La Comunidad de Madrid da un paso más en su cruzada contra Begoña Gómez. La Cámara de Cuentas fiscalizará la totalidad de los contratos de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desde su creación en 2020, según informa este miércoles El Confidencial.
Más en concreto, el órgano fiscalizador ha incluido la actividad de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en su programa de trabajo para este año, a instancias de la Asamblea regional alegando posibles irregularidades en la formalización de algunos convenios. El informe prevé analizar de manera íntegra el funcionamiento de la cátedra y su relación contractual con otras entidades de carácter público o privado.
Con esta decisión, la lideresa se pliega ante la extrema derecha de Vox, ya que fue la formación ultra la que planteó esta iniciativa, aunque el Partido Popular la respaldó en octubre durante la comisión de Presupuestos y Hacienda. Las siglas que a nivel nacional lideran Santiago Abascal apuntaban a presuntas irregularidades en las contrataciones de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, con adjudicaciones a personas de confianza de Gómez; o compañías como Making Science, si bien un año más tarde todavía no se ha demostrado que haya nada punible.
Fuentes remiten al medio señalado que todavía no existe un calendario de trabajo, dado que el examen se incluyó el pasado 25 de febrero. Con todo, sí dan algunas pistas: las directrices técnicas están aprobadas en abril, y en ellas se incluirán las líneas generales del trabajo de campo, los recursos humanos necesarios y los plazos. Sea como fuera, las conclusiones deben llegar como tarde a finales de año.
Otro de los puntos a analizar por la Cámara es lo relativo al software elaborado por Indra, Telefónica y Google; una cuestión de la que Gómez también ha quedado exculpada, por ejemplo por parte de Indra, que aseguró que el proceso se desarrolló “de forma gratuita” y que a ella no se la contrató por su vínculo con Sánchez. Esto último lo han repetido varias de las personas a la que toca la investigación del juez Juan Carlos Peinado, incluso aquellas relacionadas con el PP.
Controlar Madrid
En su particular estrategia de ejercer el máximo control sobre organismos clave en la región, siendo uno de ellos, precisamente la Cámara de Cuentas, la lideresa regional puso al frente del mismo al expresidente socialista de la autonomía, Joaquín Leguina; quien percibe 100.556,52 euros por ostentar el puesto.
Leguina ha sido uno de los más críticos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de un tiempo a esta parte no ha ocultado su apoyo a Ayuso. De hecho, mostró su respaldo más absoluto a al responsable primera de Sol en las última elecciones autonómicas, en las que el PP cosechó mayoría absoluta. Ahora, es justo el resultado de las urnas el que los ‘populares’ juegan a su favor para controlar, además el organismo señalado, Telemadrid.
Últimos pasos de Peinado
Entretanto, como no encuentra nada punible, el magistrado que investiga a Gómez se ciñe a cuestiones a las que debería haber dado carpetazo. La última es la línea de investigación de Air Europa, una pata a la que se agarra para alargar el caso pero que carece de sentido en tanto en cuanto la Audiencia Provincial ya la dejó fuera. Pese a esto, advertencia mediante de la Fiscalía, el polémica juez reiteró a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elabore un informe sobre este asunto y se lo reenvíe.
De no ser así, Peinado avisa que implicaría incurrir en un delito de “prevaricación”. Así las cosas, mantiene que su iniciativa pretende “precisamente” la “acreditación de hechos” y considera que lo contrario “puede suponer que se pasase por alto la comisión de nuevos hechos delictivos”. “Impedir que se comprueben podría ser constitutivo incluso de infracción penal por parte de este proveyente, bien de un delito de prevaricación, o del delito de omisión de perseguir delitos, o de inducir a los agentes de la UCO a que cometan dicho delito de omisión de perseguir delitos”, emplazaba días después del veredicto de la Audiencia Provincial.
En su primer auto, la Fiscalía confirmó que el planteamiento de la querella del pseudosindicato Manos Limpias obedecía a "una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales que en su momento puedan deparar nuevos datos". Después, en un segundo auto, el tribunal recordaba que en el primero había hecho alusión a “todo aquello hacia lo que no debía dirigirse el esfuerzo investigador, lo que se mantiene, excluyéndose de la investigación los hechos relativos a Globalia en tanto no surjan hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio y se motive por resolución judicial esa investigación".