Retrasos en los tiempos de atención, colapso, listas de espera poco menos que infinitas o saturación de los profesionales de la psicología: esta es la realidad del sistema de atención a menores que han sufrido abusos sexuales en la Comunidad de Madrid.
De este modo, con tono directo y arrojando varios datos que dibujarían ese escenario, lo expresaba la diputada de Más Madrid, Diana Carol Paredes, en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales.
La representante del partido que a nivel regional lidera Manuela Bergerot daba buena cuenta de la gestión que, según las cifras que ella maneja y que puso sobre la mesa en sede parlamentaria, hace la administración Sol y, en última instancia, el PP al disfrutar de mayoría absoluta en la Autonomía.
7.000 derivaciones desde 2023 y 13 psicólogos para más de 1.000 casos
Paredes manifestó su preocupación por la privatización del CIASI (Centro de Intervención psicoterapéutica en violencia sexual infantil y adolescente) desde sus inicios, y aprovechaba que están a punto de cumplirse 20 años de su puesta en marcha para mencionar la creación de Barnahus, una respuesta que, siempre a su juicio, está complicando aún más las cosas por la forma en la que llegó, en su caso hace tres años.
“Hasta el año 2023, tanto la valoración como la intervención para dar atención asistencia integral a las víctimas de violencia sexual e infantil y sus familias se venía proporcionando íntegramente desde el CIASI (…) Desde su creación, hasta 2023 ha recibido más de 7.000 derivaciones, en su gran mayoría además de niñas”, señalaba, asumiendo que esto había “cambiado drásticamente en los últimos años”, en los que las derivaciones al primer organismo se han “reducido de manera considerable” después de que el PP “decidiera separar la parte de la intervención de la valoración”, creando así el Barnahus, también “de gestión privada marca PP”. Ello ha dado como resultado un “taponamiento” en las derivaciones de la también llamada casa de los niños hacia CIASI.
Los números que plantea son arrolladores: la lista de espera para atender presuntas víctimas de abusos sexuales en Barnahus oscila entre los 200 a los 400 casos o el CIASI dispone tan solo de 13 psicólogos para atender a más de 1.300 casos que reciben al año, atendiendo a los pliegos a los que se refiere Paredes.
Todo a la vez que casi 3 de cada 10 adolescentes declaran haber sufrido algún tipo de violencia sexual durante la adolescencia o la infancia, según revela el informe Prevalencia de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia, elaborado por SIGMA DOS, con una muestra de más de 9.000 respuestas de las cuales Madrid representa más del 16%. Además de estas cifras, la política apostilla que este año a fecha de hoy han llegado 200 casos más que el año pasado.
La 'trampa' para evitar hablar de listas de espera
La situación llevó a Paredes a plantear muchas preguntas al Director General de Servicios Sociales e Integración, Ignacio Ayres Janeiro que, sin embargo, salió por la tangente. Entre las cuestiones que Paredes echó en cara al responsable de la Comunidad de Madrid al que dirigió las cuestiones se encuentran la manera en la que a región ‘camufla’ las listas de espera. “Reciben un caso, y abren el expediente, con lo cual dicen que no hay lista de espera”, dictó, apoyándose en el modus operandi que, asegura, sigue la región en materia de dependencia.
También reprochó la decisión última del Ejecutivo en esta materia, que pasa por “sacar una nueva licitación y dividir en dos lotes el servicio” creando más centros -dos en este caso-, pero “sin aumentar apenas el número de profesionales”.
Paredes puso el ejemplo de Cataluña, donde existen 14 centros Barnahus, mientras que Madrid “solamente cuenta con un proyecto piloto, financiado con el fondo social europeo”. “Por mucha presión que ahora intenten meter en descongestionar los casos que tienen en Barnahus, van a tener el mismo problema porque van a aumentar las derivaciones al CIASI”, argumentaba preguntándose “cómo puede intervenir un psicólogo o psicóloga de manera eficaz cuando recibe evaluaciones de hace un año o año y medio” y proponiendo, en definitiva, aumentar el personal.
Paso del tiempo
“Tampoco le supondría mucho coste, porque también el CIASI se financia con fondo social europeo; o a lo mejor se pueden montar dos CIASI (…) ¿Cómo tienen pensado gestionar el volumen de casos que van a llegar al CIASI, o es que esperan que el ya sobrecargado se haga cargo de todas las derivaciones que van a llegar cuando abran los dos Barnahus”?
