La condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue provocando debate tanto por cómo transcurrió el proceso judicial y su resolución, como ahora continúa despertando controversia por otros elementos ligados a esta causa, que se tornó en uno de los casos más sonados en la historia reciente de la Justicia española. Muchos fueron los aspectos que rodearon al juicio que despertaron gran polémica y sorpresa: desde que fuera la primera vez alguien que ostenta este cargo se viera sentado en los banquillos de los tribunales a hechos que provocaron grandes críticas, como que no se tuvieran en cuenta las declaraciones de los periodistas que aseguraron que García Ortiz no filtró el famoso email. Si bien, los titulares en torno a este caso no cesaron con la sentencia del Tribunal Supremo, sino que siguen surgiendo circunstancias que elevan el ruido.
El ICAM, un agente fundamental en esta causa
Una institución que ha provocado polémica, y sigue surgiendo controversia en torno a ella, durante el transcurso del proceso judicial que se abrió a Álvaro García Ortiz fue el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Uno de los asuntos por los que esta entidad profesional copó titulares fue por el curso que celebró y en el que contrató a algunos de los jueces del Tribunal Supremo que estaban juzgando al exfiscal general del Estado. Este hecho fue muy criticado, ya que, antes de comunicar que se había tomado una decisión, uno de los magistrados que impartió el curso, entre risas, dijo que debía de marcharse porque tenía que redactar una sentencia, siendo esta la de García Ortiz. Una contratación la de estos jueces que provocó críticas, pues se entendió que podía ser un elemento adulterador del proceso al ejercer el ICAM como acusación popular contra el que fuera fiscal general en esta causa.
Ahora, el ICAM vuelve a ser protagonista, tal y como ha dado a conocer el periodista Ernesto Ekaizer, ya que pasará a jugar un papel en el proceso que dirimirá si se deberán abonar o no las costas procesales a Alberto González Amador. De esta manera, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid deberá de preparar un informe que podría ser relevante en las conclusiones de la jueza encargada de este asunto.
La primera denuncia a García Ortiz llegó del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
El caso, que pasó de presentar a Alberto González Amador como culpable de un delito contra la Hacienda Pública, como había confesado en un email que su abogado envió a la Fiscalía, a convertirlo en la víctima de una filtración de datos fue un importante motivo de debate en España. El novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía sus infracciones; sin embargo, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid difundió un bulo, a partir del cual se formó toda esta situación procesal, en el que aseguraba que era la Fiscalía quien proponía un pacto de conformidad a González Amador. Tras todas las sesiones celebradas en el Tribunal Supremo, García Ortiz fue declarado finalmente culpable al hallarle responsable de una revelación de datos reservados, al incluir en una nota de prensa que desmentía el bulo el correo electrónico enviado por el abogado del novio de Ayuso.
Desde un inicio, el ICAM tomó gran protagonismo en este caso. La de esta institución fue la primera querella que se presentó ante los tribunales contra Álvaro García Ortiz. La denuncia se presentó después de que el exfiscal general del Estado mantuviera una reunión con Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. En aquel encuentro, que tuvo lugar el 15 de marzo, en torno a un mes después de que estallara la polémica en torno al correo electrónico, García Ortiz propuso a los dos representantes de los abogados emitir un comunicado conjunto en relación los hechos conocidos. El ICAM rechazó emitir el comunicado y presentó la querella.
En el transcurso del proceso judicial, además de por ejercer la acusación popular y contratar a los magistrados del Tribunal Supremo que debían de decidir sobre el futuro de García Ortiz, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la cual mantiene una relación sentimental el todavía investigado Alberto González Amador, autorizó la creación del ICAM Centro Universitario. Este se trata de un centro educativo, de carácter privado, que se encuentra promovido, como su nombre indica, por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y adscrito a la Universidad Complutense (UCM), un lugar en el que se ofrecerán lecciones correspondientes al Grado en Derecho y másteres especializados. La autorización fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2025.
¿Será el ICAM imparcial en el informe de las costas procesales?
Además de todo esto, y algunos otros asuntos que también provocan cierta confusión, el ICAM volverá a intervenir en la causa que ha enfrentado en los juzgados a Alberto González Amador y a Álvaro García Ortiz. Recientemente, la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso ha pedido a la Sala Penal del Tribunal Supremo que el exfiscal general del Estado abone las costas procesales de González Amador. De esta manera, solicita a la magistrada el pago de 64.778 euros. Si bien, es la magistrada encargada de este asunto la que fijará la cantidad final.
Es aquí donde el ICAM vuelve a jugar un papel, ya que, tal y como ha explicado Ernesto Ekaizer, es previsible que García Ortiz impugne la petición de la defensa de González Amador, lo cual llevará a que sea necesario alcanzar un acuerdo. En este punto entra el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ya que para alcanzar ese acuerdo, se suele pedir a esta institución que emita un informe relativo a qué cantidad deberá marcarse.
Por todo lo mencionado anteriormente, Ernesto Ekaizer expresa dudas sobre si el ICAM podrá mantener una posición imparcial en este asunto a la hora de elaborar su informe, ya que, tal y como subraya, ha estado muy implicado en la causa, siendo evidente su perspectiva en relación a ella.