Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid han cargado contra el Gobierno de España por la acampada que desde la noche del sábado pasado reúne a cientos de personas en la Puerta del Sol para reivindicar el derecho a una vivienda digna.
La Autonomía, liderada por Isabel Díaz Ayuso, acusaba en las últimas horas al Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, de permitir la instalación de las tiendas de campaña en la céntrica plaza madrileña y de “lavarse las manos” al plantear que sea la Policía Municipal la que proceda el desalojo.
Fuentes del Ejecutivo autonómico contemplaban que “lo que está haciendo el Ministerio del Interior es ilegal” y que “las competencias son de la Policía Nacional”. Las mismas fuentes defendían que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “busca culpables y no encuentra soluciones” ante la continuidad de la acampada, que se mantendrá a menos hasta el próximo martes.
“Consecuencia directa de la dejación de funciones”
Por su parte, el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha mostrado también su “sorpresa” e “indignación” por la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ante la acampada que se prolonga durante un par de días para exigir el que denominan como el “decreto Maricarmen”.
El Ayuntamiento, que también acusó falta de control sobre la manifestación que el pasado sábado desbordó la ciudad y que transcurrió desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados, alude a una “absoluta negligencia y dejación de funciones” por parte de la Delegación que lidera Francisco Martín.
El equipo municipal establece que la acampada es “consecuencia directa de la dejación de funciones y la falta de diligencia de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior o quizás de la deliberada decisión de permitir que esto ocurriera, al dejar que se incumpliera la autorización otorgada a los organizadores de la manifestación, discurriendo la misma por lugares que no estaban autorizados”
Asimismo, indica que cuando empezaron los “asentamientos ilegales”, las autoridades -la Policía Nacional- se retiró de los emplazamientos, con lo que “el Ayuntamiento de Madrid exige a la Delegación y al Ministerio del Interior, una explicación, no solo de la falta de una intervención que evitara la acampada, sino también de la retirada de las unidades allí desplazadas”.
Del mismo modo, en Cibeles mantienen que es “la Delegación del Gobierno a quien le corresponde el control del orden público, especialmente cuando se refiere al derecho a la manifestación, como la ocurrido en este caso”, pero que el mismo, dice, “debe adecuarse a la comunidad por los organizadores y a lo así autorizado, algo que no ha sucedido en esta ocasión”.
El Ayuntamiento pide “reponer la normalidad”
Es inevitable mirar estos días a la Puerta del Sol y no acordarse del 15-M, no por el contexto de ahora y el de entonces, sino porque de nuevo la plaza es el epicentro de una lucha que traspasa las fronteras de la capital. Con esa fecha como referencia, el Ayuntamiento madrileño destaca que en 2011 “los desalojos fueron organizados y coordinados por la Delegación del Gobierno”.
“La Delegación del Gobierno no puede mirar para otro lado ni cargar a otra administración con los problemas que causa su incapacidad e incompetencia para realizar sus funciones, por lo que exige que aborden las consecuencias causadas por su dejación de funciones y repongan la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes”, apuntalan.
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