Izquierda Unida Alcalá (IU) ha exigido en las últimas horas a la Comunidad de Madrid que rompa el concierto educativo con el colegio Alborada, de carácter concertado y con vínculos al Opus Dei tanto por su construcción, realizada por la Fundación Tajamar, como por el servicio que actualmente prestan sacerdotes de la prelatura para la atención pastoral del alumnado y familiares, como reconocieron desde la oficina del Opus Dei en nuestro país en declaraciones a ElPlural.com., después de las exclusivas publicadas por este periódico sobre presuntos abusos sexuales a menores de entre tres y seis años
La formación apela a una grave vulneración del artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en caso de que se confirme que no se activaron los protocolos.
El coordinador local de IU, David Cobo, aseguraba que “la región y el Ayuntamiento no pueden ponerse de perfil” y señalaba que el concierto “debe ser roto y pasar a ser un centro de gestión 100% pública” tras las informaciones que, apoyada en múltiple documentación (denuncias, testificales, mails internos y testimonios en primera persona), confirmarían la inacción de los responsables escolares.
ElPlural.com se ha dirigido a la Consejería de Educación para saber si la Autonomía había sopesado esta medida, pero, en el momento de publicación de estas líneas, no ha obtenido respuesta.
Cabe señalar que los terrenos sobre los que se levantaron La Alborada fueron cedidos por el gobierno de Esperanza Aguirre en 2009. Entretanto, el partido alude indica que en la zona norte del municipio, concretamente en los barrios de Espartales, Ensanche y Las Sedas, solamente hay tres espacios académicos públicos por cinco de titularidad privada; un escenario que, aseveran las siglas, condiciona a muchas familias a la hora de escolarizar a sus hijos.
La Comunidad de Madrid bloqueó preguntas parlamentarias en la Asamblea respectivas al caso registradas por Más Madrid “por no referirse su objeto a un asunto del ámbito regional, sino de un centro privado”. Asimismo, el entorno de las posibles víctimas detalla las dificultades con las que se han encontrado al intentar cambiar a sus hijos de colegio, un asunto que en última instancia depende de la Dirección de Área Territorial (DAT) y cuya gestión varias fuentes relacionan con el hecho de que el subdirector del Alborada, Javier Doncel, sea a su vez alcalde de Anchuelo (Madrid) por el PP. “El veto de las preguntas o los cambios de matrícula deben tener una explicación más allá del poder del Opus”, señalan.
En relación con los abusos sexuales a menores en centros escolares, la Confederación Autonómica de AMPAS y FAPAS de la región (CONFAPA) lamentaba en conversación con este medio de comunicación que los protocolos escolares por parte de la Comunidad de Madrid (sea para bullying, abuso sexual o laboral) fallan.
Afean, entre otras cuestiones, que en las reuniones que han mantenido con la administración Sol los de Isabel Díaz Ayuso aportan datos que no se creen. “Nos dijeron que el 90% de los casos que empiezan como presunto acoso, terminan por no serlo; y evidentemente no nos los creímos”, apuntala.
“Lo primero que hacen los familiares ante indicios de agresión sexual es hablar con el tutor, después con el jefe de estudios, más tarde con la dirección del centro y, finalmente, con la inspección (…) El último recurso que utilizas es abrir un protocolo de acoso”, expone Fernando Mardones, portavoz de CONFAPA evidenciando que “para llegar hasta eso tienes que tener la capacidad de saber que es un desgaste y el coste personal que supone tanto para ti como para el menor”.
Por ello, y porque considera que los docentes no reúnen las aptitudes “por falta de tiempo” suficientes “para formar parte de una comisión de valoración de casos por acoso escolar” piden a la parte damnificada que “acudan directamente a la Fiscalía o a una comisaría” porque, en muchos cosas, las herramientas “solo se activan cuando hay una pérdida humana”.
Atendiendo a la documentación a la que ha accedido ElPlural.com, el ‘caso Alborada’, actualmente aún judicializado, encuentra su origen “aproximadamente” en septiembre de 2024, aunque no es hasta mayo del año siguiente que el colegio procedió a su despido. Además, los familiares hablan de los pocos recursos que desde el espacio pusieron a su disposición y de que la poca ayuda que les llegaba era con terapeutas y profesionales “afines” al centro o la orden.
Si está afectado/a por el 'caso Alborada' y no sabe dónde acudir puede dirigirse a las siguientes direcciones:
- Correo Electrónico: afectadosalborada@gmail.com
- X: @afect_alborada
- Instagram: afectadisalborada_