Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido citado a declarar como imputado por dos nuevos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, que se suman a los dos delitos fiscales y a la falsedad documental que ya se le atribuían anteriormente. La magistrada Inmaculada Iglesias ha puesto en marcha esta doble citación después de que otras cinco intentonas en las que fue llamado por el presunto fraude fiscal de 350.000 euros y la falsificación de facturas solo tuvieran como resultado que se negase a declarar. Desde la izquierda se ha criticado duramente al empresario y a la presidenta madrileña al conocerse esta doble imputación.

Uno de los primeros en hacerlo ha sido el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que considera que la citación pone de manifiesto que "algo huele a podrido en la Puerta del Sol", sede del Gobierno regional.

Al ser preguntado por esa decisión judicial, Patxi López ha argumentado que en esa investigación judicial se habla de "testaferros en México, sociedades pantalla y desvío de fondos", y eso no es "un invento para atacar" a Isabel Díaz Ayuso, sino que es algo que dice una jueza. "Por tanto, son hechos que están ahí, que imputan al novio de la señora Ayuso y lo que pasa es que algo huele a podrido en la Puerta del Sol", ha comentado en los pasillos del Congreso.

"Todo acaba en el ático opaco"

Por su parte, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha afirmado que todo el caso judicial de Alberto González Amador acaba en el "ático opaco" en el que viven él y la presidenta madrileña.

"La señora Ayuso vive en un ático opaco y todo va a acabar ahí, solo está ganando tiempo, pero tarde o temprano todos descubriremos que acaba ahí. Este es el problema, no es una cuestión particular, no es una cuestión individual", ha argumentado ante los medios tras reunirse con la portavoz del PSOE en Rivas-Vaciamadrid, Mónica Carazo.

El ministro considera que eso es "un peldaño más" en la subida de una cuestión en la que, a su criterio, la Comunidad de Madrid ha puesto "todos los recursos" para su defensa porque "sabe que es un asunto que no es personal". "Todos sabemos que el jefe de gabinete de Ayuso tenía grabado a la pareja como 'Alberto Quirón'. No le tenía grabado como 'Alberto Amador', no le tenía grabado como 'Alberto pareja de la presidenta'... Le tenía grabado como 'Alberto Quirón', por lo tanto, le tenía grabado sobre un asunto que es de competencia de la Comunidad de Madrid. De mucha competencia de la comunidad de Madrid", ha rematado el recién nombrado como líder de los socialistas madrileños.

"A Ayuso se le acumulan las explicaciones que dar"

Desde Más Madrid también se han pronunciado al respecto, con la jefa de la oposición en la Asamblea de Madrid y portavoz del partido, Manuela Bergerot, a la cabeza.

"Gracias a nuestra acusación popular, el novio de Ayuso va a tener que explicarle a la jueza por qué compró una peluquería sin valor por medio millón de euros y si esa operación oculta un soborno al presidente de Quirón Prevención por presuntamente facilitarle un pelotazo con mascarillas", ha recordado. "A Isabel Díaz Ayuso se le acumulan las explicaciones que dar. Alberto Quirón ya era su pareja cuando presuntamente cometió los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios", ha afeado.

"Cada vez es más insostenible el silencio de la presidenta sobre los presuntos delitos de su novio y los dos pisos que disfrutan, cuando todo apunta a que unos y otros están muy relacionados", ha sentenciado.

Los presuntos nuevos delitos de González Amador

Como se ha explicado en líneas anteriores, la pieza separada por la que se le ha citado para el 10 de abril se ha abierto para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L.", empresa del novio de Ayuso, "y su cliente Quirón Prevención S.L".

La resolución analizaba "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Masterman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados". Por su parte, la acusación popular entendía que, tras la simulación subjetiva de ese negocio jurídico, puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L., en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención".

Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención, o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".