trabajadora no pueden acceder a una vivienda digna”, ha defendido Maestre.
Por su parte, para la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, con esta propuesta de ley, busca “dar la batalla contra la desigualdad” a través de “un sistema progresivo donde los que más tienen más contribuyan, y un sistema fiscal que desincentive también el acaparamiento de viviendas”.
Teniendo como ejemplo la realidad madrileña, desde la formación de izquierdas sitúan un propietario con una vivienda en el barrio de Núñez de Balboa con valor de cuatro millones de euros paga un IBI del mismo tipo impositivo que una familia que vive en el barrio obrero de Puente de Vallecas por un inmueble de 200.000 euros.
Task the rich, en tres ejes vertebradores
La iniciativa se articula en tres ejes principales. En primer lugar, plantea permitir a los municipios incrementar la tributación a partir de un determinado número de viviendas en propiedad, estableciendo recargos progresivos desde las cuatro viviendas en adelante. En segundo lugar, propone convertir el IBI en un impuesto progresivo que grave a los inmuebles de mayor valor catastral, con el objetivo de ajustar la carga fiscal a la capacidad económica de cada contribuyente. Y, por último y tercer lugar, incluye la posibilidad de elevar los impuestos a viviendas en propiedad de empresas, sociedades o fondos.
Según el planteamiento de Más Madrid, la reforma se llevaría a cabo mediante la modificación de la Ley de Haciendas Locales, lo que permitiría introducir estas medidas de forma conjunta. Entre los objetivos señalados figuran desincentivar la acumulación de vivienda como activo financiero, reducir la especulación y favorecer un uso residencial de estas viviendas, rebajando así el uso turístico y de temporada de las mismas.
Para mayor detalle, el primero de los puntos, sobre penalizar la acumulación de vivienda en manos de grandes tenedores, la normativa actual no establece diferencias entre quienes poseen una única vivienda y quienes concentran un número mayor, lo que impide aplicar recargos específicos a estos últimos. La propuesta plantea habilitar a los ayuntamientos para que puedan incrementar la tributación de forma progresiva a partir de un umbral de cuatro viviendas en propiedad dentro de un mismo término municipal. A partir de ese mínimo, el gravamen aumentaría en función del número de viviendas acumuladas, con el objetivo de desincentivar la concentración de vivienda “como si fueran activos de inversión”.
El segundo eje aborda la transformación del IBI en una figura de carácter progresivo, planteando que los gobiernos municipales establezcan tramos en función del valor catastral de los inmuebles, de manera similar a otros impuestos como el IRPF. Esto permitiría, según Maestre, que los propietarios de viviendas con mayor valor contribuyan en mayor medida, mientras que los inmuebles de menor valor mantendrían o incluso reducirían su carga fiscal. La propuesta pone el foco en los tramos más altos del valor catastral —especialmente en el 10% superior y, de forma más acusada, en el 1%— con la intención de ajustar la tributación a la capacidad económica de los contribuyentes.
Para finalizar, el tercer punto aborda la posibilidad de aplicar recargos específicos a viviendas que sean propiedad de personas jurídicas, es decir, empresas, sociedades o fondos de inversión. Cabe matizar que la legislación vigente no distingue entre la titularidad individual y la corporativa a efectos del IBI. Por ello, esta modificación permitiría a los municipios establecer un coeficiente adicional que incrementaría la tributación de este tipo de propiedades y, por ende, frenar la especulación.