La hoja de ruta de la Comunidad de Madrid en materia tecnológica dentro de las aulas es clara: limitación de su uso. De esta manera lo ha dejado patente el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en varias ocasiones, tanto en lo discursivo como a la hora de legislar.
Una prueba de ello es que hace cosa de un año el Ejecutivo regional anunció la prohibición de que los alumnos de centros de educación Infantil y Primaria públicos y concertados utilicen de forma individual ordenadores, móviles o tablets.
Con su entrada en vigor para este curso, la capital ha sido la primera Autonomía en ejecutar esta decisión. Además, limitaba el tiempo de pantalla compartido a un máximo de dos horas a la semana, prohibiendo tareas en casa que requieran de tecnología.
La dirección tomada por la administración de la Puerta del Sol, pionera en este asunto, choca frontalmente con la inversión que realiza para este tema. Según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 19 de marzo, la Consejería de Digitalización gastará 7,7 millones de euros en el suministro de herramientas que abarcan desde tablets hasta robótica, pasando por impresoras 3D e incluso consolas. Así figura en el contrato “Suministro de equipos tecnológicos (Fase II)”.
El montante, de 7.743.679,99 euros, se divide en trece lotes que el sindicato limita a tres para agrupar contenidos. Uno de ellos, de más de 185.000 euros, contempla la adquisición de tablets y computación; otro, de 333.577, 42 euros, que incorpora consolas de videojuegos; y el último, de 3,3 millones de euros -la mayor cuantía-, se destina a ampliación de robótica en Infantil y Primaria. La resolución está prevista para el mes de mayo.
"Los centros no saben nada"
Comisiones Obreras (CCOO) es el sindicato que ha alertado antes de este escenario, calificándolo de “incoherente”. Aida San Millán, Secretaria General de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos del agente social en la región madrileña lamenta en conversaciones con ElPlural.com la discordancia entre la teoría y la práctica, así como la falta de control con la que, asegura, opera la Autonomía.
“Los centros no saben nada. No hay un marco pedagógico”, señala. “Ni siquiera existe el acompañamiento docente necesario para el uso de las tecnologías. Sin embargo, ante la opinión pública lo presentan como que los centros educativos de la Comunidad de Madrid se quedan fuera del uso de la tecnología, estigmatizando incluso el uso de las mismas”, subraya San Millán, aludiendo a esa doble vara de medir en la que CCOO centra buena parte de su crítica.
La secretaria general en términos educacionales del sindicato explica a este periódico que los espacios escolares “vienen años” quejándose de que “les mandan dispositivos tecnológicos que guardan en salas o carros porque no les indican para qué sirven ni cómo usarlos”, e insiste en que, mientras tanto “estigmatizan” el uso de estos aparatos.
"Justificar" fondos del Gobierno central
El agente social sospecha que la administración Sol actúa de este modo para “justificar” los fondos del Código Escuela 4.0, un dinero que llega desde el Gobierno de Pedro Sánchez transferido desde Europa para mejorar la Educación.
“Estas compras millonarias parecen más buscar la justificación de los fondos de ese programa que el beneficio del alumnado”, sostiene la fuente principal de este artículo, quien deja claro que la prioridad ha de ser la educación pública: “(Y esta) necesita estabilidad y criterios pedagógicos, no decisiones que conviertan nuestras aulas en escenarios de ensayo”.
Uso regulado
Entrando un poco más al detalle sobre la manera en la que se emplea el material en los colegios e institutos y, en general, la manera en la que se organiza una clase, San Millán concreta que el profesorado se rige “por licitaciones” que indican “cómo ejecutar cada uno de los procedimientos pedagógicos o didácticos”. “En cuanto a la programación, la impartición de materias… se deben fijar unos contenidos, unos objetivos, unos criterios de evaluación, que los marca la ley”.
De esa manera, en el momento en el que se utilizan materiales de cualquier tipo, “todo el que sea externo tiene que estar regulado”. “Es decir, aunque a mí me manden la mejor impresora 3D del mundo, no puedo incorporarla en mi programación sin que la Consejería de Educación y la inspección educativa autoricen un plan para ello”, ejemplifica.
Ese plan, dice de forma directa, no existe. Simple y llanamente. “¿Dónde se va a guardar el material?”, pregunta. “Los directores están especialmente sensibles con este tema, porque no tienen más espacio y no saben para qué se gastan ese dinero en algo que no se usa, cuando hay otras necesidades que llevan años pidiendo”.
“Hay centros que tienen grietas, desde la base hasta el tejado, que ponen en riesgo la seguridad y la salud del alumnado y del profesorado, pero ven cómo pasan millones de euros delante de ellos en aparatos que se quedan en salas porque no hay un plan ni proyecto sobre ello”, apostilla.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con la Consejería de Digitalización para conocer su versión y ha obtenido la siguiente respuesta: "Están mezclando dos cosas distintas. Lo nuestro es el desarrollo de las competencias relacionadas con el pensamiento computacional y la programación. Siempre desde un uso responsable".
Aunque el anuncio es de Digitalización, este periódico ha preguntado también a la Consejería de Educación por si tuviera algo que decir al respecto o quisiera añadir algo y, en el momento de redacción de estas líneas, no ha obtenido respuesta.