Después de meses de negociaciones y un intento fallido por la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha dado portazo al Ministerio de Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para la reunión que se celebrará este viernes, donde se debatirá el nuevo sistema de financiación autonómica.
El Ejecutivo de la Puerta del Sol ha denunciado así en un breve comunicado que se ha pactado “de manera bilateral y a espaldas” del resto de las autonomías, considerando así que se trata de un sistema “que rompe con la igualdad de todos los españoles y persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y ha seguido intensificando” el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa.
De esta manera, hacen saber que su posición no ha variado con respecto a las reuniones internas que se mantuvieron con la dirección de Génova y el resto de consejero de Economía y Hacienda del PP: “La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya quorum en la reunión. La ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas”, han referido, una posición que ha sido comunicada a la dirección de Alberto Núñez Feijóo.
Sin ir más lejos, la propia Ayuso ya vino deslizando en julio que esta reunión era “un engaño” con el que el Gobierno buscaba “comprar voluntades” con sus socios e imponer techos de gasto que consideran “inasumibles” para las comunidades autónomas.
Hacienda se vio obligada a aplazar la reunión
Los planes del Gobierno central eran haber cerrado el nuevo sistema de financiación autonómica antes del parón del verano, pero fue un intento que quedó en papel mojado debido a la negativa del PP al planteamiento que se presentó. La intención del Ministerio de Arcadi España era completar la tramitación antes de finalizar el 2026 y que el sistema entrase en vigor el 1 de enero de 2027.
Debido a que la negativa de las comunidades del PP fue inamovible con respecto a lo planteado, Hacienda se vio obligada a finales de julio a mover la reunión para estos inicios de septiembre, ya entrado el nuevo curso político. El ministro defendió entonces que este movimiento también fue reflejo de la voluntad del Gobierno de continuar con la mano tendida en las negociaciones y el diálogo, confiando en que en esta próxima ocasión primaran los intereses de los ciudadanos a los de Génova, aunque en el caso de Madrid no ha sido como tal.
El ministro España recordó a su vez que la reforma del sistema propuesta por Moncloa permitirá a los territorios disponer de 20.975 millones de euros adicionales para fortalecer los servicios del Estado del Bienestar.
Cabe recordar que las comunidades del PP enviaron una misiva a Hacienda mostrando sus inquietudes y reiterando su decisión de aplazar la reunión a septiembre, pese a que previamente se les envió un borrador del acuerdo provisionales, las actas de las reuniones y un cálculo estimado del impacto de las nuevas cuantías por cada territorio.
Sobre el fondo y la forma de este procedimiento para que el nuevo sistema de financiación salga adelante, es necesario recordar que el Gobierno dispone del 50% de los votos del Consejo y necesitaría que al menos una comunidad respaldara la propuesta para obtener el visto bueno. Ese apoyo, previsiblemente, procederá de Cataluña, el único territorio que avaló el planteamiento inicial. No obstante, una victoria en el CPFF tendrá un valor principalmente político: la verdadera prueba llegará en la votación del Congreso de los Diputados.
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