Se cumple una semana desde que diera comienzo la huelga educativa indefinida de docentes de la Comunidad de Madrid sin que la región haya ni siquiera hecho el amago de negociar, más bien, todo lo contrario. De hecho, tanto la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, como la presidenta de la administración Sol, Isabel Díaz Ayuso, llevan desde el pasado 14 de octubre atacando a los manifestantes; profesores, estudiantes y familias que persiguen mejoras en un ámbito imprescindible.
“Las reivindicaciones de esta huelga son reivindicaciones que no están al alcance de la gestión educativa de la Comunidad de Madrid”. Estas fueron las últimas palabras que pronunció la también responsable de Ciencia y Universidades el pasado lunes en las que, hasta el momento de redacción de estas líneas, han sido sus últimas palabras sobre la protesta.
Lo cierto es que, principalmente, desde el momento mismo en el que empezó el parón, el gobierno de la región y la propio Ayuso no han dudado en señalar a los manifestantes y en tachar su acción de “política”, mezclándola con la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre y la acampada de la Puerta del Sol, que permanece en la céntrica plaza madrileña desde por el derecho a la vivienda, aunque confluyen otras luchas. Todo ello a pesar de que la convocatoria de la huelga que concierne a este artículo data de meses atrás.
Siete días de ataques
En el inicio de las jornadas que este miércoles cumplen siete días, la responsable autonómica ya elevó el tono contra la marea verde que día sí y día también ha llenado las calles de la ciudad. En esas primeras horas, la baronesa popular llegó a acusar a quienes alzan la voz de “no respetar el derecho de los niños, de los alumnos, ni al trabajo”, y señaló a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, por unas palabras suyas en la Asamblea. “Amenazaron a los madrileños con el ‘No habrá paz en las calles de Madrid”, dictó en referencia a unas palabras de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. “Si no quieren paz: ¿qué buscan?”.
Es la misma línea que mantuvo Zarzalejo en aquella rueda de prensa, una comparecencia en la que la titular de Educación vertió un bulo en el que vinculaba públicamente un mensaje -por otra parte, malinterpretado- con un centro público que en realidad era privado concertado, tal y como explicaba elDiario.es.
Además de otras declaraciones, esta semana la responsable educativa expresó su preocupación por la “agresividad y la conflictividad que han alcanzado las protestas”, aludiendo al corte de la carretera de Valencia (la A-3) que tenía lugar la primera mañana de esta semana, y el “escrache” que había tenido en un instituto de Vallecas.
Por su parte, entre otras declaraciones, Ayuso ha tildado de “violentos” a los manifestantes, señalando que “la educación de los hijos de todos está en manos de gente así de violenta que no respeta ni siquiera el derecho de los niños de ir al colegio”. Así, ha calificado de gente “untada por los sindicatos” o de “coro rociero” a los protestantes, entre otras lindezas.
La brutalidad policial ha vuelto a ser protagonista. La semana pasada, un grupo de jóvenes fue reprimido por la Policía a las puertas de la UCM, mientras que esta semana otro grupo de personas recibían los golpes y presenciaban disparos al aire tras acudir a un acto en el que se encontraba la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Delegación del Gobierno en Madrid anunciaba que investigaría estos hechos, una decisión que desde Sol fue recibida asimismo con reproches. “Qué vergüenza de Gobierno, que siempre culpa de todo a la Policía. Que cuenten cómo la Delegación permitió a los manifestantes desplazarse desde donde tenía autorizada la concentración. Claro que habrá paz en las calles de Madrid: a partir del 29N”, sentenciaba Ayuso a golpe de tuit.
En paralelo, el sector que se encuentra en huelga pide una reunión que permita llegar a acuerdos. Reivindican bajada de ratios, mejoras salariales o menos burocracia, entre otros puntos. La consejería asegura que se sienta “cada dos semanas” con sindicatos, pero rechaza hablar con el comité de huelga, manteniendo que las peticiones “están fuera de toda lógica y de todo sentido común”.
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