Denuncian que el Ayuntamiento de Arroyomolinos paga sueldos “ilegales” a cargos de confianza

El PSOE de Arroyomolinos ha denunciado una subida “ilegal” de sueldos de personal del Ayuntamiento municipal (PP y Vecinos por Arroyomolinos) ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid contra el gobierno local.

La queja se corresponde con el acuerdo adoptado por el equipo local en 2023, cuando los partidos mencionados trazaron que el salario de personal eventual del Consistorio iba a pasar de 30.078 euros a 41.000 euros anuales; o lo que es lo mismo: un aumento del 25%.

Según indican los socialistas, este aumento vulnera la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, en concreto el artículo 19.2, que limitaría el incremento retributivo del personal al servicio del sector público a un máximo del 2,5%.

La subida se corresponde con siete puestos de asesor que, para más inri, no aparecen en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ni en la plantilla municipal existente en estos momentos, tal y como exige la Ley de Bases de Régimen Local y el Estatuto Básico del Empleado Público, lo que se correspondería con una irregularidad administrativa grave, según la formación que a nivel nacional lidera Pedro Sánchez.

Uso “arbitrario” de los recursos públicos

La propia Comunidad de Madrid informó de la “ilegalidad” de este incremento en informes en los que advirtieron expresamente de ella, así como de la ausencia de los puestos en los instrumentos de planificación municipal.

Para el PSOE de Arroyomolinos, el acuerdo obedece a un “unos arbitrario de los recursos públicos”, así como con un “incumplimiento flagrante de la legalidad vigente, vulnerando los principios de transparencia, responsabilidad y buena gestión que deben regir la administración local”.

Los socialistas han querido reafirmar asimismo su compromiso con la defensa del “interés general” y el “buen uso del dinero público”. “Confiamos en que la justicia declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo aprobado por el Pleno municipal”, adjuntan.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid emitió que el Consistorio podría contar con personal eventual “en un número que no podrá exceder de siete, debiendo figurar dichas plazas en la plantilla de personal de la Corporación”.

Y añade que “para la modificación  de las retribuciones del personal eventual como empleados públicos se deberá seguir el procedimiento de modificación de relación de puestos de trabajo, o bien modificación de la plantilla del personal de la Corporación a través de la modificación del presupuesto general de la entidad, siendo ambos acuerdos competencia de la Corporación Local”.

“La modificación de las retribuciones del personal eventual de asesoramiento al Ayuntamiento en el marco de las competencias que le son propias a esta Subdirección General de Asistencia a Municipio, y sin perjuicio de las funciones de asesoramiento que corresponden al titular del puesto de Secretaría y de cualquier otro informe mejor fundado en derecho”.

Problemas para el alcalde

En otro orden de cosas, también dentro de la misma localidad, su alcalde, Luis Quiroga, era procesado el pasado mes de septiembre en los tiempos en los que éste era concejal del Consistorio y presidente del Consejo de Administración de la entidad Emugesa.

Él, junto a María Isabel Santamaría Alonso, secretaria del Consejo de la Empresa de Gestión de Servicios de Arroyomolinos (100% pública). En el caso de ambos, acordaron modificar “de común acuerdo y con anterioridad al 26 de septiembre de 2019” el acta de la sesión que ocurrió el 19 de julio, donde I.R. -como dicta El Español- fue cesado como secretario del Consejo y se designó a la investigada como su reemplazo.

"introdujeron que además María Isabel asumiría el cargo de adjunta a la presidencia, en virtud del cual cobraría un salario diferente al de Secretaria, y se nombraron a otros dos adjuntos a presidencia, que igualmente percibirían un salario", se añade, a la vez que se indica cómo todo esto se llevó a cabo “prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento y no estando establecidos dichos puestos en los Estatutos Sociales de Emuvisian”.

Con todo, se concluía que existen elementos necesarios para considerar que se han cometido delitos de prevaricación, falsedad documento mercantil y malversación. El alcalde envió un comunicado negando que el procedimiento haya evolucionado a este paso dado que “no tiene constancia de que el Juzgado haya dictado auto de procesamientos”. “Únicamente existe un auto”, definía.