La Comunidad de Madrid es una de las regiones donde más se ha encarecido la vivienda. La falta de regulación del mercado de alquiler y de venta de pisos ha provocado incrementos de precios sin precedentes en los últimos años, y la inacción de las administraciones ha sido cómplice de este fenómeno. La región capitalina, gobernada con mayoría absoluta por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, no es conocida por su afán intervencionista, sino más bien por todo lo contrario: la aplicación de unas políticas neoliberales que terminan por desproteger a los más vulnerables y convierten un derecho, como es tener un hogar, en un lujo. A continuación, algunos indicadores y estadísticas que ponen de manifiesto el fracaso de esta política habitacional. Quince años de renta para adquirir una vivienda, el encarecimiento significativo del metro cuadrado o los retrasos en el pago de recibos por la imposibilidad de hacerles frente a tiempo son algunos de los protagonistas de este análisis.
En primer lugar, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE para la Comunidad de Madrid, el 15% de los encuestados tuvo retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, ya sea hipoteca, alquiler, gas, comunidad o similares en los últimos 12 meses en 2024, una cifra que duplica el 7% de 2019 y que lleva una tendencia ascendente, a excepción de 2022, desde entonces.
En segundo lugar, otro dato alarmante es la brecha de la ratio de accesibilidad respecto a su tendencia a largo plazo en las comunidades autónomas. Según datos de CaixaBank Research y del Ministerio de Vivienda, Madrid ocupa el segundo puesto en este indicador solo por detrás de Baleares, con una subida del 0,9%. Esta ratio se calcula como el precio por metro cuadrado multiplicado por la superficie promedio de la vivienda.
En tercer lugar, según datos de Real Time Economics, el hogar típico destinó en Madrid 15,7 años de renta para adquirir una vivienda en Madrid en junio de 2025, cifra que duplica la media española, 7,2 años. Barcelona es otra región con datos alarmantes en este sentido: 13,1 años.
La vivienda pública, otra asignatura pendiente
Otra asignatura pendiente de la Comunidad de Madrid en materia habitacional es la vivienda pública. Entre 2019 y 2024, la oferta de este tipo de hogares solo aumentó en 321: 63 en 2019, 0 en 2020, 137 en 2021, 4 en 2022, 117 en 2023 y ninguna en 2024, a pesar de que residen en la región 475.149 personas más que en 2019. Pese a este escaso incremento, el diputado de Más Madrid Jorge Moruno destaca que la Agencia de Vivienda Social (AVS) tiene hoy 1691 viviendas más que en 2019: 24.924 frente a 23.233. ¿El motivo? Que la justicia obligó a Madrid a recuperar 1721 que vendió al fondo Encasa Cibeles. Ayuso, además de oponerse a aplicar la ley de Vivienda y de aplicar cualquier medida que huela mínimamente a intervencionismo, ha participado asiduamente en ponencias de fondos buitre como BlackRock y les ha tendido la alfombra roja para que inviertan en los barrios de la capital.
Por otra parte, aunque no se aplique regulación al mercado y los precios no paren de subir, uno puede pensar que la crisis habitacional puede solventarse con algún mecanismo que el Gobierno de Ayuso sí quiera aplicar. Por ejemplo, la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el principal instrumento financiero de la Unión Europea para que los Estados miembros se recuperaran de la crisis del Covid-19, que hizo aterrizar en la Comunidad de Madrid una partida de 680 millones de euros para planes de vivienda. De todo ese dinero, El Confidencial publicaba en 2023 que se había ejecutado la irrisoria cantidad de un 1%, y en la actualidad, esa cifra solo ha ascendido a aproximadamente un 3%. A su vez, de las 992 viviendas que se prometieron en origen financiadas con estos fondos, se van a construir en plazo solo 358.
La previsión inicial que dio el Gobierno de la Comunidad de Madrid rozaba las mil viviendas de la mano de la Agencia de Vivienda Social (AVS). El límite de plazo para entregarlas con los fondos MRR es el 30 de junio de 2026. De las 992, solo 178 van a construirse completamente en plazo, un lote de Majadahonda con un presupuesto de 6.589.240 millones de euros y otras 180 en Móstoles están en duda porque terminarán al límite con 8.589.770 millones de euros presupuestados. Otros dos lotes de 90 y 71 viviendas en Villa del Prado y Móstoles respectivamente se finalizarán fuera de plazo, en el mes de agosto de 2026 y con presupuestos de 4.094.586 y 2.776.253 millones de euros respectivamente. Otros cuatro lotes de 58, 39, 240 y 136 viviendas en Guadarrama, Valdemoro y Rivas han sido directamente excluidos de la financiación MRR. En total, los lotes construidos han supuesto un gasto de 22.049.849 millones de euros, que suponen un 3,2% de los 680 millones de euros que recibió la Comunidad de Madrid para este propósito.
El portavoz de vivienda de Más Madrid, Jorge Moruno, interpelaba a la Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti Prado, sobre el asunto. "Corríjame si me equivoco. Se prometieron 992 viviendas públicas de la AVS con fondos del MRR, y con suerte se van a construir en plazo 358. Se han excluido unas 473 de cuatro partidas diferentes", señalaba. "Usted indica que eran 992 previstas. Así es, pero como somos una administración responsable, no vamos a comprometer con fondos europeos aquello que no seamos capaces de terminar en julio de 2026. Lo que hemos hecho ha sido ajustar aquellas que se van a financiar de esa manera y que se van a terminar en ese plazo. El resto también se van a ejecutar, pero con una financiación diferente", justificaba Piccio-Marchetti.
No obstante, el tema no se quedaba ahí y Moruno volvía a incidir en su preocupación: "Hay un punto en el que coincidiremos que es preocupante. Que una administracion del tamaño y riqueza de la Comunidad de Madrid no sea capaz de garantizar, en 5 años, la ejecución de dinero con el problema de emergencia habitacional que existe, es un problema. Que una administración como Madrid no pueda garantizar 992 viviendas en cinco años es un problema". Así las cosas, la CAM se declaraba incapaz de cumplir con sus promesas iniciales, y los fondos MRR no ejecutados serán previsiblemente destinados a los municipios para sus propios planes de vivienda.
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