Las víctimas de residencias de Madrid siempre han reclamado una macrocausa para investigar las muertes de sus familiares en los centros de mayores durante la pandemia del Covid. Ahora, un año después, la jueza que se ha negado a ello en este tiempo habría consultado sobre dicha posibilidad al presidente de la Audiencia Provincial.
Así se desprende de una información que publica este jueves el diario El País, según la cual María Isabel Durántez, titular de uno de los juzgados de Plaza Castilla y competente para tomar la decisión, le habría planteado el pasado jueves por escrito una consulta al responsable del órgano madrileño, Juan Pablo González-Herrero.
La situación en torno a abrir una macrocausa para investigar los hechos que acontecieron en las residencias de la región madrileña al inicio de la pandemia se había complicado debido a la discrepancia entre magistrados de la Audiencia. Dos secciones fallaban en contra y una a favor.
Ante este escenario, Durántez, opuesta hasta ahora a agrupar todas las investigaciones en una, habría elevado el asunto a González, quien, por el momento, se desconoce si ha respondido. De hecho, no se sabe si tiene competencias para deshacer el enredo. Fuentes jurídicas consultadas por el periódico mencionado reconocen lo insólito del conflicto, en tanto en cuanto es algo inusual que distintas secciones de la Audiencia hayan dictado resoluciones distintas sobre proceder a la investigación por esta vía.
Más de seis años después, decenas de jueces madrileños han investigado las muertes que los familiares achacan a los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, aquellos documentos que impidieron el traslado de residentes en centros de mayores a hospitales, por separado. Las familias han insistido durante todo este tiempo en que la decisión de que se negaran la atención hospitalaria obedecía, en última instancia, a directrices diseñadas por la clase política. Hasta ahora, han conseguido que algunos ex altos cargos sean imputados por presunta discriminación en el acceso a la sanidad.
Más allá de nombres propios, las familias consideran, tal y como han explicado en diferentes ocasiones a ElPlural.com, que “la discriminación se produjo de forma masiva por un claro motivo atribuible a decisiones políticas”. La jueza consideraba, sin embargo, que cada muerte se produjo en circunstancias distintas, lo que impide esta posibilidad.
Discrepancias entre jueces
Durántez fue la primera que imputó a estos ex altos cargos, en abril del año pasado, y el resto de jueces de instrucción que siguieron sus pasos consideraron que, como prevé la ley y ante la similitud de las causas, debía ser ella quien acumulara todos los procedimientos. Pero como ella se negó alegando que cada fallecimiento tuvo lugar en situaciones diferentes, la cuestión terminó en la Audiencia de Madrid. Aquí se produjo la discordancia entre las dos secciones que se posicionaban en contra de la macrocausa y la que se situaba a favor de la misma. Esta ha sido apoyada, además de por los familiares y sus abogados, por la Fiscalía.
En las últimas horas, una jueza de Navalcarnero se ha posicionado a favor de que la investigación por los ‘protocolos de la vergüenza’ se realice de manera conjunta, y no caso por caso, en respuesta a otra resolución de un juzgado de Madrid que pretendía separar los procedimientos por tratarse de víctimas, patologías y residencias distintas.
A juicio de la magistrada, la cuestión central no pasa solo por determinar qué ocurrió con cada residente de forma individual, sino esclarecer si las directrices de no derivación establecieron criterios que generaron “un marco discriminatorio que afectó a múltiples residentes”.
En el auto, al que han tenido acceso varios medios de comunicación, expone que el análisis del ‘caso residencias’ no debería abordarse de forma “fragmentada”, ya que todas las investigaciones compartes un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes con menor movilidad o mayor grado de discapacidad en las residencias de la Comunidad de Madrid.
Por el momento, la posibilidad de creación de una macrocausa está en una especie de limbo. Las fuentes jurídicas señaladas desconocen si la Audiencia tiene competencia para resolver el embrollo o si en su lugar el asunto debería elevarse a una instancia más alta, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
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