El Gobierno de Ayuso confiesa la "imposibilidad" de garantizar plenamente el aborto en centros públicos

Las Comunidad de Madrid es uno de los territorios de España donde las mujeres gozan de menos derechos. Después de conocerse que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza dos de cada tres solicitudes de ayudas para víctimas de violencia de género, pese a que están financiadas por el Estado; el propio Ejecutivo regional reconoce que tampoco puede asegurar el derecho al aborto en algunos hospitales públicos.  “En algunos hospitales de la región”, expone el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), “no se puede asegurar”.

La información, desvelada este jueves por el periódico El País, confirma las múltiples denuncias realizadas por numerosas asociaciones y mujeres particulares desde hace años, que ganaron fuerza con la negativa de la baronesa del Partido Popular (PP) a implementar un registro de objetores de conciencia. Es más, la propia Comunidad de Madrid ha reconocido este cercenado de derechos para justificar la suscripción de un nuevo contrato con una empresa privada sanitaria, una práctica habitual de la Administración comandada por la lideresa del PP.

El escándalo ha estallado por la licitación de un contrato para que un centro externo privado realice las interrupciones voluntarias de embarazo que deberían acometerse por el servicio público del Hospital Universitario de El Escorial. La principal causa señalada para que este derecho no se garantice de forma pública a las mujeres es, según el propio pliego, “el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario”. De existir un registro de objetores, ningún hospital se enfrentaría a que la totalidad de sus profesionales habilitados renegases de realizar estas intervenciones, pues existiría un reparto óptimo de objetores y no objetores.

“Esta decisión responde también a la imposibilidad del Servicio Madrileño de Salud de asumir la totalidad de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo incluidos en la cartera de servicios”, ahonda el pliego. Por ello, justifican, “es necesario recurrir a la contratación de centros acreditados externos para garantizar el acceso efectivo”, debido a “la imposibilidad actual de asumir estos procedimientos en su totalidad”. El reconocimiento de dejación de funciones por parte de la Comunidad de Madrid que, como es habitual en la región, beneficia a empresas privadas.

No obstante, este no es un problema del Hospital Universitario del Escorial, sino una evidencia del ataque a las mujeres que el Ejecutivo de Ayuso desarrolla sistemáticamente. Así se desprende de las cifras, que confirman que, en 2024, el 99,5% de los abortos tuvieron que realizarse en centros privados. Cunado la oposición le ha reprochado estos datos y las dificultades para interrumpir el embarazo en la Comunidad, Ayuso se ha limitado a mandar a sus ciudadanas a otras regiones. “¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”, llegó a pronunciar en la Asamblea de Madrid.

La intencionalidad es evidente y muestra de ello es que un contrato similar se emitió desde el Hospital Universitario Infanta Cristina hace casi un mes, pese a que finalmente no se suscribió. Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad niegan la mayor. “En cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid puede darse esta prestación. Igual que el Sermas garantiza la prestación, garantiza igualmente la absoluta libertad y derecho de que el médico pueda objetar”, asegura Fátima Matute a El País, pese a que es evidente que no es cierto.