La estación de Metro de Sol ha recuperado el servicio, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha hecho públicos los resultados de las mediciones que justificaron su cierre. Los trenes de las líneas 1, 2 y 3 volvieron a detenerse en la estación a las 22.00 horas del sábado, después de permanecer casi 34 horas sin servicio por unos problemas de salubridad que la Comunidad de Madrid vinculó a la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaza. La reapertura llegó tras la limpieza de los pozos de ventilación y los análisis realizados por un laboratorio externo, en medio de una controversia sobre los motivos y las circunstancias de la clausura.
El Ejecutivo autonómico aseguró que habían quedado restablecidas las condiciones necesarias de seguridad y salud. Según el comunicado difundido el sábado por la noche, los técnicos del Área de Prevención de Metro supervisaron las mediciones efectuadas por el laboratorio después de los trabajos de limpieza. Sin embargo, la Comunidad no detalló los valores de amoníaco registrados antes y después de la intervención ni difundió los resultados numéricos de los análisis.
La estación había cerrado el viernes 16 de octubre, después de que Ayuso anunciara durante una entrevista en esRadio la necesidad de clausurarla. La presidenta atribuyó las condiciones de insalubridad a la acampada que permanece en la Puerta del Sol desde finales de septiembre y aseguró que la decisión respondía a las peticiones de los responsables de prevención de riesgos laborales y de los sindicatos. Esta última afirmación fue desmentida ese mismo día por varias organizaciones sindicales.
El amoníaco que motivó el cierre
La explicación ofrecida por el Gobierno regional se apoyaba en la presencia de residuos orgánicos en los pozos de ventilación de Metro. En una carta remitida a la Delegación del Gobierno, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, sostuvo que los análisis ambientales habían detectado concentraciones de amoníaco de hasta el 80 % del valor límite de exposición laboral. La Comunidad consideró necesaria una intervención urgente para limpiar y desinfectar las instalaciones.
Ese porcentaje no significa, por sí solo, que se hubiera superado el límite de exposición. Para valorar el alcance del riesgo es necesario conocer las concentraciones registradas, los puntos donde se realizaron las mediciones y el tiempo de exposición contemplado en los informes técnicos.
Metro explicó que había adoptado la medida a petición de su Área de Prevención y Salud Laboral. No obstante, la información pública difundida hasta ahora no incluye el informe íntegro que motivó la suspensión del servicio ni permite reconstruir todas las decisiones administrativas que precedieron al cierre.
La protección de los trabajadores y viajeros constituye el argumento central de la Comunidad. Lo que sigue pendiente es conocer qué circunstancias llevaron a recomendar la paralización de toda la estación y si se valoraron otras alternativas.
Los sindicatos desmienten a Ayuso
Uno de los principales puntos de conflicto apareció después de que Ayuso asegurara que los sindicatos habían solicitado la clausura. CCOO, UGT y Solidaridad Obrera negaron haber pedido el cierre de Sol y afirmaron que el Comité de Empresa no había tenido conocimiento previo de la decisión.
Las organizaciones denunciaron además que no se les habían facilitado las mediciones efectuadas por el Servicio de Prevención. Rosa María Plaza, responsable de prevención laboral de CCOO, explicó a la Cadena SER que se había enterado del cierre por la prensa y cuestionó que no se hubiera optado por limpiar los conductos afectados sin interrumpir el servicio.
La contradicción afecta a una parte concreta de la explicación de Ayuso. Que los sindicatos nieguen haber solicitado la clausura no descarta que los técnicos de prevención recomendaran suspender la actividad, pero sí deja sin respaldo sindical la petición a la que aludió la presidenta.
El episodio adquirió una dimensión política por su coincidencia con la acampada en defensa del derecho a la vivienda. El Gobierno regional había reclamado reiteradamente a la Delegación del Gobierno el desalojo de los manifestantes y relacionó los problemas de salubridad con su presencia en la plaza. Los sindicatos y distintos colectivos cuestionaron la necesidad de interrumpir el funcionamiento de una estación fundamental para la movilidad madrileña.
Veinte horas entre el final de la limpieza y la reapertura
La cronología del sábado permite precisar otro de los aspectos del cierre. Los trabajos de limpieza concluyeron a las 02:00 horas de la madrugada, pero Sol no volvió a abrir hasta las 22.00. Entre ambos momentos transcurrieron veinte horas.
Metro explicó que, una vez terminada la limpieza, debía completarse una segunda fase del protocolo. Esta incluía la ventilación de las instalaciones, la recogida de muestras, su análisis por un laboratorio externo y la comprobación de que se habían restablecido las condiciones de seguridad.
La empresa sostuvo que el informe de riesgo higiénico impedía recuperar el servicio sin disponer previamente de garantías documentadas. Por tanto, la finalización de las tareas de limpieza no suponía necesariamente que la estación pudiera reabrir de inmediato. La cuestión pendiente es conocer los resultados de las pruebas que permitieron autorizar finalmente la recuperación del servicio.
Durante todo el episodio, Renfe mantuvo abierta su estación de Cercanías de Sol y comunicó que no había detectado problemas de salubridad en sus instalaciones. Aunque ambas redes comparten el entorno de la plaza, cuentan con dependencias y sistemas de explotación diferentes. Esta circunstancia, por sí sola, no permite descartar los riesgos señalados por Metro.
Dudas pendientes
La reapertura ha devuelto la normalidad al servicio, pero quedan aspectos del expediente pendientes de explicación pública. Entre ellos figuran las mediciones iniciales de amoníaco, el informe de riesgo higiénico, la recomendación del Área de Prevención y los resultados del laboratorio externo que sirvieron para autorizar la reapertura.
También falta conocer quién adoptó formalmente la decisión de clausurar la estación, qué alternativas se estudiaron y cómo se comunicó la medida a los representantes de los trabajadores. Ayuso anunció y defendió públicamente el cierre, pero sus declaraciones no permiten identificar por sí solas toda la cadena de decisiones técnicas y administrativas.
La Comunidad mantiene que actuó para proteger la seguridad de trabajadores y usuarios. Los sindicatos, por su parte, rechazan haber solicitado la clausura y cuestionan la información recibida. La documentación técnica permitiría determinar qué condiciones motivaron la suspensión del servicio, por qué se mantuvo hasta el sábado por la noche y cómo se justificó su reapertura.
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