Frente a la asfixia, ruido en las calles. Este miércoles y jueves, 26 y 27 de noviembre, respectivamente, las seis universidades publicas de la Comunidad de Madrid salen a la huelga con movilizaciones en el corazón de la capital para clamar contra las medidas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tanto en términos de financiación y falta de recursos materiales y humanos como ante la proliferación de centros privados en la región.
“Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian”, reza la convocatoria impulsada por las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Rey Juan Carlos y Alcalá de Henares para estos próximos días. Ambas jornadas se sucederán por distintas actividades, teniendo su principal punto de encuentro la manifestación del jueves por la tarde.
Según han precisado las organizaciones convocantes, el miércoles se celebrarán piquetes en las facultades y comidas en plazas céntricas de la ciudad, pero no será hasta las 15:30 horas cuando tendrá lugar una concentración a las puertas de la Consejería de Educación. Asimismo, la jornada del jueves transcurrirá bajo la misma razón de ser, con la cita más multitudinaria la que se espera en la manifestación de las 18:00 horas, desde Atocha hasta Sol.
Un volumen de presión estudiantil y universitario que se hará de escuchar en los próximos días en las principales arterias de la capital; una movilización que viene motivada por la “fuerte infrafinanciación” que sufren los seis centros públicos en los últimos años. Y es que, de cara al próximo año, en los Presupuestos del Gobierno de Díaz Ayuso se contempla una partida de 1.239,7 millones de euros a la financiación universitaria, 75,3 millones más que este 2025, un incremento del 6,5%. Cifras que el sector tilda de “insuficientes” para paliar la situación actual.
“Todo lo que no sea un acercamiento real a ese horizonte, no lo contemplamos. (…) La subida anunciada representa un paso del 0,44% al 0,46% del PIB. En términos de esfuerzo presupuestario, la Comunidad sigue dedicando el 4% de su presupuesto a universidades. No podemos hablar ni siquiera de subida, sino que nos encontramos con un presupuesto estancado y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando”, esgrimieron las universidades públicas al anunciar la convocatoria de huelga.
Bajo la misma premisa, también marcharán en contra de la forma y el fondo de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de Ayuso, la cual, en su anuncio y elaboración, trajo consigo rechazos por parte de la comunidad universitaria y el Ministerio de Ciencia y Universidades puesto que, entre otros, uno de los puntos más destacados son las multas de hasta 100.000 euros por protestas “no autorizadas”. A su vez, cabe sumar el férreo rechazo del Ejecutivo de Sol al Real Decreto estatal sobre la materia y por el cual se limita la creación de centros privados; algo que desde Madrid consideran “un ataque”.
10 puntos clave de actuación
Las demandas de la comunidad universitaria pública en Madrid se pueden resumir en diez ejes vertebradores que motivan esta huelga y puntos que aún no han sido atendidos, tal y como requieren los convocantes, por el Ejecutivo de la Puerta del Sol.
El primero de ellos se centra en una financiación “adecuada” para un servicio universitario “de calidad”, motivo por el que reclaman aumentar al 1% del PIB en los Presupuestos regionales de 2026, así como para sustentar la “docencia, investigación y mantenimiento” de la institución y el aumento de la contratación de personal con ratios adecuadas. Como segundo punto, gestionar la universidad “como servicio público” y, por ende, “reversión de la privatización de la educación superior” -punto en el que reclaman aumentar la inversión por estudiante en la pública y controles exigentes en la privada-. Asimismo, como cuarta clave, reclaman “independencia” entre ambos modelos: “Ningún recurso público para promover la educación privatizada”.
Por consiguiente, en quinto lugar, reclaman impulsar “políticas de confianza frente a la burocratización”, así como “seguridad, estabilidad y dignidad laboral” para los docentes, punto que lleva intrínseco un “aumento salarial, garantáis de promoción profesional y estabilidad en el empleo”.
Entre los últimos ejes, destacan la educación superior “como derecho universal”, la libertad académica en la producción de conocimiento, reforzar la autonomía universitaria -punto en el que exigen la dimisión del consejero de Educación, Emilio Viciana- y, por último, la libertad efectiva de organización y protesta, una clave que se vio señalada según el borrador de la Ley de Universidades del Ejecutivo de Ayuso.