50 días. Eso es lo que ha tardado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en hacer público el expediente de la compra del polémico ático de Chamberí, que la Comunidad de Madrid lleva gestionando desde febrero y ejecutó en abril. Después de casi dos meses, las 224 páginas que se hicieron públicas este jueves dejan claras algunas cosas, como que el Ejecutivo madrileño ha mentido reiteradamente sobre qué uso le querían dar al inmueble; pero lejos de responder a las preguntas fundamentales que rodeaban al escándalo, deja nuevas cuestiones sin respuesta.
Las tres más importantes eran quién ordenó comprar el ático, quién ejecutó la operación de 6,3 millones de euros públicos, y por qué se eligió ese piso de 483 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos sin licencia de oficina para alojar el despacho de Ayuso mientras tuvieran lugar las obras en la Puerta del Sol.
El expediente solo responde a la segunda de ellas: todos los documentos de Planifica Madrid están firmados por una persona que en los contratos se identifica como “consejero delegado” de la agencia autonómica. Según la página de la entidad, se trata de Pedro Corbalán, y cabe recordar que el Partido Popular, unos días antes de publicar este expediente, vetó su comparecencia ante la Asamblea de Madrid que había pedido la oposición.
Los documentos permiten hacerse una idea de qué motivos puede haber detrás de ese veto. Pero más allá de su contenido, el Gobierno de Ayuso no los ha hecho públicos hasta el mismo momento en que el consejero Miguel Ángel García Martín, presidente de Planifica, comparecía ante la Asamblea.
El “uso residencial” del ático atraviesa el informe
El portavoz del Ejecutivo regional leyó ante la Cámara una parte del expediente, que se sitúa en el momento en el que su Consejería estaba tramitando el alquiler del ático por 3.000 euros al mes con la empresa que depende de la propia Consejería, a principios de julio: “Un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”, es lo que le dijo el Gobierno a Planifica a Madrid que buscaba.
La agencia autonómica les respondió que, casualmente, habían adquirido en abril un ático en General Martínez Campos que reunía todos los requisitos para satisfacer esa necesidad. La conveniencia de esta operación resultaría llamativa, de no ser porque la orden de comprar ese piso, según los estatutos sociales de Planifica, tuvo que venir del propio Ejecutivo regional. Esto tampoco se aclara en el expediente, cuya documentación sobre la compra empieza en febrero de 2026, con el informe de confidencialidad que le pidieron a la inmobiliaria de lujo que vendía el ático de Chamberí.
Al inmueble, como ya se conocía, solo se le puede dar un “uso residencial”. Esta expresión recorre el expediente a lo largo de sus 224 páginas, lo que demuestra que tanto Planifica Madrid al comprarlo como la Consejería de Presidencia al alquilarlo, lo sabían. Es solo en ese fragmento que leyó García Martín ante la Asamblea en el que se añaden matices a ese “uso residencial”.
Ni una sola mención a las obras en Sol
Lo que admitió el consejero podría haber servido para responder a la pregunta de si nadie era consciente de que el motivo que, supuestamente, justificó la operación -las obras en Sol-, no era válido según las reglas municipales. Sin embargo, lo único que demostró es que Ayuso y su equipo llevan 50 días mintiendo.
Porque desde el mismo 29 de julio, cuando El País destapó el escándalo, todas las fuentes de la Administración regional, en público y en privado, llevan utilizando expresiones como “oficina temporal” o “lugar para tener reuniones” para explicar este escándalo. Todas sujetas a las obras en la Real Casa de Correos, que no aparecen mencionadas ni una sola vez en el expediente. Ahora, según lo que dijo García Martín y aparece en los documentos, la justificación es contar con un “inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades”.
El Gobierno de Ayuso rectificó tras destaparse el escándalo
Lo que también revela el informe es la cronología completa, paso a paso, que demuestra que el Gobierno de Ayuso rectificó, única y exclusivamente, porque el escándalo se publicó en la prensa. El 2 de julio, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia envía al área de Hacienda la memoria proponiendo alquilarle a Planifica Madrid el ático de Chamberí, una especie de ‘autoalquiler’ de 3.000 euros al mes que justificaban con el uso que leyó el portavoz en la Asamblea.
Según ese mismo documento de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo; ambas entidades “suscribieron, el 28 de julio de 2026, un contrato de arrendamiento del referido inmueble”, que entraría en vigor el 1 de agosto. Sin embargo, dos días después de firmarlos, desde Presidencia emitieron una memoria justificativa “en la que comunicaba la desaparición de la necesidad que motivaba el arrendamiento”. Lo único que había cambiado en esos dos días es que El País había destapado la compra del ático, el día 29.
Las incógnitas que siguen rodeando a la compra del ático
A las preguntas que ya había se ha sumado una nueva: si las obras en la Real Casa de Correos no eran el motivo por el que Planifica Madrid compró el ático, y tampoco por el que la Comunidad de Madrid se lo iba a alquilar a sí misma, ¿cuál era el motivo? Porque el piso, como ya se sabía, no se puede utilizar como oficina, y lo único que sabemos ahora es ese motivo de “alojamiento ocasional” para autoridades de visita oficial, pero también “las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”, como pueden ser Ayuso, García Martín o cualquier otro consejero. Tendrán que responder también a si un ático de 483 metros cuadrados en Chamberí era la mejor opción para ese uso.
Entre los documentos está la memoria de arrendamiento del inmueble de la Consejería. En ella, se dice lo siguiente: “Solo cuatro comunidades autónomas, entre ellas Madrid, no disponen de este recurso”. La región sí dispone de “inmuebles institucionales”, por lo que lo único que puede responder a este criterio que no tenga la Comunidad de Madrid es una residencia oficial, que es precisamente el uso que llevan casi dos meses negando que le fueran a dar al ático.
Además de que la remodelación de Sol no aparece mencionada en ningún punto del informe, tampoco hay constancia de que este fuera el motivo por el que se compró, ni por el que la Comunidad de Madrid pactó un alquiler por diez años consigo misma tres meses después. Esto es porque el expediente no incluye ninguna memoria justificativa o informe de necesidad previos a la compra del piso. El hilo que dibuja empieza cuando ya se está hablando con la inmobiliaria de ese piso en concreto, en febrero.
No hay, por tanto, ningún documento que permita seguir el rastro desde que el Consejo de Gobierno hizo llegar a Planifica Madrid el encargo, que tuvo que ser antes de febrero. Esto quiere decir que la eterna pregunta de quién ordenó comprar el piso sigue sin respuesta, aunque ahora ya se sepa de forma oficial la fecha en la que ya se estaba acatando esa orden.
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