Son varios los nombres que han declarado en estos años, especialmente en los últimos meses, por la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del Covid.
Con la mirada puesta todo este tiempo especialmente en los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron la derivación de personas mayores a hospitales de la red autonómica para recibir atención sanitaria, pasaran por los juzgados previsiblemente este miércoles y jueves respectivamente dos personas que se antojan clave en el devenir de las investigaciones.
Personas cruciales a ojos de las víctimas
Una de ellas es Antonio Burgueño, a quien la presidenta de la Comunidad de Madrid nombró como asesor y le encargó elaborar un plan de choque que, en palabras de los familiares de las víctimas, seis años después todavía no se sabe en qué consistía, y que aprobó la administración Sol.
Una de las medidas principales de esa hoja de ruta era, de hecho, la medicalización de residencias, una propuesta que se vendió a bombo y platillo, pero que en la práctica quedó en agua de borrajas.
El otro rostro, posiblemente menos conocido, es el de María Teresa Vidán Astiz. Su nombre apareció sala judicial mediante Carlos Mur, ex alto cargo de Ayuso que firmó y envió los protocolos de no derivación de personas mayores. Fue él quien le puso en el centro de la diana al señalar que fue la médico la que redactó el texto del Protocolo al que después Mur puso la rúbrica.
Se trata de dos causas diferentes. La declaración de Burgueño es fruto de una denuncia independiente a las plataformas Marea de Residencias y 7291. Verdad y Justicia, de sobra conocidas por su lucha contra lo ocurrido en los primeros días de marzo de 2020. Mientras tanto, la de imputación de la doctora sí se corresponde con una causa abierta a raíz de la denuncia colectiva.
Burgueño acudirá este 8 de abril al Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, y Vidán hará lo propio el próximo 9 de abril, en su caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey. Además, está previsto que declaren en el mismo procedimiento y coincidiendo en el tiempo nuevamente Mur.
Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, reconoce en declaraciones a ElPlural.com que se trata de declaraciones “muy importantes”, como la del resto de personas que pudieran tener algo que ver la gestión de la pandemia, concretamente de la “firma y elaboración” de los documentos.
“Independientemente de quién abra la causa”, asegura, tienen que dar explicaciones, la doctora, después de que fuera Mur quien le apuntara también como “parte integrante de la elaboración de los protocolos”; y Burgueño como miembro al que “encargaron el Plan de Choque”. “Todavía no se sabe exactamente en qué consistía ni qué se hizo con ello”, concreta.
López celebra que “sí” se dan pasos a nivel judicial, aunque lamenta la lentitud de los procesos: “Es cierto que va muy despacio. No nos parece que sea lo suficientemente diligente”, expone, aludiendo una vez más a la petición que llega desde su asociación: la de unificar todas las causas en una. “Como está ahora es mucho más complicada para todos: nosotros, jueces, imputados… Por eso incidimos en que sería necesario unificar todas las causas en un mismo juzgado”, complementa.
Última declaración del firmante de los documentos
En su última declaración, Mur defendió que su superior, Enrique Ruiz Escudero, entonces consejero de Sanidad, conocía que la medicalización de las residencias no funcionaba y que los protocolos que limitaban las hospitalizaciones desarrollaban la idea del consejero de medicalizar esos centros.
Mur contestó a la jueza que había enviado un correo el 20 de marzo de 2020, en el que el consejero y otros altos cargos madrileños estaban en copia. En él, alertaban de que el plan de tratar a los enfermeros en las residencias “no era factible” en aquel momento, refiriéndose así a un mail al que tuvo acceso El País.
Ruiz Escudero es otro de los cargos que la acusación particular pide que declare, lo mismo que la actual consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Ana Dávila. Por aquel entonces, esta segunda era viceconsejera de Asistencia Sanitaria.