La Iglesia desahucia a Mariano (67 años) de la casa en la que lleva viviendo desde que nació

Mariano Ordaz tiene 67 años y desde que nació no ha conocido otra casa que la del número 1 de la calle Carnero, en la que aún reside. Vecino del barrio madrileño de Embajadores, se enfrenta a las que podrían ser sus últimas horas entre las paredes que le han servido de refugio desde antes de nacer. Allí vivió antes su abuela, luego sus padres y después él, pero se ha topado con la Iglesia, que quiere acabar con un hogar centenario para especular.

La Venerable Orden Tercera (VOT), una institución religiosa de franciscanos con una amplia cartera de pisos, es quien quiere acabar con la vida de Mariano expulsándolo a la calle y condenándole a abandonar el barrio que es su casa. Este viernes a las 7:00 horas está fechado el cuarto intento de desalojo, por lo que se espera un fuerte despliegue policial para evitar la resistencia vecinal. Hace poco más de 15 días, militantes del movimiento de vivienda consiguieron frenar la barbarie, pero el juzgado ha programado un nuevo lanzamiento.

Todas las instituciones del Estado, incluida la omnipresente Iglesia, contra un pensionista que percibe 600 euros mensuales y que, pese a todo, quiere hacer frente a la renta de alquiler. Los vecinos no están por la labor de permitir el desalojo de Mariano y volverán a oponer resistencia con sus cuerpos como única arma. No hay negociación posible porque la propiedad se niega, aludiendo a unas obras necesarias en el inmueble, pero que han obviado durante años, pese a que la integridad física del inquilino ha estado en peligro.

“El deterioro del edificio es resultado de años de falta de mantenimiento y dejadez por parte de la propia propiedad”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, en quien se ha apoyado Mariano para su lucha. “El inmueble presenta graves problemas estructurales y de salubridad, derivados de la falta de mantenimiento. Durante años, la vivienda ha sufrido importantes humedades y un deterioro progresivo que ha dejado inutilizables tanto el baño como la cocina”, exponen.

Una negligencia de la propiedad que pudo llevarse por delante la vida de Mariano el pasado 8 de noviembre, cuando se produjo el derrumbe del techo de la cocina mientras estaba en otra estancia. Esta decadencia de las instalaciones es la excusa que, además, los religiosos quieren utilizar como excusa para el desahucio. El plan era claro: desatender la vivienda hasta niveles de riesgo para la vida del inquilino y expulsarle apoyándose en la inhabitabilidad. Si bien desde un inicio se han negado a ofrecer un alquiler social al vecino.

Especulación santificada

La acumulación especulativa de un bien de primera necesidad contraviene directamente el voto de pobreza que pesa sobre la Orden Franciscana y el supuesto mandato de san Francisco de Asís. Pero, como es sabido, los mandatos religiosos son de obligado cumplimiento solo para aquellos que no tienen otra opción. Una evidencia constatada en la negativa a ofrecer un alquiler social.

Mariano, hasta hace nada, tan solo percibía 480 euros de subsidio y abonaba una parte proporcional del arrendamiento. Ahora que percibe ya su pensión de 600 euros puede afrontar la totalidad del alquiler, que asciende a la misma cantidad, y solventar su deuda. Pero nada de esto importa a la poco venerable orden, que ahora campa a sus anchas sin siquiera tener que respetar la insuficiente moratoria de desahucios que fue tumbada en el Congreso, por PP, Vox y Junts, hace menos de un mes.

“El caso de Mariano no será un hecho aislado, sino el primer ejemplo concreto de las consecuencias inmediatas del rechazo parlamentario a la moratoria antidesahucios”, anticipan desde el Sindicato de Inquilinas. “Mariano es el primero de una lista de 60.000 personas que pueden verse expulsadas de sus casas si no se adoptan medidas urgentes”, advierten de lo que sucederá. Si bien esto ya ocurría con el escudo social en vigor.

La de Mariano es la realidad de miles de personas que diariamente perecen en sus barrios, víctimas de la pobreza, la especulación y la inacción de las administraciones públicas. El casi inexistente abordaje político ni siquiera se respeta, la judicatura falla siempre en favor del poderoso y las fuerzas del orden acometen el mandato. La militancia obrera y la resistencia vecinal volverán a constituir la única y última línea de resistencia frente al poder sistémico.