La política de vivienda del Partido Popular, que pone las casas de los madrileños en las manos de los fondos buitre que las tratan como activos para hacer negocio, tiene nombres y apellidos. Son los de los vecinos, las personas que tratan de sacar adelante sus vidas, pero que acaban siendo las víctimas del enriquecimiento de los más poderosos. En la capital hay miles de ejemplos, pero este martes han alzado la voz los inquilinos de las 1.860 viviendas que el PP de Ana Botella puso en manos de Blackstone, uno de los principales fondos de especulación del mundo, y que ahora están en riesgo de quedarse en la calle. Su grito se ha colado de lleno en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde le han exigido al alcalde José Luis Martínez-Almeida que recupere sus casas para el parque público, "de donde nunca debieron salir".
La respuesta del PP ha sido la hostilidad ante quienes sufren las consecuencias de sus pelotazos. Los vecinos, y los miembros del Sindicato de Inquilinas que les ponen voz, han sido expulsados del Pleno por el presidente de la Cámara de Cibeles, Borja Fanjul, después de alzarse ante las palabras de un Almeida, que ha negado sus negocios con Blackstone. Lo han hecho lanzando sus reclamos en forma de papeles y al grito de "¡Yo soy Juan!", en referencia al burofax que ha mostrado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que recibió un vecino del PAU (Programa de Actuación Urbanística) de Carabanchel, uno de los bloques afectados.
Sin embargo, la censura del PP de Almeida no ha terminado de acallar su grito. Concentrados más tarde en la Plaza de Cibeles, frente al consistorio, los vecinos de estos bloques han seguido reclamando su derecho a quedarse en las casas en las que llevan décadas viviendo, que el Ayuntamiento de Ana Botella puso en el mercado de la especulación tras mentir a sus residentes, que eran beneficiarios de programas de alquiler social. Esto ocurrió en 2013, en plena crisis económica, y afectó especialmente a viviendas en zonas humildes de la capital como Carabanchel, Villaverde o Vallecas.
Mamen, del PAU de Carabanchel: "Yo llevo ya 20 años ahí viviendo. ¿Me marcho a otro sitio?"
Conocer su historia es conocer cómo afectan de verdad las políticas a la gente, en su día a día. Los que llevaban las pancartas y gritaban este martes desde la tribuna de invitados de Cibeles no eran políticos, no llevaban traje y corbata. Son trabajadores, padres, madres, jubiladas. Son personas normales y corrientes que se podrían quedar sin lo más básico por la codicia de unos pocos y el servilismo de los que gobiernan. ElPlural.com ha podido hablar con varios de ellos para poner cara, voz, nombre y apellidos a la situación de la vivienda en Madrid.
Muchas de las 1.860 viviendas públicas que el Ayuntamiento vendió a Blackstone en el año 2013 se encuentran en Carabanchel. En este distrito del suroeste de la capital se levantaron varios bloques de vivienda social para paliar los efectos de la crisis, que se terminaron vendiendo por menos de 70.000 euros cada una -y que ahora se quieren revender por el cuádruple- a este fondo de inversión.
¿Dónde me voy a ir? Yo ya estoy jubilada.
Mamen es una vecina de uno de estos bloques, en la calle Jacobeo. Está jubilada, y vive desde 2006 en Carabanchel. En su caso, el contrato no expira hasta 2029 -en algunos casos ya han empezado a recibir notificaciones-, pero con su renta, a día de hoy, sería incapaz de afrontar un alquiler en la ciudad de Madrid. Tiene más preguntas que respuestas:
PREGUNTA (P): Cuéntanos tu caso, ¿cómo estás tú afectada?
MAMEN (M): En el 2006 fui adjudicataria de una vivienda en el PAU de Carabanchel, de las 1.860 viviendas. Nos tocó una casa en alquiler. En el 2013, esas casas fueron vendidas, con lo cual nos engañaron, porque en el contrato ponía que eran diez años con derecho a compra. Nos enteramos en una carta en la que nos dice que va a cambiar el casero, como dijo ella [la entonces alcaldesa, Ana Botella], el nuevo propietario. Este nuevo propietario era Fidere, que pertenece al grupo de Blackstone.
