El Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida al frente, dio 3,2 millones de euros públicos a FTC Obras y Energía S.A. como adelanto por el trabajo desempeñado para la construcción de un centro de personas sin hogar en El Cañaveral (distrito de Vicálvaro). Finalmente, y después de que esta mercantil se haya declarado en concurso de acreedores recientemente, estas obras permanecen inacabadas, y desde la oposición se exige al propio Almeida que dé explicaciones de qué ha pasado con el montante ya entregado.
Esta situación, señala la oposición madrileña, se ve agravada por el historial de la empresa contratada, ya en una situación límite en el momento de la adjudicación de las obras. ElPlural.com accedió a Axesor, ‘portal’ que analiza la situación empresarial de las firmas y aporta toda la información sobre ellas, para comprobar la situación de FTC Obras y Energía S.A., que recibió del Consistorio la cantidad anteriormente mencionada cuando la construcción del espacio, destinado a 276 personas en situación de sinhogarismo, se encontraba tan solo al 23%. Después entró en concurso de acreedores.
Incluso “incidencias judiciales”
Los datos que mostraba la consultora especializada incluso antes del concurso de acreedores ya eran demoledores, empezando por la puntuación: un 1 sobre 10. Se trata de una nota que se pone estableciendo una especie de media entre todos los aspectos que dan forma a la empresa que se analiza. Desde luego, basta con echar un vistazo rápido para comprobar que, en este caso, la puntuación no es baladí.
Y no es necesario ser un experto en Economía, sino que es suficiente con fijarse en algunas apreciaciones para llegar a esa conclusión: ya en febrero, un mes antes de que la empresa se declarase en concurso, la consultora situaba a la empresa “muy próxima a la situación de insolvencia” y apuntaba sus “impagos”. De hecho, el porcentaje de “probabilidad” de dejar a deber dinero que reflejaba ya en aquel momento era del 62,85%, lo que la colocaba en un “riesgo máximo”.
En la misma línea, las apreciaciones de Axesor respecto a tejer alianzas empresariales con esta empresa eran claras: “Se recomienda no realizar operaciones a crédito con este ente”. Entre otras cosas, esta aseveración respondía a su “comportamiento en pagos irregular”, “coste de endeudamiento financiero superior a la media comparativa” o “muy elevado”, “nivel de liquidez ajustado” y con “incidencias judiciales”, entre otras cuestiones.
Un nuevo contrato, por un millón de euros más
El montante dado por el Ayuntamiento o el hecho de que le adjudicara las obras con este telón de fondo -ha entrado en concurso de acreedores pocos meses después de la adjudicación- ha levantado sospechas entre la oposición. Tanto es así que el PSOE de Madrid (PSOE-M) elevará la cuestión a la Comisión de Vigilancia de la Contratación Pública, según confirmó el partido a ElPlural.com.
Tampoco escapa a la atención de los socialistas que, a pesar de todo, el acuerdo se alcanzó por la “vía de urgencia”; una forma de proceder que nunca pasa desapercibida, pero menos si cabe en este caso. Con este escenario, Pedro Barrero, portavoz de la formación de Reyes Maroto de la Comisión Permanente Ordinaria de Obras y Equipamientos y Políticas de Vivienda, explicaba esta semana a este periódico que el porcentaje ya pagado era “muy alto”; equivalente a un “40% sobre el coste de obra”.
El representante socialista emitía que desde Cibeles “justifican que han hecho acopio de material”. “Y nosotros nos preguntamos que cómo es que ahora de repente adjudican de nuevo la obra a otra empresa y se le adjudica 9 millones de euros, cuando el contrato anterior era de 8 (…) Si hay acopio del material, tendría que estar allí”, relata.
Asimismo, cuenta a este medio que es fácil conocer los datos empresariales, en tanto en cuanto “cuando se hace una licitación, en el Portal de Contratación viene todo este tipo de información”, además de que “en los portales se puede averiguar en qué situación está cada empresa”. “¿No vieron que ésta tenía un 63% de impagos?”, se pregunta, asumiendo como “lógico” que una administración pública revise en qué punto se encuentra una empresa, sobre todo cuando un contrato se ejecuta por la “vía de urgencia”.
Contratos con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
Las sospechas las alimentan también otros hechos, como que la compañía es una habitual en los contratos que cierra el PP. En el caso del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad lo viene siendo en los últimos años, tal y como muestran los Portales de Contratación y vienen recogiendo la prensa.
Entre otros aspectos que no pasan desapercibido se encuentra que la actividad que destaca de FTC Obras y Energía S.A. -anterior FATECSA-, es el “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, aunque su objeto social se completa como “realización de toda clase de estudios, asesoramiento, asistencia técnica y, en general, toda clase de servicios y actividades relacionadas con la construcción, las energías y el negocio mobiliario; la construcción, obras fotovoltaicas, promoción (…)”.
Más allá de que algunas de las obras que empezó nunca las terminó, la firma gestionó un lote de mantenimiento -reparación de calderas- del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social (AVS) cuyo contrato incumplió sin que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la penalizase en un principio, a pesar de que la región tuvo que tramitar otro contrato de emergencia. Finalmente, parece que sí va a ser así, según las últimas informaciones.