Éxito judicial esta semana del PSOE y, concretamente, de la diputada regional Lorena Morales, una de las personas que más persiste a la hora de poner negro sobre blanco al oscurantismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el equipo de su gobierno.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) archivaba el pasado martes una denuncia que una persona que, a priori, no guarda ninguna relación con el mundo de la política se entrometía en las competencias de una representante, le interpuso al entender que podía incurrir en un delito electoral.
Todo ocurre el día de las pasadas elecciones europeas (2024), cuando la a su vez portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista hace una publicación en su cuenta de Facebook pidiendo el voto para la formación y la candidata Teresa Ribera.
Lo cierto es que el procedimiento iba perdiendo fuelle por el momento. Abogado al archivo ante la inexistencia de prueba, ahora la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal madrileño ha decidido el sobreseimiento al no haber carga probatoria. Si bien, el beneficio de la duda existía, ya que los magistrados de la región decidieron seguir adelante contra el criterio de la Fiscalía.
"Me dieron 'me gusta' 90 compañeros de partido"
ElPlural.com ha tenido acceso al archivo de la causa y ha contactado con la afectada para ver cómo se encontraba después de que la Justicia le haya dado la razón. “Contentísima”, reconoce en declaraciones a este periódico mientras recuerda los hechos. “Me dieron 90 ‘me gustas’ y la inmensa mayoría compañeros y compañeras del partido”, rememora. “Esa es toda la repercusión que tuvo”, dice con un toque de sorna.
“Queda demostrado que los cimientos de Von der Leyen no temblaron por mi publicación en Facebook”, completa. Y a continuación, los agradecimientos, entre otros al comité electoral: “Me ha apoyado en todo momento, entendiendo que no había delito electoral (…) Ni siquiera había tenido la repercusión que se considera importante, menos en el marco de unos comicios europeos”.
“Se presupone que quienes me dieron ‘me gusta’ al ser compañeros del partido votan al PSOE. En unas elecciones en las que votan millones de europeos y europeas”, evidencia. “Había ya votos particulares, y la Fiscalía en todo momento había pedido el sobreseimiento, la última vez el 1 de diciembre”, emite en clave puramente judicial.
Pese a todo, ha sido un camino pedregoso. “Pidieron que investigara la UCO, pidieron datos a las autoridades irlandesas…”, llega a señalar, dejando claro en todo momento que respeta a la Justicia, pero que considera que los tribunales tienen temas “de más enjundia” para abordar.
El motivo de acudir al país europeo es que en él se encuentra la sede fiscal de la empresa propietaria de la red (Meta que es dueña de Instagram) y, por tanto, tendría la información sobre el alcance de la publicación, número de visualizaciones, interacciones, entre otros datos.
El mensaje
El día que la ciudadanía europea estaba llamada a las urnas, el pasado 9 de junio, Morales publicaba el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook: “Por una Europa más justa, feminista y verde. Por mi madre, que tanto luchó para que tuviera más libertad que ella. Por mi hija, para que no demos ni un paso atrás. Hoy, ¡vota con la zurda! Vota PSOE”.
En primera instancia, el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid (TSJM) dictaba en su resolución en el momento en que se abrió el caso que “no existe la menor duda de que estamos ante el más prototípico acto de propaganda electoral: aquel en el que expresamente se pide el voto para un partido político determinado”. “No se trata de difundir una mera opinión política (…) No era lícito hacerlo”.
La investigación judicial, por el contrario, ha determinado, tal y como cabía esperar, que el mensaje no tuvo el suficiente impacto en la opinión pública y, por consiguiente, no influyó en los votantes.
Entre quienes respaldaron a Morales desde un primer momento se encuentra el magistrado José Manuel Suárez Robledano. Igualmente, el Ministerio Fiscal se opuso a la admisión de la denuncia al comprender que solamente deben perseguirse penalmente “los comportamientos objetivamente idóneos para lesionar u ofender de un modo relevante el derecho de sufragio”.