El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a maniobrar en contra de la educación pública. Profesores y sindicatos educativos han mostrado preocupación y enfado contra el Ejecutivo de la Puerta del Sol después de que hayan sido estos profesionales los que han tenido que hacerse cargo de la corrección de pruebas censales y diagnósticas realizadas a cursos de Primaria y Secundaria en toda la comunidad autónoma pese a que, tal y como reza en el Portal de Transparencia, esta tarea iba a recaer en una empresa privada a la que se le iba a adjudicar un contrato valorado en 1,2 millones de euros. Como resultado, los docentes sobre los que ha recaído esta tarea no han sido recompensados económicamente.
En la fecha del anuncio, el 5 de marzo, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a cargo de Emilio Viciana, el contrato a una empresa privada de la que no ha trascendido el nombre consistía en “prestar un servicio de asistencia técnica para la celebración y corrección de las pruebas censales y diagnósticas a alumnos de 4º y 6º de Educación Primaria y 2º y 4º de Secundaria en la Comunidad de Madrid en 2024” para las materias de Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés, Geografía e Historia. Este apoyo, en concreto, se sustentaba en “la realización, tabulación, documentación y análisis de los resultados en el desarrollo de la aplicación y corrección de las evaluaciones”, incluyéndose a su vez la disposición de una “plataforma informática” para tratar “los resultados obtenidos”. La empresa en cuestión se encargaría de “corregir todas las preguntas, incluidas las semi-abiertas y las de expresión escrita”. Ha sido este último punto el que ha generado enfado entre los profesionales de la enseñanza pública ya que, finalmente, fueron estos mismos los que se hicieron cargo de todo el proceso de corrección pese a la promesa del Gobierno de Ayuso.
Según reza en Transparencia, la adjudicación tenía una duración de cuatro meses y el valor estimado era de 1.212.631,74 euros. Posteriormente a la publicación de este primer anuncio en marzo, el Ejecutivo de la Puerta del Sol volvió a publicar este miércoles en el Portal de la Contratación Pública que dicha adjudicación "no se va a llevar a cabo". De esta manera, todo ha quedado en el aire, dejando a los docentes de la pública con toda la carga de trabajo y sin una respuesta clara por parte de la Administración.
Debido a que el Gobierno madrileño terminó por dar marcha atrás a esta adjudicación y toda la tarea práctica recayó sobre los profesionales de la educación pública, inmersos en jornadas de huelga y en la recta final del curso y las evaluaciones finales, de parte de muchos centros de Primaria y Secundaria han impulsado cartas y quejas dirigidas a la Consejería de Educación en aras de reclamar explicaciones al respecto.
Los profesores de la pública se plantan
Pese a que el plan de privatización del Gobierno de Ayuso con las correcciones de estas pruebas censales y diagnósticas no salió adelante, los docentes de la pública demandan respuestas por haber realizado una tarea por la que no han visto recompensa económica. Este periódico ha tenido acceso a una de las cartas que ha remitido uno de los centros afectados, el IES Gabriel García Márquez de Madrid, en la que los profesores hacen traslado de su “intenso malestar” en relación con las correcciones de estos exámenes. El resultado de la misma, aseguran, “no responde a una planificación rigurosa” y advierten de que han “atentado” contra sus “derechos laborales” y han establecido “desigualdades” entre compañeros.
"El procedimiento previsto en la Resolución del 16 de abril resulta contradictorio con ese objetivo, creemos que en lugar de beneficiar al sistema lo daña de forma irreversible cuando la realización de las pruebas y su corrección implican un ataque y un abuso contra los docentes que deben sostener el sistema", reza la misiva enviada a Educación. Además, dan cuenta de que el plan de la Consejería tenía "unos gastos previstos para financiar esa corrección" -los mencionados 1,2 millones de euros- y que se ha terminado reduciendo "a cero un mes después y sin ninguna explicación". Como consecuencia, las correcciones en los centros educativos públicos de la autonomía ha hecho que sus profesionales vean "aumentada su carga de trabajo de unos departamentos a otros, creando desigualdades laborales insoportables, injustas e injustificadas".
Como razón de ser del malestar principal de los docentes, instan al Gobierno de Ayuso, en aras de hacer el procedimiento de la manera más adecuada, a "solicitar voluntarios para corregirlas y remunerar correctamente ese trabajo extraordinario que ahora exigen". En los mismos términos, concluyen dando cuenta de la situación actual a la que se enfrenta el sector educativo en la Comunidad de Madrid: "Estamos desbordados, al límite y sentimos indignación con esta resolución que pone la puntilla a la situación que vivimos desde hace años", concluye la carta.
En los mismos términos se ha pronunciado otra de las profesoras afectadas por este proceso. Desde el IES Dionisio Aguado de Fuenlabrada, asegura esta fuente en conversaciones con ElPlural.com que estas pruebas externas se realizaron hace un mes por “orden directiva”, siendo el profesorado el que se encargó de dichas correcciones no cobró. La tarea de los profesionales de la pública no sólo radicó en las correcciones, sino en pasar “pregunta por pregunta” -unas ocho por cada alumno- por un programa informático para dar cuenta de los resultados. “Una locura de trabajo”, señala la docente. En este sentido, remarca que, después de que el trabajo quedara hecho, el domingo 26 de mayo empezó a circular por WhatsApp la inquietud de los profesores: “Nadie sabe nada. No se sabe dónde está la partida presupuestaria”, añade la docente consultada por este periódico. De parte de este centro educativo, la fuente consultada también ha adelantado la intención de poner una “reclamación masiva” en aras de obtener respuestas. “No hay nada claro. ¿En la educación privada quién ha pasado las pruebas? La cosa se enturbia cada vez más”, reitera.
No sin quedar en este punto, el testimonio de otra docente del IES Jaime Ferrán de Collado Villalba sostiene en declaraciones a este periódico que, en otros años previos, por esta misma tarea de “aplicación y corrección” los profesores voluntarios eran remunerados con un extra que oscilaba entre los 100 y 400 euros. “Lo hemos hecho gratis, en contexto de huelga y en fin de curso”, ha condenado.
Ahora, con esta serie de reclamaciones por medio de cartas y quejas conjuntas dirigidas a la Consejería del Gobierno de Ayuso, los docentes de la enseñanza pública madrileña tratarán de depurar responsabilidades y pedir explicaciones por una tarea de arduo trabajo por la que no han recibido el consiguiente gratificación.
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