El último pleno de la Asamblea de Madrid antes del verano tuvo carácter extraordinario y sirvió para que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, viera hecha realizad su ley del concebido no nacido, una normativa que no ha estado exenta de polémica y que ha alcanzado en los últimos días incluso a las educadoras infantiles, que acumulan ya cerca de 90 días en huelga.
Esta semana, las trabajadoras que se encargan de la educación del alumnado 0-3 años se manifestaban frente al parlamento madrileño para expresar su malestar con la medida que sacó adelante después la Autonomía, que disfruta de mayoría absoluta del PP, y contra la ‘hipocresía’ devenida de ella en tanto en cuanto las profesionales siguen reclamando mejoras en el sector.
La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), lamenta que la norma sacada delante el pasado jueves “supone más inversión para una infancia que no existe” y pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid “qué medidas presenta para la infancia ya nacida” y “qué inversión real destina para que las familias puedan conciliar una vez tienen a sus criaturas en casa”.
“La realidad es que no hay medidas de conciliación reales, y muchas familias están abocada a matricular a sus hijas e hijos en escuelas infantiles privadas, con el coste que esto supone, porque no hay suficientes plazas públicas”, definieron, tachando de “incoherente” una decisión que “pone el foco en una infancia que todavía no ha nacido” mientras “se deja de lado, precariza e infrafinancia la educación de primera infancia que ya vive en la Comunidad de Madrid”.
Entretanto, las educadoras infantiles, que llevan cerca de tres meses de parón, siguen reclamando a baronesa ‘popular’ que "se siente” con ellas “para mejorar las condiciones de la infancia y de las profesionales que la sostienen cada día”. “Queremos que nos escuche y que planteé medidas reales que apoyen a las familias para fomentar la natalidad, entre ellas mejorar la calidad educativa de la primera infancia”, refrendaban.
Las profesionales del curso 0-3 años mantienen reclamaciones respecto de la bajada de ratios, la pareja educativa, el reconocimiento de su categoría profesional o salarios dignos, y es que actualmente cobran el salario mínimo interprofesional: “Creemos que es momento de sentarse a dialogar con nosotras y planificar mejoras a largo y corto plazo de quienes cuidamos de los primeros años de vida de la infancia”.
Una de las grandes (y controvertidas) promesas de Ayuso, hecha realidad
Esta semana, antes del cierre de curso político -habría terminado ya de no ser por este pleno extraordinario-, se aprobaba que las familias que esperan a un niño puedan acceder a ayudas en las que el criterio de renta depende del número de integrantes. En este grupo se encuentran las becas comedor, las de Bachillerato, para escuelas privadas o de alquiler joven.
La nueva ley fomenta, por ejemplo, que quienes ya tengan dos hijos y un tercero esté en camino, pase a considerarse familia numerosa antes de que éste nazca. Con ello, podrán acceder también a deducciones fiscales o en el transporte público.
Para el PP es todo lo que está bien, mientras que Vox, que votó a favor, la considera incluso insuficiente. La izquierda la aprecia un sinsentido y la enmarca dentro de la batalla cultural de los conservadores para rascar votos a la extrema derecha.
La ley del concebido no nacido ronda Madrid desde 2019, cuando se presentó por primera vez a unas elecciones que entonces perdió, pero de la que salió presidenta gracias a Ciudadanos. El otoño pasado, ya con su segunda mayoría absoluta, prometió que una de sus grandes bazas “a favor de la vida” sería una realidad.
Iba a haberlo sido hace un par de semanas, pero la tramitación quedó en stand by por un defecto de forma, varios vacíos y contradicciones que encontró la abogacía de la Comunidad en la redacción del proyecto. Pero desde el pasado jueves, los niños en camino contarán para la unidad familiar.
PSOE y Más Madrid votaron en contra. La diputada socialista Lorena Morales lo hizo con un discurso muy duro y advirtiendo que desde su partido “acudirán a la instancia que haga falta” para suspender la norma, mientras que la formación de la izquierda alternativa lamentó que se trata de una ley que “queda muy lejos de lo que necesitan las familias madrileñas”. “Va de hacerles guiños a los enemigos del derecho al aborto y de contentar al electorado más ultra de Vox”, contemplan los de Manuela Bergerot.
El calendario se retomará en septiembre, después de que Ayuso haya sacado adelante una de sus promesas más históricas, con la comunidad educativa en pie de guerra si no lo remedia u otras cuestiones no menores, como un calendario judicial que, seguramente, se mantendrá apretado. Y, lo más reseñable, con las elecciones cada vez más cerca.
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