Tal y como se refleja en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entregará a diferentes empresas privadas la explotación de más de 500 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible para que sean estas las que inviertan en la construcción pero también las que cobren las rentas hasta dentro de 75 años, es decir, hasta principios del siglo XXII.
Durante este periodo, las empresas adjudicatarias estarán exentas de pagar un canon al Ejecutivo regional por la explotación de seis parcelas en Hortaleza, San Blas-Canillejas y Los Berrocales y la Comunidad de Madrid asumirá el pago del IBI, siempre y cuando los interesados no muestren su voluntad de hacerlo. Este más de medio millar de viviendas costarán a las empresas cerca de 100 millones de euros y, según se desprende del portal de contratación, la previsión de ingresos brutos acumulados para las empresas se sitúa por encima de los 350 millones a precios constantes de 2026 durante los 75 años que dura la concesión.
En líneas similares a lo anterior, en los pliegos de las tres licitaciones se recoge que “el adjudicatario-superficiario no solo asumirá la obligación de construir el inmueble de vivienda protegida, sino también su posterior gestión, mantenimiento, conservación y explotación”. Es decir, las empresas que resulten adjudicatarias recuperarán el dinero con las rentas, con una rentabilidad estimada próxima al 7% anual, que la Administración considera “en línea con el coste del capital y lejos de suponer un beneficio extraordinario”. En cuanto al criterio para establecer las rentas, desde la Consejería de Vivienda del Gobierno autonómico explican que estas “están limitadas por la normativa de vivienda protegida y por la oferta económica del adjudicatario”. Así, este “asume el riesgo de ocupación y morosidad”.
En otro orden de cosas, los pliegos de las licitaciones remarcan que al menos un 5% de los pisos se debe reservar para familias con rentas inferiores a unos 29.000 euros al año, esto es, 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Además, matizan que esa cantidad podrá duplicarse (a un 10%) en caso de que el adjudicatario lo ofrezca como mejora en su propuesta.
Ante todo ello, el diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda en la Asamblea, Jorge Moruno, recrimina que "ellos mismos -el Ejecutivo de Ayuso- afirman que se basan en el modelo del Plan Vive: la administración y los madrileños ponen el suelo público gratis, el inquilino paga la renta y la empresa adjudicataria gana dinero". Asimismo, sobre la exención del IBI a las empresas, Moruno pone de relieve que "repercuten al inquilino el coste de tasas y servicios comunitarios acorde al artículo 20 de la LAU". Una medida ante la que, recuerda, desde Más Madrid ya presentaron iniciativas para impedir que se repercuta, por ejemplo, el IBI. "El objetivo será inflar los servicios ofrecidos", denuncia el diputado de Más Madrid.
En líneas similares, el portavoz de Vivienda de Más Madrid recrimina que "el Gobierno del PP sigue centrado en garantizar el negocio y no en ofrecer vivienda accesible, segura y barata a los madrileños". "Su modelo se ha demostrado ser un fracaso. Son testaferros políticos del negocio inmobiliario", añade. Al hilo de ello, Moruno insiste en que el modelo que sigue el PP "ha colocado a Madrid a la cabeza en el precio de la vivienda, ya sea de compra o alquiler". Un modelo que expulsa a la gente y atrae a los fondos. La libertad de unos para especular es la falta de libertad de otros para vivir con tranquilidad", denuncia.
Vender suelo público "al mejor postor"
Ya a principios de agosto, coincidiendo con el estallido de la crisis del ático que compró la Comunidad de Madrid para la presidenta, desde la oposición elevaron el tono denunciando la venta de suelo público de la lideresa regional “al mejor postor”. Tal y como sostuvo el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Javier Guardiola, la oposición reprochó el “modelo de la señora Ayuso”. “Vender suelo público y especular con la vivienda”, lanzó Guardiola.
Asimismo, después de que el Ejecutivo regional confirmara que se han vendido once parcelas de suelo público desde junio de 2023, Guardiola esgrimió que “la Comunidad de Madrid está vendiendo el suelo de todos los madrileños al mejor postor”. En esta línea, desde las filas socialistas en la oposición reprocharon que, en vez de construir vivienda protegida, lo que está haciendo el Gobierno de Ayuso es hacer negocio con el suelo y venderlo a fondos de inversión “para que especulen”.
Al hilo de ello, desde el PSOE en la Asamblea de Madrid defienden que este suelo debería destinarse a “las necesidades reales” de los madrileños y madrileñas y no a la “enajenación del suelo público”.
En este orden de cosas, los socialistas detallaron la lista de las 11 parcelas que el Gobierno de Ayuso ha vendido en los últimos tres años. Cinco de ellas están en el municipio de Madrid, y las otras seis se sitúan en Colmenar Viejo, Móstoles, Tres Cantos, Arganda del Rey y Alcalá de Henares.
- Parcela M-10-6, situada en la calle Los Cavilas, 30, en Madrid.
- Parcela RU 5.3, en el sector La Estación, en Colmenar Viejo.
- Venta conjunta de cinco parcelas en el ámbito de Móstoles Tecnológico, en Móstoles.
- Parcela 3cM, situada en Poza de la Sal, en Madrid.
- Parcela RU-16, en el sector 115-A, Espartales Norte, en Alcalá de Henares.
- Parcela TG-5, en Tres Cantos.
- Parcela T-2, situada en el paseo de Extremadura, 549, en Madrid.
- Parcela 1.11, en el sector PAU-5 de Móstoles Tecnológico, en Móstoles.
- Parcela RT-1, en Los Ahijones, en Madrid.
- Parcela RC 4.12.1, situada en la calle Berrocales, 81, en Los Berrocales, Madrid.
- Parcela P-11, en Arganda del Rey.
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