La representante de Más Madrid cerraba su intervención dejando constancia de que se trata de un “servicio saturado” que es imposible de subsanar con un proyecto piloto. “No sé si se puede imaginar lo que supone para una familia una llamada del CIASI diciendo que por fin se les ha reconocido la intervención para su hija, un año o año y medio después. ¿Cuántos pasos cree que empeoran por no recibir atención a tiempo? ¿O lo que supone que haya familias o niñas que tengan que vivir con su agresor, porque no hay forma de encontrar plazas ni viviendas en la Comunidad de Madrid?”, emplazaba.
“Para que luego diga la señora Ayuso que la gente no quiere tener casa. ¿A cuántos niños y niñas -especialmente- están llegando tarde o no llegan?”, lanzaba como última cuestión asumiendo que el Director General iba a hablar del Gobierno de España.
La Comunidad de Madrid responde con Cataluña
Efectivamente, Ayres no respondió de la Comunidad de Madrid, tampoco con el Gobierno de España, pero sí puso el foco en Cataluña, centrando su intervención en la referencia que la diputada había hecho sobre la Autonomía de Illa, algo que le dejó perpleja.
El receptor dijo que no iban a “poner de ejemplo a Cataluña en materia de infancia”, especialmente “después de las últimas noticias, donde se creaban plazas ficticias, donde el dinero ha desaparecido y los menores no estaban”.
De las pocas referencias que hizo a la Comunidad de Madrid, fue que actúa “conforme a lo establecido en la Ley 4/2023 de Derechos y Garantías de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia”, garantizando la protección de los menores “frente a cualquier forma de violencia sexual, a través de los sistemas y los recursos especializados”.
Aludió al recurso que lleva en funcionamiento desde 2006, el cual “ha permitido consolidar un modelo basado en la especialización interna, displicencia, disciplinariedad y el trabajo en red, convirtiéndolo en un pilar fundamental de la reparación del daño, la protección de los derechos de los niños”.
Asimismo, ensalzó frente a las críticas el sistema Barnahus que, en su defensa, está “adaptado a las especificades de la Comunidad de Madrid” y complementa el CIASI. “Este piloto se constituyó como un recurso de primera atención a los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, y modificó su denominación y objetivos para completar la actuación. (…) Proporcionan un tratamientos y cooperar psicoterapéutico a menores de edad víctimas derivados de Bernard Majaos y realizando la valoración psicológica de menores de edad con conductas sexuales problemáticas y proporcionando el tratamiento es necesario, decía, si se ofrece además la intervención social orientada jurídica y formación, asesoramiento a los profesionales de la red”.
Arrojo igualmente algunos datos como que la ciudad ha atendido a 744 menores de edad y efectuado 5.113 intervenciones correspondientes a 3.889 con menores de edad y 1224 con familias, cerca de un 24%. El 99,2% de esas, según las cifras que contempla Madrid, se han realizado en el servicio de intervención psicoterapéutica de estas intervenciones con menores; un 77,5% se realizó con menores de edad víctimas y un 22,5% con menores de edad con conductas sexuales problemáticas.
En último lugar, complementa que el 93,3% de las intervenciones fueron útiles para la vida de quienes acudieron a ellas y el 90% consideran una mejor situación de bienestar. “Por lo tanto, los datos facilitados muestran el cumplimiento de los objetivos fundamentales del recurso, proporcionar esa atención psicoterapéutica especializada, favorecer la recuperación emocional, reducir el impacto traumático, acompañarán a las familias y mejorar la coordinación interinstitucional en la Comunidad de Madrid”.
Caso Alborada
Las críticas lanzadas por parte de Más Madrid coinciden con las vertidas por algunas familias del colegio Alborada, en Alcalá de Henares. Voces que denunciaron presuntos abusos por parte de un excuidador del centro a sus hijos lamentaron también falta de actuación de los organismos a los que acudieron, entre ellos Barnahus.
Los pormenores del que puede bautizarse como caso Alborada fueron destapados por este periódico, que accedió a numerosa documentación entre la que se encuentran mails internos, además de hablar con fuentes que denunciaban un posible encubrimiento por parte del espacio académico que, según la versión de las víctimas, habría expulsado al cuidador meses después de recibir la voz de alarma. En los documentos y fuentes de las que dispone este medio de comunicación se superponen denuncias o testificales de padres y docentes en las que se mezclan voces que reconocen comportamientos “extraños” por parte del cuidador, con otras que indican que éste no tenía “intenciones lascivas”.