Juan Soler es militante del Partido Popular desde 1978 y también uno de los hombres que se sitúan detrás de Madri + D, una fundación encargada de verificar técnicamente los proyectos universitarios en la Comunidad de Madrid y que en los últimos días ha despertado las sospechas debido tras ser la que emitió el informe que a la postre permitió al ICAM convertirse en centro universitario adscrito a la Complutense. Bajo su gestión, la Fundación llegó incluso a cambiar sus estatutos para prolongar dos años más el mandato de Morán al frente del organismo.
Ex alcalde del PP en Getafe, el protagonista de estas líneas ejerce como gerente del organismo que la oposición califica de "chiringuito" y que ahora, gracias a las informaciones de ElPlural.com, está mirado con lupa. La suya ha sido una carrera marcada por su vinculación a los ‘populares’ y la sombra de la corrupción.
Se afilió a Alianza Popular con 18 años
Nacido en Santander, el 21 de marzo de 1960, desde muy joven se afilió a la antigua Alianza Popular, y aunque su militancia en el PP empieza en 1987, una década antes ya tenía voz como diputado en la Asamblea de Madrid. Después, ha ocupado diversos puestos: desde responsable autonómico hasta edil del mencionado municipio, llegando a alcanzar puestos de responsabilidad en el entorno de la derecha, tanto que llegó a sustituir a la propia Aguirre en el Senado.
Persona fuerte de la expresidenta madrileña, su ascenso en la estructura de las siglas conservadoras se interpretó como un movimiento “aguirrista”. Autodefinido como “liberal y reformista”, su caso más controvertido sea seguramente el del denominado ‘Caso Teatro’.
Del 'caso Teatro' al colapso sanitario
Ese año, la Fiscalía Provincial de Madrid pidió al juzgado getafense elevar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) una “exposición razonada” por los indicios de delitos relacionados con los contratos presuntamente amañados durante su etapa como alcalde.
La mencionada causa investiga adjudicaciones vinculadas a un centro audiovisual/escénico que nunca legó a buen puerto, mientras que las denuncias se basan en posibles irregularidades en adjudicaciones de demolición y un estudio de proyectos de las que se beneficiaron ciertas empresas. Un año después declaró por el caso y las sospechas le llevaron a perder su condición de aforado, viendo truncadas las opciones para aparecer en las listas del PP regional.
El PP se defendía asegurando que no había caso y que no había existido “nunca”. “Han sido seis años de calvario y de padecimiento personal y profesional de muchas personas”, justificaban desde el PP de un escenario que marcó al perfil que aquí se detalla y que, aunque acabó archivándose, supuso un antes y un después para Soler. De hecho, a día de hoy se mantienen las sospechas.
Entre sus momentos más mediáticos destaca su crítica -posiblemente sin intención- hacia la sanidad madrileña ya bajo la batuta de Ayuso. “En el Ramón y Cajal no cogen el teléfono (…) desde hace días intento contactar para cambiar una fecha y no han cogido ninguna de mis más de 40, repito, 40, llamadas”, pronunció en un momento en el que las calles se llenaban con manifestaciones multitudinarias contra la gestión de la administración de la Puerta del Sol.
Quienes le acompañan en el “chiringuito” de Ayuso
A él le acompañan en Madri+D Federico Morán en calidad de director. En su caso fue número dos del ministro José Ignacio Wert en el anterior Gobierno del PP.
La oposición considera que nos encontramos ante otro “chiringuito” de Ayuso, insinuando que funciona como instrumento al servicio de las prioridades del Ejecutivo regional más que como un ente verdaderamente imparcial. Por su parte, el Gobierno defiende la profesionalidad e imparcialidad de la Fundación y recuerda que sus informes no son vinculantes jurídicamente, lo que quiere decir que la decisión final de las decisiones recae sobre el equipo madrileño.
Con todo, la forma de operar de Madri+D d en esta y otras operaciones similares (avalando nuevos centros universitarios polémicos) mantiene la alerta no solo a nivel político, sino también entre la comunidad educativa, que reclama mayor transparencia en este tipo de procesos.