El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha pedido este miércoles al juez Antonio Viejo, en la causa por la que se investiga presunta corrupción en los negocios, que permita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a los requerimientos de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Bajo esta premisa judicial, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha marcado distancias desvinculándose del caso, pese a la cercanía con su presidenta.
En voz del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha precisado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles que el empresario “no tiene ningún tipo de relación” con el Ejecutivo madrileño y que, por ende, “no valoran” decisiones judiciales.
“Nosotros no valoramos las decisiones judiciales que pueda o no adoptar un juez. Eso está en el marco de sus competencias y, sobre todo, sobre una persona que no tiene ningún tipo de relación laboral ni contractual con la Comunidad de Madrid. Ni la ha tenido ni la tiene en ningún caso, ni en ningún momento”, ha precisado a preguntas de la prensa.
De la misma manera, ha regresado al argumentario de que González Amador es una persona particular que se está defendiendo “por sus propios medios”, calificando de “operación de Estado” la que se está fraguando contra él y, con más énfasis, contra Díaz Ayuso “utilizando la propia Fiscalía General del Estado”.
La causa del novio de Ayuso y la investigación de la UCO
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha admitido a trámite este miércoles un recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del instructor Viejo de rechazar la petición de la UCO de la Guardia Civil para recabar información tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social en la investigación que afecta a González Amador. Y, posteriormente, el principal afectado ha pedido celeridad al magistrado en el proceso.
En el escrito, presentado por la defensa del empresario investigado, se recoge que su parte “no se opone a que se proceda conforme impulsa el Ministerio Fiscal y que se practiquen los requerimientos a la TGSS y la AEAT, y se ponga su resultado a disposición de la fuerza actuante a la mayor velocidad posible”.
Tras meses de bloqueo, el magistrado Antonio Viejo dio luz verde a que la UCO accediese a las cuentas bancarias de González Amador. Asimismo, y a raíz de un informe de la Agencia Tributaria, aparecieron informaciones sobre 4,4 millones de euros que éste facturó de la sanidad privada en los años en los que ya era pareja de Díaz Ayuso.
La UCO, por su parte, le ha recordado al magistrado instructor sobre esta causa que, además de las 17 cuentas bancarias y dos depósitos a investigar, se han pedido más pesquisas aún pendientes. Además, los agentes requirieron conocer con mayor detalle la información tributaria del empresario y el resto de implicados en la causa.
El escrito se remite al auto del pasado 10 de junio, en el que el juez instructor autorizó investigar estas informaciones bancarias, aunque se matizó como “indispensable” que se añadiese la parte tributaria para llevar a cabo “un análisis de la operativa económica” del investigado. Con el bloqueo de meses, el magistrado Viejo impidió que la UCO pudiera estudiar “flujos no declarados” en las cuentas del novio de la presidenta madrileña.
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