Más Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante el Defensor del Pueblo contra la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, así como su titular, Mercedes Zarzalejo. En ella, la formación pide al organismo que interceda por el bulo vertido por la consejera el pasado miércoles, para tratar de desacreditar la huelga educativa, de que un colegio público de la región había incitado a las familias a “convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso”. La propia presidenta regional lo publicó en sus redes sociales.
Zarzalejo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, manipuló un correo electrónico enviado por la dirección del centro, lo que provocó “mensajes de odio y amenazas” dirigidas a un colegio público en Villarejo de Salvanés, que además, según la denuncia, no era el que envió el mensaje.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, pide al Defensor del Pueblo que interceda e investigue a la Consejería de Educación, y también a la de Presidencia por ostentar su titular, Miguel Ángel García Martín, la Portavocía del Gobierno de Ayuso. También pide al organismo que dirige Ángel Gabilondo que requiera a dichas áreas “qué comprobaciones se hicieron antes de atribuir públicamente el correo a la dirección de un centro”, que finalmente no era el correcto; quién lo hizo, y qué medidas se han tomado.
El bulo de Zarzalejo que compartió Ayuso
Bergerot también exige al Defensor que encomiende a Zarzalejo “una rectificación pública, expresa y de alcance equivalente al de las declaraciones”. La consejera mostró en la rueda de prensa un correo electrónico enviado por el director de un centro en Villarejo de Salvanés, que decía lo siguiente: “Adjuntamos información sobre la huelga votada por los alumnos de 3º y 4º de ESO para 'parar por completo el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso’”.
Amenazaron a los madrileños con el “No habrá paz en las calles de Madrid”. Con la complicidad del Gobierno, hoy comienza la primera huelga política que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo. Si no quieren paz: ¿qué buscan? https://t.co/4thaPoyehs
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 14, 2026
Zarzalejo señaló ese entrecomillado como una consigna del propio centro, al que acusó de “animar” a las familias a hacer lo que decía la frase. Sin embargo, el mensaje citaba el lema de la convocatoria elegido por el Sindicato de Estudiantes. “La propia imagen exhibida en la rueda de prensa permitía advertirlo”, dice la denuncia. La consejera anunció la apertura de un expediente al director, y la propia Ayuso publicó el corte en su cuenta de X.
Un colegio recibió amenazas en redes sociales: “Putos profes rojos”
La imagen proyectada lo ocultaba, pero el mensaje lo envió el director del colegio Santa Elena, un centro concertado en el municipio al sureste madrileño. Tras la comparecencia de Zarzalejo, remitió a las familias otro correo aclaratorio: “Parece ser que algunas familias han entendido que desde el colegio hacemos nuestra esa frase. Por supuesto, no es así”, decía.
La cuestión está en que, como recoge la denuncia, varios medios publicaron, “sin contrastarlo” y citando a fuentes de la Comunidad de Madrid, “que el centro aludido era público”; y el único que cumple ese requisito en Villarejo de Salvanés es el CEIP Nuestra Señora de la Victoria. Pese a que este colegio es de Educación Infantil y Primaria, y no de Secundaria -como dice específicamente el correo-; este “empezó a recibir en su cuenta de Instagram mensajes de odio y amenazas contra su profesorado”, relata la querella.
Algunos de estos mensajes, recogidos al día siguiente por Eldiario.es, decían: “Propongo ir a la escuela y darles el merecido [sic] a esos profesores"; "Todos los responsables a la puta calle"; o "Los putos profes rojos que no tienen ni puta idea de enseñar".
Lejos de rectificar, García Martín dijo el viernes que el Gobierno madrileño “solo hace manifestaciones absolutamente probadas y reiteró que la huelga es política”. Bergerot señala que el Defensor del Pueblo es competente para defender los derechos del Título Primero de la Constitución, y recuerda que “la Comunidad de Madrid carece desde 2012 de una institución propia de defensa de la infancia”. Añade que “la atribución pública, por la titular de un departamento, de una conducta grave a un centro concreto, sin verificar el sentido de un texto cuyo entrecomillado era visible, y la negativa posterior a rectificar, son incompatibles con esos principios y con la interdicción de la arbitrariedad”.
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