Desde que el pasado 14 de octubre comenzara la huelga indefinida por la educación en Madrid, el menosprecio de la Comunidad, tanto por parte de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, como de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha sido un constante.
En estas casi dos semanas, la comunidad educativa -profesorado, estudiantado y familias- que pide mejoras a través de diferentes acciones se ha enfrentado a los intentos de desprestigio por parte de la administración pública y a la represión policial. Todo a la vez que el Ejecutivo regional sí se reúne con la enseñanza concertada y privada, según afea el comité de huelga.
En un comunicado llegado a los medios de comunicación, el Comité de Huelga de la Educación Pública no Universitaria de la Comunidad de Madrid asegura que Zarzalejo “convoca a los representantes” de estos dos sistemas educativos, pero sigue negándose a negociar con ellos.
Por su parte, la consejera mantiene que se sienta con sindicatos e insiste en que hay “una mesa de negociación abierta para definir la carrera profesional y docente”. Sin embargo, el comité exige la convocatoria de una “negociación real y efectiva”. Y va más allá, pues de lo contrario, dicen, están dispuestos a emprender acciones judiciales.
"Muestra sus prioridades políticas"
Los promotores del parón emiten que, “ya antes del inicio de la huelga, en el mes de agosto, se trasladó formalmente a la Consejería la tabla reivindicativa y solicitó la apertura de negociaciones para evitar un conflicto que finalmente ha desembocado en una movilización sostenida de profesorado en defensa de sus condiciones laborales y de la enseñanza pública”.
CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, o las plataformas Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP tachan de “indignante” que, “mientras la consejera se niega a reconocer al Comité de Huelga como interlocutor y continúa menospreciando a quienes representan al profesorado movilizado, decida convocar ahora a los representantes de la enseñanza concertada y privada”.
Sindicatos y plataformas educativas dejan claro que “no cuestionan en modo alguno la justa lucha de sus compañeros y compañeras”, conscientes de que “vienen peleando por mejoras en su convenio desde hace tiempo”, sino que señalan al equipo de Sol en tanto en cuanto “esta decisión constituye una muestra de las prioridades políticas de la Consejería, de su diferente disposición al diálogo según el sector educativo y de la intención de continuar su campaña de difamación y criminalización del profesorado de la enseñanza pública no universitaria”.
En el texto, quienes llaman a la movilización proyectan su rechazo “a los modelos de enseñanza concertada y privada y a la derivación continua de fondos públicos para favorecer un proceso de privatización que afecta negativamente a la escuela pública”. “Resulta inadmisible que la Consejería encuentre tiempo y disposición para convocar a estos sectores mientras mantiene cerrada la puerta a una negociación con el profesorado de la pública, que lleva dos semanas en sosteniendo una huelga indefinida con un gran seguimiento y con un masivo apoyo de la opinión pública y del resto de la comunidad educativa”.
“Evitar una judicialización del conflicto”
El comité alude al artículo 8.2. del real Decreto-ley 17/1997, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, por el cual se establece la “obligación” de negociar “desde el momento del preaviso de huelga y durante su desarrollo”. El requerimiento presentado, por lo tanto, apunta el sector, “constituye una nueva oportunidad para que la Consejería reconduzca la situación mediante el diálogo y evitar una judicialización del conflicto”.
Fuentes de Comisiones Obreras con las que ha hablado ElPlural.com para conocer más detalles acerca de esas posible decisión apostillan que “la patronal o la administración tiene la obligación de atender al Comité de Huelga, no a las mesas sectoriales u otro tipo de organizaciones 48 horas después del inicio de la huelga” y que, ante eso, se han encontrado una consejera que les “ha insultado, ha dicho que nuestras demandas son imposibles mientras se siguen dejando millones de euros en mantener los conciertos de la enseñanza concertada, y con vejaciones e incluso silencio más que cómplice e interesado ante la represión policial”.
La persona que habla con este medio tiene claro que Zarzalejo “está incumpliendo la ley” y espera que la carta llegue a la consejera para que lo sepa, sin descartar que sea conocedora de ello. “Ante sus insultos, está nuestro interés en negociar las condiciones laborales y de vida de todas las personas que están en la educación pública”, emite la voz que habla para complementar la redacción de estas líneas.
Respecto de plazos, es una cuestión que debe consensuarse, explican, con las partes del comité y de manera unitaria, con lo que por el momento este periódico no ha podido recabar información en este sentido. Con todo, CCOO celebra, precisamente, esa “unidad”. “Todos los compañeros están con mucha fuerza y ello ha favorecido que salga tanta gente a la calle”.
En el texto, el conjunto de siglas que forman parte del comité respondía precisamente a la responsable del departamento educativo que “la existencia de otros espacios de interlocución entre la Administración y determinadas organizaciones sindicales no puede utilizarse como excusa para eludir una negociación específica sobre el conflicto colectivo abierto y las reivindicaciones que motivaron la convocatoria de huelga”.
“La Consejería tiene en su mano abrir una negociación que permita resolver el conflicto. Mientras siga negándose, el profesorado continuará movilizado en defensa de sus derechos y de una educación 100 % pública”, concluyen.
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