Con la imputación de los altos cargos del gobierno de la Comunidad de Madrid por los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, que impidieron el traslado de mayores de residencias a hospitales de la región, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, instó a investigar la actuación del resto de las autonomías durante la pandemia del Covid.
Sin embargo, el PP nacional intenta apagar un poco el incendio provocado por la baronesa ‘popular’. El partido, que disfruta de mayoría absoluta en la Cámara Alta, apoya la idea de la responsable de Sol, pero lo hace con matices y, por encima de todo, deja claro que no es su prioridad.
En este sentido, la formación conservadora pone el foco en las investigaciones e iniciativas puestas ya en marcha sobre la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo de Moncloa, según revelan varias fuentes al diario El País. Más concretamente, y si bien no descartan respaldar la cuestión que la presidenta de Madrid puso sobre la mesa, el Partido Popular quiere centrarse en las cuatro comisiones que se encuentran ya en esta Cámara: la que se ocupa de la gestión de José Félix Tezanos al frente del CIS; la del caso Koldo; la de la DANA en octubre de 2024; y la que se refiere al apagón del pasado 28 de abril.
Coincidiendo con las declaraciones
Los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia se han situado en la primera línea de la actualidad en las últimas semanas a causa de las citaciones como investigados en dos causas distintas de tres ex altos cargos del Ejecutivo regional, Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca; y un ex asesor, Antonio Burgueño, por la posible comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Este martes era el turno de Alberto Reyero, Antonio Burgueño y Juan Abarca Cidón después de ser citados el pasado 30 de mayo.
Todas estas citaciones llegan después de que asociaciones de familiares de víctimas interpusieran una macrodenuncia en la que, utilizando como pilar fundamental los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, sacaban los colores a la gestión de la región en aquellos momentos.
Mur y Martínez Peromingo ya fueron llamados a declarar como investigados el pasado 26 de mayo en el juzgado número tres de instrucción de plaza de Castilla, una cita que fue suspendida por una cuestión técnica -de procedimiento-, y es que no habían recibido la información del caso. En ese momento también tenía que haber comparecido Burgueño como imputado, quien asesoró al gobierno regional durante la pandemia. El caso está abierto en Leganés y ha sido citado como testigo.
En la segunda causa, Alberto Reyero, exconsejero a su vez de Políticas Sociales que denunció la discriminación sufrida por los residentes desde el primer momento de la pandemia, ha hablado este martes, momento en el que han declarado también como testigos Juan Abarca Cidón en calidad de presidente de HM Hospitales, y Burgueño.
"Discriminación clara"
De entre quienes han declarado en sede judicial en las últimas horas, Reyero ha señalado que existió una “discriminación clara” en los textos que impidieron el traslado de pacientes enfermos de Covid a hospitales en marzo de 2020.
Durante sus palabras, con las que ha respondido a preguntas de la acusación y la Fiscalía, ha asegurado desconocer “quién es el autor ideológico” de los protocolos. “Yo no elaboré esos protocolos, solo puedo saber quién los firmó”, ha deslizado aludiendo a Mur, que es quien puso la rúbrica.
De su relato de desliza que tuvo conocimiento de estos documentos el 21 de marzo de 2019, cuando advirtió a los cargos de la región que “si se aplicaban, moriría mucha gente de forma indigna”.
Burgueño, por su parte, se encuentra al borde de la doble imputación después de que la magistrada de Leganés que investiga por la vía penal el escenario de marzo de 2020 haya parado su testifical tras el relato del implicado.
El alto cargo de Ayuso ha explicado en sede judicial que durante una reunión con la propia presidenta y sus colaboradores por aquel entonces, fue propuesto como mando único sanitario. El abogado de la acusación Carlos Castillo ha llamado a la “prudencia” a la salida de los juzgados, y será en los próximos días cuando la jueza decida si es o no llamado a declarar como imputado; lo que supondría la segunda vez que lo hace.
Ayuso emplaza a llevar al Senado las residencias
La presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid insistió ante los medios de comunicación que la causa por las residencias “se archivó hace tres años” y que “ahora lo reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de estado” contra ella; y que a la vez “depende del presidente del Gobierno”.
En esa línea, Ayuso cuestionaba la causa que investiga los documentos que impidieron la derivación sanitaria en los centros de mayores durante la pandemia y defendía que en los últimos años “se han archivado 62 denuncias por este asunto” y que sería “interesante” que se investigara en el Senado de qué manera otras comunidades autónomas gestionaron la pandemia. “Pensar que los muertos de unas regiones interesan más que otras, sería un poco feo”.
La lideresa regional intentaba desvincularse de las imputaciones señalando que Burgueño no era un alto cargo, sino “una persona que asesoró durante pocos días y de manera voluntaria al Gobierno de la Comunidad de Madrid”, por lo que tratarle como un antiguo miembro de su equipo “para hacerle parecer aún más culpable, no es ajustarse a la verdad”, a su juicio.
La presidenta de la Autonomía ha insistido a lo largo de los últimos días en temas como la causa de su novio, Alberto González Amador, la denominada UCO patriótica o las muertes en residencias, que España “vive el momento de mayor deterioro institucional de su Historia” y ha calificado como “mafia” al Gobierno central.