El Gobierno de Ayuso ha levantado cientos de viviendas de su Plan Vive sobre el cauce de un arroyo, ocupando y eliminando su cauce, sin contar con la autorización requerida. Fruto de esta actuación, revelada en exclusiva por ElPlural.com, la Comunidad de Madrid deberá “reponer las cosas a su estado anterior”, tal y como recoge la resolución del procedimiento sancionador emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Las viviendas nunca podrán ser legalizadas, asegura el organismo público, y un nuevo oficio prueba que el Ejecutivo autonómico era conocedor de esta situación desde hace un año.
El inicio del expediente sancionador está fechado el 2 de junio de 2023, momento en el que se remite a la concesionaria (Culmia/Tarvos). No obstante, cabe suponer que estos tenían conocimiento previo, dado que la denuncia del Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico que lo detona data del 28 de febrero de ese mismo año. No obstante, las administraciones decidieron no frenar el proceso, ignorando incluso la oferta de reducción de hasta un 40% de la multa por reconocer la responsabilidad, y podrían ahora estar obligadas a “demoler” las viviendas, apuntan fuentes jurídicas y urbanísticas a este periódico.
La Confederación prefiere ser cauta por el momento, dado que la promotora ha presentado un recurso de casación, pero aseguran que de acuerdo con la Ley de Aguas vulnerada, “no es posible legalizar viviendas que se encuentren ocupando un cauce, dado que se trata de dominio público hidráulico”. Actualmente, los técnicos del organismo público se encuentran “revisando en profundidad los informes emitidos, así como otras resoluciones que puedan estar relacionados con la parcela donde se han construido las viviendas del Plan Vive”, análisis del que emanará la decisión final.
“Han provocado la eliminación de un tramo del cauce, sin autorización o concesión administrativa de este organismo”. La Confederación lo tiene claro y aporta fotografías, coordenadas cartográficas, un informe técnico y otro del Servicio de Vigilancia e Informes de la Comisaría Adjunta. Sin embargo, la Comunidad de Madrid asegura que “todos los planeamientos tenían los informes preceptivos correspondientes, incluido, la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo”, pese a que esta última niega la emisión de dicho permiso. Además, aluden la condición de suelo urbano de la zona, algo que el organismo sancionador recuerda que no exime de la necesidad de autorización.
Viviendas afectadas y sanción económica
Las viviendas del Plan Vive que se han visto afectadas por la construcción irregular son las correspondientes al lote 3, denominado ConVive Madrid. Los inmuebles afectados, del conjunto de 1.763 que componen el lote, son los 488 ubicados en San Sebastián de los Reyes, concretamente en el barrio de Tempranales (Avenida de Arribes del Duero, 14-16), y cuya fecha de entrada de inquilinos estaba agendada el próximo mes de noviembre. El lote es unitario y, aunque son 150 las construidas ilegalmente, podría no habitarse ninguna de las levantadas en el barrio del norte de Madrid.
Además, según el oficio desgranado por este medio, se establece una multa leve que, aunque puede ascender hasta los 10.000 euros, el organismo cifra en los 1.500. En un intento de solucionar a través del acuerdo la problemática, la Confederación ofreció diferentes opciones a Tarvos, con beneficios incluidos, aunque deja claro en el oficio de junio de 2023 que esto no afectaría a “lo relativo a la reposición de la situación alterada”, es decir, deshacer las obras producidas.
El organismo público da la opción a la infractora de “reconocer voluntariamente su responsabilidad dando lugar a la resolución del procedimiento con imposición de la sanción que proceda. Además, en lo referido a la multa, da las siguientes opciones literales de reducción:
- Si el interesado reconoce su responsabilidad y desiste o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción, la multa se reducirá un 20%, siendo su importe 1.200 euros.
- Si el interesado realiza el pago voluntario de la multa sin reconocer su responsabilidad, y desiste o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción, la multa se reducirá en un 20%, siendo su importe 1.200 euros. En este caso, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción
- Si el interesado además de reconocer su responsabilidad, desiste o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción y paga voluntariamente en cualquier momento anterior a al resolución, la multa se reducirá un 40%, siendo su importe 900 euros.