Última llamada a negociar sobre una cuestión de calado en materia de memoria histórica. La Real Casa de Correos, epicentro de la Puerta del Sol de Madrid y sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, es objetivo de declaración como lugar de memoria tal y como precisa la iniciativa del Ejecutivo central. Ante la negativa de la dirigente autonómica, Moncloa ha brindado una última oportunidad: o sentarse a negociar o recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres ha remitido este miércoles un escrito al Ejecutivo de Sol en el que proponen la apertura de un proceso de negociación entre ambas administraciones para resolver las discrepancias en torno a la declaración de esta institución como un lugar donde se cometieron torturas policiales durante el Franquismo.

En caso de que los populares de Ayuso se nieguen a formalizar este diálogo con el Ministerio, el Gobierno central recurrirá al Constitucional. Por lo pronto, la propia dirigente madrileña ya ha respondido a través de sus redes sociales: “El ministro canario recibirá una ilustrativa carta donde le informaremos de algunos lugares que nunca declaró ‘franquistas’ en Canarias, mientras tiene sus confundidos ojos puestos en Madrid. Y mira que tuvo tiempo”, ha replicado.

Reiterar que la iniciativa del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria, según la Ley estatal de Memoria Democrática, sería colocar en su fachada una placa que no haga caer en el olvido su papel en el pasado.

Nuevo choque entre Moncloa y Sol, ahora en materia memorialista

Durante la dictadura de Francisco Franco y los primeros tiempos de la Transición, la actual sede del Ejecutivo madrileño fue sede de la Dirección General de Seguridad y la policía política del régimen, cuando funcionó, hasta 1979, como lugar de detención y torturas parapoliciales hacia aquellos que se oponían al poder.

Nada más conocer la iniciativa del Ministerio, los populares de Madrid iniciaron sus movimientos en clave legal al considerar que el Gobierno central sólo quiere vincular el gran inmueble con el franquismo. Bajo esta premisa, interpusieron un requerimiento instando a estudiar el archivo del expediente sobre la instalación de la placa o distintivo con el que se requiera la “previa autorización” de la comunidad.

Ante este requerimiento del Ejecutivo de Sol, el Gobierno central respondió el pasado enero, después de aprobar esta cuestión en Consejo de Ministros, que dicho informe apuntó a que “no cabe afirmar la relación directa entre la declaración” de la Real Casa de Correos como lugar de memoria con  el presunto “menoscabo de las competencias autonómicas”.

De esta manera, en los últimos meses el argumentario esgrimido por Sol ha venido de la mano de defender que este inmueble tan sólo representa a los madrileños y al conjunto de España por las Campanadas de Año Nuevo o el Kilómetro 0, calificando así el planteamiento de Moncloa como un “aquelarre” con la pretensión de querer “manchar el buen nombre” de Madrid.

Pese a la férrea negativa que viene adoptando el Gobierno de Ayuso, reiterar que la Real Casa de Correos sí que cuenta con otras tres distinciones históricas: el levantamiento del 2 de mayo de 1808, el homenaje a las víctimas de los atentados del 11M y, la más reciente, por los fallecidos en la pandemia de coronavirus.