La crisis detonada en el Hospital de Torrejón, cuya gestión está privatizada y en manos de Ribera Salud, ha detonado una crisis en el seno de la Comunidad de Madrid. El proceder privatizador del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se extiende a lo largo de los años y, pese a que hora se finja estupefacción desde la Puerta del Sol, diferentes informaciones revelan que tanto trabajadores como agentes sociales habían advertido a la administración de la situación que se estaba produciendo y que las palabras del CEO del grupo sanitario, Pablo Gallart, solo terminaron de confirmar.
Comisiones Obreras fue uno de los actores que denunciaron, allá por 2021, lo que estaba sucediendo, remitiendo una carta al que fuera consejero de Sanidad por aquel entonces, Enrique Ruiz Escudero, a la que ha tenido acceso ElPlural.com. “Pingües beneficios” a costa de la “precarización de las relaciones laborales” y un servicio cuestionable fueron señalados por el sindicato, recordando los ciudadanos que acuden a este tipo de hospitales “son usuarios de la red única de utilización pública” y, en consecuencia, “es deber de la Consejería bajo su mando el velar porque se mantengan estándares reales de calidad en el servicio público”.
La respuesta, que también ha podido leer este períodico, fue firmada por el que fuera director general de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias, Fernando Prados, quien defendía el modelo, lejos de escandalizarse. “La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento tiene atribuidas las competencias de supervisión, control e interlocución en el ámbito del servicio público de atención sanitaria especializada prestada por el Servicio Madrileño de Salud a través de diferentes fórmulas de gestión previstas en la normativa vigente. Alcanza, por tanto, los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud gestionados bajo la modalidad de concesión administrativa”, señalaba abiertamente las atribuciones de la Comunidad de Madrid.
“Además, la Comunidad de Madrid, en aras de hacer los servicios públicos más eficaces, más eficientes y permitir fórmulas que retengan el talento y permitan el desarrollo de la innovación en el ámbito de la salud, considera que la fórmula de la concesión administrativa es validar para conseguir tales fines”, añadía el responsable. Asimismo, garantizaba que se producen con asiduidad “auditorías de control de actividad y de la gestión de la asistencia sanitaria a través de la evaluación y las auditorías de los distintos medios, dispositivos y prestaciones”.
“Mantenemos una escrupulosa vigilancia sobre el cumplimiento de los requisitos que se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas”, zanjaba. Ahora, Comisiones Obreras recupera aquella repuesta, en la que la Comunidad de Madrid aseguraba ser "plenamente consciente de sus responsabilidades", y expone que la situación que definía en aquel momento la Consejería de Sanidad (“no consta ninguna queja del colectivo sanitario”) no se correspondía con la realidad. Fuese ignorancia o mentira, las funciones de control y supervisión depositadas en la administración autonómica ha quedado demostradas que han sido sobrepasadas.