A mí el contrato me cumple en el 2029. Entonces, claro, cuando lleguemos al 2029 y me digan que me tengo que marchar, ¿dónde me voy a ir? Yo ya estoy jubilada. Entonces, ahora, ¿dónde...? Lo que miro a mi alrededor son ya precios de 1.500, 1.600 euros al mes, y lo que me puedan ellos ofrecer, si es que lo ponen en alquiler, como lo están haciendo ahora, 1.500 euros. Mi sueldo no es ese, es que no llego ni a eso.
P: Entonces, ¿no tienes alternativa?
M: No, no, no. ¿Dónde me voy? ¿Me tengo que buscar a otro sitio? ¿Qué, irme también de Madrid, de mi barrio? Yo llevo ya 20 años ahí viviendo. ¿Me marcho a otro sitio? ¿Dónde? Es que a mí que me digan, que me den una solución. Y dicen que bueno, que desde aquí tenéis otro bloque, donde con unos precios más asequibles, puedes tener un alquiler. Pero es que no es así. Entonces, yo lo que quiero es que me den una solución. Y si no me dan una solución, yo me quedo en mi casa.
Rafa, vecino de Carabanchel: "Era vivienda pública a la que accedimos gente en situación desfavorecida"
Pero parece que veinte años no son suficientes para el PP. Son proyectos de vida que se podrían desvanecer si, cuando expiren los contratos de estos vecinos, los fondos continúan mercadeando con sus viviendas. Las plataformas piden que se respete el arraigo de estos inquilinos a sus barrios, y exigen a Almeida que recupere estos pisos para la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid), es decir, al parque de vivienda pública de la capital.
"Hemos venido al Pleno para reclamar al Ayuntamiento que recompre esas viviendas y las incorpora al parque de vivienda pública de la EMVS, del parque que nunca deberían haber salido. El motivo es que llevamos desde el año 2013 sufriendo abusos del fondo Blackstone, que es el propietario actual, con una continuada subida de alquileres, de desahucios invisibles, de los vecinos que no han podido pagar, las subidas, y ahora el tema que se nos viene encima es que quieren revender estas viviendas a otro fondo de inversión canadiense, a Brookfield, y lo que pretenden es echarnos de nuestras viviendas para vender una a una nuestras casas al mejor postor, en vivienda libre".
Rafa es también vecino de la calle Jacobeo, donde se ubica uno de los bloques del PAU de Carabanchel. Señala que los concejales del PP "son los culpables de esta venta desde el 2013", y deja claro que no les van a amedrentar: "Queremos dejarles claro a los fondos que no nos vamos a ir de nuestras casas, que nos quedamos y que vamos a estar luchando hasta el final", asegura.
Los vecinos de estos bloques, algunos arraigados desde hace dos décadas en el barrio, se han enterado de la venta a un nuevo fondo buitre "a través de los medios", cuenta Rafa: "A partir del mes de septiembre-octubre, empezamos a ver que había movimientos de Blackstone en la venta de viviendas", explica. "Sería una compra de estas 1.860 viviendas, más otras muchas más de la Comunidad de Madrid, a cuatro veces más de lo que en su día las vendió el Ayuntamiento de Ana Botella".
El consistorio de la popular vendió estas viviendas públicas a Blackstone en 2013 por menos de 70.000 euros. Sin embargo, su precio estimado trece años después oscila entre los 250.000 y 300.000 euros por vivienda. Las plataformas aseguran que el fondo buitre, que acostumbra a especular con los precios, las quiere revender a un precio entre 300.000 y 400.000 euros. Sus actuales inquilinos, los que vivían allí cuando los bloques se vendieron a Blackstone, recuerdan que ellos las consiguieron a través de programas de alquiler social, y que no se pueden permitir los precios actuales: "Lógicamente, ninguno de nosotros los vamos a poder asumir, porque era vivienda pública a la que accedimos gente en situación desfavorecida, no éramos gente con recursos suficientes", lamenta Rafa.