Un fondo buitre desahucia a dos mujeres y un recién nacido: "Me engañaron, me acosaron y ahora me quieren echar"

Dos mujeres y un recién nacido serán desahuciadas el próximo 26 de mayo pese a cumplir con todos los parámetros de vulnerabilidad. Ya Amou y su hija adolescente, que acaba de dar a luz, llevan 20 años viviendo en su piso del barrio madrileños de Lucero, pero un fondo buitre internacional, Mona ITG, quieres desalojarlas después de engañarlas, ofreciéndoles una compra del inmueble que posteriormente rechazaron, y acosarlas, a través de una empresa de desokupación que hostigó y amenazó a la familia en la puerta de su casa.

La propiedad, integrada en la SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) Orion Constellation, un entramado con vínculos internacionales y múltiples fondos dedicados a la especulación inmobiliaria, se niega a negociar con la familia y con el Sindicato de Inquilinas, organización que las representa y defiende. Lejos de apostar por la interlocución, la compañía extranjera ha enviado a matones para hostigar a mujeres que ni siquiera dominan plenamente el idioma. Un proceder que no sorprende atendiendo a los pasos que dieron previamente y que evidencian la mala fe.

El fondo ofreció a Ya Amou comprar la vivienda por 110.000 euros, cantidad que la mujer consiguió reunir tras mucho esfuerzo. Sin embargo, los buitres decidieron elevar la cuantía, sin mediar explicación, hasta los 135.000 euros y, posteriormente, hasta los 150.000 euros. La víctima, lejos de ceder, siguió luchando para reunir el dinero suficiente para adquirir la casa que le da cobijo a ella, su hija adolescente y su nieta recién nacida y lo consiguió, pero Mona ITG no tenía ninguna intención de vender, tan solo estaba mareando a la familia.

“Le hicieron creer que podía comprar su casa para luego ir subiendo el precio y acabar negándose a vender. Es una estrategia clara de desgaste para expulsarla”, denuncia el Sindicato de Inquilinas, que considera que este es una “caso flagrante de racismo institucional e inmobiliario, agravado por la desprotección de las administraciones públicas”. Inmobiliario, por razones evidentes. Institucional porque los servicios sociales y las administraciones competentes han abandonado a la familia y no ha desempeñado sus competencias. Tampoco puede obviarse la actuación judicial, siempre favorable al propietario millonario.

Ya Amou convive con su hija adolescente, que acaba de tener un bebé hace apenas dos días, lo que incrementa la urgencia de garantizar una solución habitacional estable y digna. No obstante, propiedad, administración y justicia, cada una con su responsabilidad, dejarán en la calle a la familia. “Estamos hablando de una unidad familiar en situación de especial vulnerabilidad”, recuerda el sindicato la evidencia, reclamando que “no se puede permitir que las instituciones miren hacia otro lado”. Si bien en Madrid el desentendimiento público es un habitual.

Engaño empresarial y abandona institucional

“El proceso judicial ha estado marcado por la desprotección institucional”, espeta el Sindicato de Inquilinas. Ya Amou, que no sabe leer en español, buscó ayuda y acudió a los servicios sociales tras recibir la demanda de desalojo, pero no fue correctamente asesorada. “Se le indicó erróneamente que bastaba con ser reconocida como persona vulnerable, sin informarle de la necesidad de solicitar justicia gratuita y personarse en el procedimiento”, explica el sindicato. La consecuencia de este mal asesoramiento fue que declarasen a la afectada en rebeldía y el proceso continuase sin su defensa.

Una negligencia administrativa simultánea a una estrategia de acoso del fondo. Pero Ya Amou, quien ya tiene experiencia en estas situaciones, no piensa ceder. La casa en la que reside fue comprada por su marido, vía hipoteca, en 2005 y los problemas comenzaron en 2010, mientras su pareja se encontraba en Mali. La mujer no habla español y pagaba religiosamente la renta a través de un tercero, que se adueño del dinero y dejó una deuda de 5.000 euros.

Abanca, entidad financiera de piso en aquel momento, le exigió el pago inmediato y completo de esta cuantía y, al no poder abonarla, se inició un juicio en el que pierden la vivienda. El banco, ya con el inmueble en sus manos, suscribió un alquiler social de 300 euros al mes, pero, tras un tiempo, vendió el piso al fondo buitre con sede en Luxemburgo y decenas de viviendas repartidas por toda España. En ese momento, con Monta ITG como propietario, comenzó un nuevo calvario para Ya Amou y su familia.

“El caso de Ya Amou es un ejemplo flagrante del racismo inmobiliario e institucional que sufren las personas migrantes y racializadas”, tienen claro desde el Sindicato de Inquilinas. “Además de sufrir las peores consecuencias del capitalismo rentista, las personas migrantes y racializadas son expulsadas a través de las instituciones públicas que les dan la espalda”, desgranan, dejando claro que esto es una realidad generalizada que las administraciones prefieren ignorar, no un caso aislado y desafortunado.