El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en cuanto a su gestión en residencias de mayores, va a materializar un nuevo modelo de macrorresidencias que va a la contra de los dictámenes que marcó el Ministerio de Derechos Sociales en 2020 y del que Isabel Díaz Ayuso se desvinculó a contracorriente del resto de comunidades autónomas. Ahora, esta iniciativa ya está empezando a tomar forma debido a que se ha remitido a los alcaldes madrileños, a través de carta, la razón de ser de este plan.

ElPlural.com ha tenido acceso a algunas de estas cartas recibidas por alcaldes de municipios madrileños con fecha del pasado 23 de enero, en la que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce, da cuenta del inicio de la fase de construcción y puesta en marcha de estos grandes centros para personas de avanzada edad.

En la misiva, se da cuenta de que este anunció ya lo adelantó la presidenta en el Debate del Estado de la Región, un proyecto de plan residencial “ambicioso” que consideran desde el Ejecutivo de la Puerta del Sol que “no sólo mejorará la calidad de vida de los mayores y sus familias, sino que también generará miles de empleos directos y contribuirá a la creación de una red de atención más accesible y moderna”.

De esta manera, señalan que estas macrorresidencias contarán con hasta 150 plazas para residentes y otras 40 de atención diurna. En la carta, la Consejería da cuenta de que algunos alcaldes “ya se han puesto en contacto de manera directa” con el Gobierno de Ayuso “mostrando su interés”.

Con este planteamiento como punto de partida, la consejera insta a los alcaldes de aquellos municipios que tengan “suficiente capacidad, buenas comunicaciones y acceso a recursos comunitarios” que puedan albergar estas macrorresidencias a que formen parte de la iniciativa y se presenten en la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia con un plazo límite hasta el 1 de marzo.

Las macrorresidencias de Ayuso, a la contra de los dictámenes del Gobierno

Pese al anuncio por todo lo alto que está esgrimiendo el Ejecutivo de Sol, lo cierto es que la puesta en marcha del proyecto de macrorresidencias camina en la dirección contraria a las directrices que ya marcó el Ministerio de Derechos Sociales en 2022 y que contó con el apoyo de todas las comunidades autónomas, excepto Madrid.

Entonces, se firmó un acuerdo en clave de residencias de mayores por el que se pactó aumentar las ratios de los trabajadores de estos centros y, a su vez, limitar las plazas de residentes a 75, como límite máximo a 120; una cifra alejada del marco madrileño, que establece el volumen en hasta 150 personas mayores. La comparación entre ambas normativas es clara: Moncloa propone ratios de trabajadores del 0,51, mientras que Madrid del 0,45; el Ministerio establece unidades de convivencia de hasta 15 personas, mientras Sol lo fija en 25.

Aún no han trascendido demasiados detalles acerca del fondo y la forma de cómo se materializará esta iniciativa en clave de cuidados y dependencia, pero lo que se conoce al respecto es que será una gestión en colaboración “público-privada” y que vendrá infundada por “variables sociodemográficas”. La primera de las 40 macrorresidencias se asentará en el barrio de Las Rosas, situado en San Blas, con esta capacidad de acoger hasta 150 personas mayores.

En clave política, desde los partidos de la oposición al PP de Ayuso, esencialmente PSOE y Más Madrid, han venido rechazando este modelo al considerar que no es más que un ejemplo de “negocio”, además de que “ignora” lo pactado en el Consejo Territorial de Derechos Sociales: “Pone a las empresas que se lucran del sector de la atención y los cuidados por encima de las necesidades de las personas mayores y dependientes”, tacharon estas fuentes políticas en conversaciones con este periódico.