Hay muchas incógnitas alrededor del ático de lujo que la Comunidad de Madrid adquirió para que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, utilizara para desempeñar su trabajo durante el tiempo en el que, según la versión oficial, durasen las obras de la Puerta del Sol, todavía sin licitar.
Únicamente hay tres cuestiones que se saben con certeza: alguien dio la orden de compra del inmueble, situado en el pudiente barrio de Chamberí, y el consejo de administración o el consejero delegado de la empresa pública Planifica Madrid tuvieron que aprobarla. Y en el proceso se tuvieron que dar una serie de requisitos.
Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se niega a identificar a quienes hicieron posible que la compra del ático fuese una realidad; a esos cooperadores necesarios para que la operación se produjese.
Ley en mano
Planifica Madrid es una sociedad mercantil que se rige por el Derecho Privado, como refleja la compañía en sus cuentas anuales, pero también debe cumplir con determinadas normas “en materia de contratos del sector público” y con “ciertas disposiciones de ámbito administrativo e institucional” de la legislación autonómica al encontrarse “participada por la Comunidad de Madrid”.
La norma madrileña a tener en cuenta es la Ley 3/2001 de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. El artículo 2.3 de esta normativa concreta que “los bienes y derechos de las sociedades mercantiles de la Comunidad de Madrid no quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley”. De acuerdo a ello, no se podría aplicar a la empresa que compró el ático el artículo 42.2 de la Ley, en el que se detallan una serie de requisitos que pueden permitir de forma excepcional la adquisición directa de un inmueble. Esta forma de proceder supone saltarse el concurso.
Si se atiende a la Ley de Contratos del Sector Público, ésta deja fuera de su ámbito de aplicación “los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre vienes inmuebles”, lo que podría también dejar fuera la adquisición del polémico inmueble.
La operación realizada por la Comunidad de Madrid permite una mayor opacidad al estar sujeta principalmente al Derecho Privado, lo que explicaría la ausencia de un expediente administrativo.
Pero esto no quiere decir que la compra pueda eludir las exigencias de actuación del sector público, al que pertenece la firma. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la relación de las actuaciones de Planifica Madrid con el interés general, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Española.
Esto, tal y como afirma el diario Público, que ha llevado a cabo este trabajo de investigación jurídica, supone que la empresa tendría que haber realizado, por lo menos, una tasación independiente para demostrar que el precio que se pagó por el ático era realmente el precio de mercado. También debe haber un informe que justifique la necesidad de la acción por parte de la entidad pública.
Nombres clave
¿Quién o cómo se tomó la decisión? No se sabe con lujo de detalle, pero es posible confirmar que tuvo que decidirse mediante un acuerdo formal que justificase la operación, y que pudo haber sido adoptado por el consejo de administración de la firma o por su consejero delegado.
El segundo es Pedro Corbalán Ruiz, desde julio de 2023. Entre sus facultades, atendiendo a la página web de Planifica Madrid, se encuentra la de “realizar actos y contratos sobre bienes o derechos, mediante los pactos o condiciones que juzgue convenientes, pudiendo adquirir, gravar y enajenar por cualquier título bienes muebles en el precio y demás condiciones (…) que libremente se convengan”.
El consejo de administración está formado por él y ocho altos cargos o directores generales del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, dos de ellos trabajan en la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Se trata de Miguel Ángel García Martín -presidente del consejo y consejero del órgano autonómico- y de José Antonio Sánchez Serrano, viceconsejero.
García fue quien anunció, un día después de que se conociera la noticia de compra del ático y la polémica que ello generó, que había “dado instrucciones” a Planifica Madrid para que pusiera a la venta “cuatro inmuebles” situados en Gran Vía y “el situado en el Paseo del General Martínez Campos”. Justificó que, con esos 20 millones aproximadamente de euros que sacarían -según la cifra que él dio- se ayudaría “en la recuperación de las zonas que han sido devastadas por los incendios”.
Lo cierto es que Planifica Madrid ni siquiera dispone de cuatro inmuebles en la céntrica vía madrileña, sino que tan solo tiene uno. Se trata de unas oficinas en el número 6 dividido, eso sí, en cuatro fincas diferentes en el Registro de la Propiedad, tal y como desvelaba el mismo medio mencionado anteriormente en las últimas horas.
Acorralada por la polémica
En cualquier caso, la mayor evidencia es que la opacidad en torno al ático es más que una realidad que debilita a Ayuso como nunca en varios frentes paralelos, con una oposición que se ha lanzado con todas las herramientas parlamentarias e incluso jurídicas, en el caso de Más Madrid de las que dispone, y un PP en el que algunas voces mostrarían su malestar después del último escándalo de la baronesa.
Entretanto, Ayuso sigue sin dar explicaciones. Al conocerse la noticia, enmarcó todo en una “campaña de desprestigio” contra ella por parte de los medios de comunicación y se limitó a señalar que el inmueble se utilizaría para “reuniones”. Ni siquiera aclaró si sería ella quien se desplazaría a él o si, por el contrario, lo haría alguien de su equipo.
Ya después del anuncio de venta, el pasado domingo reaparecía, pero las explicaciones brillaron nuevamente por su ausencia. La lideresa regional solamente dijo que el ático “está en venta” y que servirá para “reforzar la reconstrucción” de la Sierra Norte. “También hemos puesto a la venta otros cuatro inmuebles que están en Gran Vía, y con estos más de 20-22 millones de euros aproximadamente, reforzaremos la reconstrucción”, insistió.
En medio, han pasado más cosas. ElPlural.com informó en exclusiva de que el piso en el que viven la presidenta y su pareja estaba en venta, y después El País reveló que lo estaba también el ático que se situaba justo encima. Por ambas operaciones, el novio de Ayuso, Alberto González Amador, podría embolsar 3,4 millones de euros.
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