Juan Soler, diputado del Partido Popular madrileño de Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado sus quejas en redes sociales contra la sanidad pública, pese a que es gestión regional y este sector continúa reclamando medidas de calado para mejorar sus condiciones laborales y de atención al paciente.
A través de su cuenta en X -antigua Twitter-, Soler se ha quejado de que su hospital no atiende sus llamadas por saturación: “En el Ramón y Cajal no cogen el teléfono. Desde hace días intento contactar para cambiar una fecha y no han cogido ninguna de mis más de 40, repito, 40 llamadas”, ha denunciado.
A su vez, cabe remarcar que el PP de Ayuso ha acusado al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, de “haberlo reventado todo”. En palabras de la presidenta madrileña, desde que la líder de Más Madrid cogió el cargo del departamento del Gobierno central, “todo ha ido absolutamente peor: las listas de espera, las diagnósticas, quirúrgicas y las consultas externas”.
Demanda contra el Gobierno de Ayuso en materia sanitaria
Con el telón de fondo de las numerosas y reiteradas manifestaciones que ha encabezado la Marea Blanca en Madrid contra los recortes y privatizaciones de la sanidad pública. Fue en 2022 cuando marchó la histórica manifestación por las principales arterias de la capital, conformada por cerca de 300.000 personas que clamaron por la sanidad pública y “soluciones al plan de Atención Primaria”. Un antes y un después en las reivindicaciones de los sanitarios de la pública.
Desde entonces, los sindicatos sanitarios han estado en diálogos y conflictos con la Consejería de Sanidad. Pero, recientemente, el pasado jueves los sindicatos presentaron una demanda contra el Ejecutivo de Ayuso “por sus gravísimos y reiterados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en Atención Primaria”, incumpliendo así la ley de 1995, entidades entre las que se personaron AMYTS, CCOO, SATSE, UGT, entre otras.
La demanda, que engloba una cuantía de hasta cinco millones de euros de indemnización, engloba a más de 15.000 trabajadores de Atención Primaria y se reclama a la Consejería por no contar con un verdadero y práctico plan de prevención de riesgos laborales. “Por la irresponsabilidad de la Consejería de Sanidad, la indemnización podría alcanzar una suma millonaria”, trasladaron entonces los sindicatos.
Asimismo, los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria vienen denunciando desde hace meses, tras la ruptura del diálogo unilateral por parte de la Consejería, las “agendas saturadas” al desvelar así que el 80% de estos profesionales -unos 1.150 facultativos- ven a más pacientes de la cifra que se acordó con la Consejería tras la huelga histórica.