La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue siendo uno de los nombres del momento, también en el ámbito autonómico, donde investiga el caso que concierne al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, encomendaba hace unos días al cuerpo investigar los hechos de la causa que acabó con la pareja de la presidenta en los tribunales.
Los deberes por hacer por parte de la UCO, que analiza un presunto delito de corrupción en los negocios y otro de administración desleal, han recaído sobre esta estructura al considerar la Fiscalía la “complejidad” de la situación unida al “carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”.
El órgano jurídico indica que, atendiendo a las comprobaciones de la Agencia Tributaria, la empresa de González Amador, Maxwell Cremona -de la que el novio de Ayuso es socio y administrador único- registró en 2020 y 2021 “un incremento de sus ingresos “por una serie de actividades. Con ello, el juzgado solicita al área de la Benemérita mencionada que “lleve a cabo las gestiones necesarias para determinar si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.
De esta manera, la unidad colaborará con el juzgado en la práctica de diligencias y en el análisis de la documentación intervenida en el marco del procedimiento, respondiendo con ello a una solicitud del órgano judicial secundada por las acusaciones de PSOE y Más Madrid.
A la ofensiva contra el fiscal general
Entretanto, el compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene la guerra abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por los “perjuicios morales causados” en el marco de la posible filtración del intercambio de correos entre el empresario y la Hacienda Pública.
En este contexto, González Amador reclamó la semana pasada una indemnización de 300.000 euros a García Ortiz por la cuestión señalada unas líneas más arriba. Y no solamente a él, sino que también señala a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que reclama una fianza de 400.000 euros en vistas al juicio. De hecho, se trata de una cantidad que se parece bastante a la de su fraude a Hacienda, de 350.000 euros.
El documento señalaba que “se han generado daños irreparables sobre todo aquello que, con esfuerzo, se construye durante años (…) sin que exista un solo día desde el 14 de marzo de 2024 en el que algún personaje político o periodístico no le denomine públicamente como delincuente y defraudador confeso”, decía por aquel entonces. A su vez, la acusación particular solicitó que se imponga una multa al fiscal general de 108.000 euros, mientras recordaba que su sueldo en 2023 fue de 133.525 euros anuales, distribuidos en doce pagas de 11.127 euros.
Defraudador confeso
Por el momento, las estrategias llevadas a cabo por la pareja de Ayuso no están yendo como a él le gustaría, tampoco para no ser llamado defraudador confeso. Puede parecer una cuestión menor, pero cabe recordar que, por este hecho, González Amador pidió cantidades en su mayoría desorbitadas contra todo aquel que se refería a él en esos términos, independientemente de que fueran políticos, partidos, periodistas…
Fue en mayo cuando perdió la que, en realidad, ha sido una de sus grandes batallas legales del último año. En aquel momento, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) avala que la ministra María Jesús Montero -a su vez vicepresidenta del Gobierno central- empleara este tipo de expresiones al dirigirse a él.
Quedó demostrado que la nomenclatura entraba dentro de lo normal en el momento en que su mismo letrado dejaba claro que su cliente le había encargado buscar una conformidad. Con la información de la que se dispone, la Sala de lo Civil añadía que puede no ser agradable referirse a él como “defraudador confeso”, pero que para nada ello vulneraba el honor.
La realidad es que el mail que su abogado había enviado antes no podía ser más claro. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, apuntaba. El escrito, tergiversado por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para que pareciera que las intenciones no iban del novio de la presidenta hacia la Fiscalía sino al revés y difundido de esa manera a algunos medios, no dejaba en realidad lugar a dudas.
“Mediante el presente correo les informo que recientemente han recibido una denuncia por un presunto delito contra la Hacienda Pública por parte de la AEAT en relación con el Impuesto sobre Sociedades 2020 y 2021, correspondiente a la sociedad MAXWELL, cuyo administrador único es Alberto González Amador”, indicaba en escrito.
El mensaje, enviado por el letrado, contemplaba que “estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González (…) es voluntad firme de esta parte una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.