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La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que aprobó el último Consejo de Ministros y que plantea subvenciones de 180 millones de euros para las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que el texto “condiciona el acceso a los fondos públicos a la adopción de una medida que corresponde decidir libremente a cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias”. Este criterio, dicen desde la administración Sol, “penaliza a las comunidades que aplican políticas de vivienda diferentes”. Hay que recordar que el Ejecutivo de la presidenta madrileña se niega a la declaración de zonas tensionadas.
El Gobierno de España aprobaba el pasado martes dos nuevos decretos que articulan diferentes ayudas en materia de vivienda. En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez persigue incrementar la oferta de casas asequibles en aquellos territorios declarados como tensionados y, al mismo tiempo, facilitar al acceso a la vivienda de profesores y alumno.
Al primero de los paquetes que anunció Moncloa le dan forma los ya señalados 180 millones de euros. Dicho decreto concede ayudas directas para incrementar la oferta de casas asequibles en los más de 300 municipios que forman parte de esos territorios en los que los precios del alquiler se encuentran limitados.
En concreto, se trata de localidades repartidas en cinco comunidades, regiones que recibirán las ayudas de forma proporcional a la población que reside en las área tensionadas. La mayor cantidad se la llevará Cataluña, que tendrá derecho a más de 119 millones de euros; seguida de País Vasco (31 millones), Navarra (algo más de 13 millones), Asturias (cerca de seis millones) y Galicia como única autonomía bajo signo ‘popular’ (10,2 millones de euros).
Por partes, Cataluña tiene 271 municipios en estas condiciones, incluida la ciudad de Barcelona, País Vasco cuenta con 18, Navarra con 21 y Asturias con cinco. La Xunta gallega, de Alfonso Rueda, declaró tensionadas A Coruña y Santiago de Compostela a propuesta de sus ayuntamientos, en los que gobierna la izquierda.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió las subvenciones como una acción que permitirá al Estado cumplir con lo que establece la ley que la Comunidad de Madrid se niega a aplicar. Atendiendo al modelo del equipo de Ayuso, hacerlo restringiría la oferta, perjudicaría a los propietarios e invadiría competencias autonómicas, además de atentar contra la propiedad privada y el libre mercado.
La región mantiene de esta manera la guerra abierta contra la gestión de vivienda del Gobierno de España, cuya última muestra antes de esta ha sido que el gobierno madrileño estudió tumbar los decretos que fueron convalidados por la Diputación Permanente sin recibir el visto bueno parlamentario por los votos en contra de su partido, Vox y Junts. Después de aquel episodio en el Congreso de los Diputados, Sánchez anunció elecciones para el próximo 29 de noviembre.
Volviendo a lo aprobado en Consejo de Ministros, Rodríguez contó que el dinero llegado a esas cinco comunidades autónomas podría utilizarse para impulsar la construcción y rehabilitación de hogares destinados al alquiler asequible o social, y para desarrollar fórmulas habitacionales alternativas dirigidas a ampliar la oferta disponible. Los mismos fondos permitirán, indican en Moncloa, que los diferentes territorios adquieran suelo con uso residencial para que en un futuro pueda abrirse proyectos de vivienda protegida.
Al margen, se podrá usar el montante para urbanizar y desarrollar suelo residencial, comprar viviendas ya construidas para incorporarlas a alquiler social o asequible, o cubrir impagos en contratos de arrendamiento.
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